lunes, 17 de octubre de 2011

EL DESCRÉDITO DE LA POLÍTICA EN ESPAÑA

En enero de 2007 recibí en mi despacho de trabajo una sorprendente visita. Me llamó el conserje para decirme que unos señores de la televisión británica BBC, que habían llamado unos días antes,  deseaban contactar conmigo para un reportaje. Hasta cierto punto ello no deja de ser extraño, pues por la cuestión de Gibraltar, y el origen de la ciudad de San Roque, de la que soy cronista oficial, no sería la primera vez que ello ocurriese. La sorpresa se produjo al saludar al periodista y entrevistador. Cuando me dijo su nombre: Michael Portillo, le pregunté “¿Michael Portillo, el exministro?”. En efecto, el político que había sido hombre de confianza de la primera ministra Margaret Thatcher, tres veces ministro durante once años, ocupando el departamento de Defensa en época de John Major, venía con su micrófono y acompañado de un cámara para hacerme una entrevista con destino al programa que presentaba en televisión. Quien había estado postulado para el liderazgo de los conservadores, y retirado de la política  en 2005, había vuelto a su trabajo de periodista presentando programas de radio y televisión.
            Al año siguiente visité Ginebra, formando parte de una delegación de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibralta. Fuimos recibidos por Loly Bolay, diputada socialista y presidenta del Parlamento del Cantón ginebrino. Bolay es la primera emigrante que ha conseguido un  puesto de tal relevancia dentro de la política suiza. De origen gallego y padre republicano viene a demostrar el triunfo de la integración de los emigrantes en todos los niveles de la sociedad helvética. Tras invitarnos a una sesión del Gran Consejo del Cantón, en la que tuvo la deferencia de trasladarnos un saludo, nos ofreció una copa en uno de los salones del Parlamento, donde nos explicó el carácter rotativo de su cargo y  la preponderancia de la cultura del pacto entre los grupos políticos. Ambas cosas en España sonarían a chino.
Supimos que los políticos suizos ejercen a tiempo parcial, es decir mantienen su puesto de trabajo, y los emolumentos que perciben por su actividad política –el de la propia presidenta era un ejemplo- son inferiores al de muchos concejales y alcaldes de pueblos de España. A pesar de la dificultad que entraña contar con ciudadanos dispuestos a la cosa pública, algo tiene de  positivo el sistema suizo: nadie entra en política para ganar dinero.
            En España, según el último barómetro del CIS, más de la mitad de los ciudadanos, el 52´2% confiesa tener poco o ningún interés por la política. Los insatisfechos con la democracia superan a los satisfechos, 31´4% contra 22´1%. El 70% tiene una imagen positiva del movimiento 15-M, que tiene entre sus banderas el rechazo a los grandes partidos y a la forma de hacer la política en el país. El 85% considera que el fenómeno de la corrupción está extendido por toda España, y el 86´6% está convencido de que el colectivo más salpicado por esta práctica es el de los políticos. Ello contrasta, por ejemplo, con la implicación política de la sociedad noruega, tristemente de actualidad por los atentados terroristas de  la isla de Utoya y de Oslo. En el país escandinavo, donde los jóvenes se implican en la política desde el instituto, los ciudadanos tiene en alta estima a sus políticos, por encima de cualquiera otra institución.
            Ciertamente que todos los políticos no son iguales, los hay que, desde su visión ideológica, tratan de mejorar la vida de los ciudadanos a los que sirven y a los que se deben, pero no puede negarse que las instituciones se han convertido demasiadas veces en verdaderos cortijos donde muchos se han lucrado, han utilizado el dinero público para el más descarado enchufismo, han beneficiado a empresas de familiares y amigos, han “recolocado” a exalcaldes y exconcejales en el caso de los ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones. Se han divorciado de la ciudadanía a la que sólo recurren en tiempo de elecciones.
            Ahora, cuando la crisis económica que padecemos deja a flote la penosa situación de las arcas públicas, cuando afrontar la nómina de los empleados supone una hazaña todos los días, sigue habiendo legiones innecesarias de “liberados” y de personal de confianza. Qué lejos de los políticos de otros países, que sin ser la panacea, jamás entendieron la política como una profesión, y menos aún como una manera de favorecer sus propios intereses y los de sus familiares, amigos y compañeros de viaje.

domingo, 9 de octubre de 2011

LAS RAZONES DE ANDALUCÍA, CONTRA LOS ATAQUES DE POLÍTICOS DE CiU







Los dirigentes nacionalistas catalanes Artur Mas y Durán Lleida, como decimos por aquí, se están luciendo. El primero declaró en el Parlament, a la hora de defender la inmersión del idioma catalán, que a los niños andaluces y gallegos no se les entendía al hablar castellano. El segundo habló de las comunidades subsidiadas en el campo. Para herir aún más, unos días después, durante un acto de CiU, se despachó claramente, diciendo que los campesinos andaluces son subvencionados mientras se pasan la jornada en el bar. Respondía, según afirmaba en sus discurso a las “chulerías” de la consejera andaluza de Bienestar Social quien, con poca fortuna y en clave electoralista, había manifestado que mientras en Cataluña se cierran residencias de mayores, en Andalucía se abrían otras nuevas.
            Aunque no es nada nuevo, este tipo de ataques a Andalucía arrecian ahora cuando la Generalitat mantiene un pulso con el Gobierno central para obtener un concierto económico especial. Es el discurso de la Cataluña esquilmada por el resto, obligada a todo tipo de recortes debido a que el dinero catalán va a otras regiones. Una forma de oponer al ciudadano de esta comunidad a las del resto de España. Y en el fondo es la idea mantenida desde el inicio de la Transición de un Estado y tres nacionalidades históricas, que Andalucía, contra viento y marea, rompió en el referéndum del 28 de febrero de 1980.
            Nunca he compartido el anticatalanismo de la derecha más conservadora, que como fruto no está teniendo otro que el aumento del sentimiento de separación de los catalanes. Jamás apoyaré el radicalismo de condenar lo catalán, esa ocurrencia de rechazar los productos que provienen de esa comunidad. Pero tampoco el efecto contrario: el que trata, insensatamente, de convertir a una tierra en víctima a costa de otra.
            No voy a repetir aquí argumentos como la marginación a que históricamente fue sometida Andalucía, que obligó a una emigración masiva a otras tierras, entre ellas a Cataluña, llamada entonces la “novena provincia andaluza”. Prefiero referirme a la actualidad más allá de las declaraciones de políticos en busca de titulares de prensa y aplausos fáciles. Mientras eso ocurre leo que nace en Málaga el primer centro en España de nanomedicina, una apuesta de investigación del sistema sanitario público andaluz para el estudio, control y manipulación de materiales, estructuras y dispositivos a escala manométrica. Ello permitirá el desarrollo de sistemas que transporten fármacos capaces de alcanzar el órgano, tejido o grupo celular utilizando manoestructuras. Y no es el único centro de investigación avanzado. En Granada funciona el Genyo, de genómica e investigación oncológica, y en Sevilla, el Gabimer, pionero en biología molecular y medicina regenerativa. También en Sevilla, el pasado mes de marzo, se abrió en el Parque Científico Tecnológico Cartuja, el Proyecto Genoma Médico, vanguardia en la investigación de enfermedades denominadas raras, y que no interesan comercialmente a los laboratorios privados.
            Prefiero referirme, por último, al recientemente inaugurado complejo eléctrico termosolar de Sevilla, la única central de torre termosolar del mundo, que se verá ampliada con otras dos del mismo tipo en el municipio de San José del Valle.
A Andalucía le sobran razones para combatir los ataques de quienes tratan de utilizarla para sus fines políticos, para quienes mantienen el rancio discurso de la indolencia y del aprovechamiento a costa de otros pueblos.