Las marchas y acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores han puesto de actualidad a Andalucía, incluso más allá de las fronteras del Estado español. Las opiniones se han dividido y las actitudes del alcalde de Marinaleda y líder del SAT, Sánchez Gordillo, han tenido una gran proyección mediática. Podrán censurarse las acciones de los jornaleros, que unos entienden como abusos, y otros como protesta pacífica ante la grave situación por la que atraviesan muchas familias andaluzas. Pero la certeza de esa situación, extrema para muchos, obliga a que la ciudadanía de una respuesta democrática.
Andalucía registra el desempleo más elevado de España, el 34, 8 %, por encima de Extremadura y Canarias (400.000 familias tienen a todos sus miembros en paro). Del mismo modo, el reciente estudio de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT) sitúa a la comunidad andaluza con el mayor índice de miseria de todo el Estado. El estudio, que contrasta las tasas de paro y la inflación, permite conocer el deterioro del nivel de vida de los ciudadanos que, en el caso andaluz, ha incrementado su tasa en un 15 % en los últimos cinco años.
Los desmesurados recortes impuestos por el Gobierno central al andaluz (3.000 millones de euros adicionales a los ya recortados), empobrecerá aún más a la comunidad y perjudicará enormemente a los servicios públicos esenciales. Asimismo, Rajoy ha reducido las políticas activas de empleo destinadas a Andalucía en 430 millones de euros respecto de 2011, por lo que el Gobierno autónomo tiene poco margen de actuación en una cuestión que sangra especialmente al pueblo andaluz. Evitar la asfixia financiera de Andalucía es un reto difícil de salvar para la coalición gobernante en Sevilla.
Se produce ello ante una sociedad cada vez más apartada de la clase política y donde se echa de menos una verdadera plataforma, un vehículo político que “reanime” la postergada política andaluza, que conteste con fórmulas diferentes a las políticas neoliberales. Que se construya a partir de la defensa de la autonomía, tan duramente conseguida por el pueblo andaluz, y que, de manera interesada, se trata de denostar a toda costa. Y, junto a ello, la defensa del servicio público articulado como derecho y método de redistribución de la riqueza.
Un movimiento que reivindique el papel de Andalucía en el contexto del Estado, rompiendo los tópicos de siempre y el papel subalterno al que históricamente se le ha relegado, tal como ocurrió con las grandes movilizaciones de 1977 y del referéndum del 28 de febrero de 1980, que situaron al país andaluz en primera línea de la conciencia como pueblo, en un sentir que rescataba la lucha de Blas Infante, hoy perdido o extraviado.
Ello tiene que proyectarse desde la realidad política. Si partimos de la encuesta publicada en junio pasado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el 70, 4 % de los encuestados se sienten “tan españoles como andaluces”, un 15 % se sienten más andaluces que españoles y un 2,7 únicamente andaluces. Un 57,9 % defiende la autonomía, al que hay que sumar un 8 % que demanda más competencias.
Partiendo de esta realidad constatada electoralmente y en las encuestas, una realidad apartada de posiciones independentistas, pero con un porcentaje significativo de identificación con la tierra andaluza, se impone el encuentro de sensibilidades ecologistas, movimiento ciudadano, asociaciones de mujeres, andalucistas e intelectuales. Y que, partiendo de la propia identidad como pueblo, defienda un derecho basado en la vecindad, por encima de discursos étnicos. En definitiva, una fuerza autóctona que pueda superar fracasos anteriores de la reciente historia andaluza.
En otro momento esa fuerza estuvo representada por el PSOE de Escuredo, desplazado por el aparato del partido cuando dejó de interesar electoralmente; el Partido Andalucista en distintos momentos de su cainita travesía, e Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, antes de que Julio Anguita eligiera “salvar” al PCE, en vez de consolidar un proyecto netamente andaluz.
Junto al déficit económico del que tanto se habla existe otro igual de profundo: el de la pérdida de valores democráticos que ha agudizado el desinterés ciudadano por la política. Al lado de ese rechazo ciudadano, figura un elemento que se ha venido fraguando en Andalucía desde hace ya muchos años, como es la desmovilización ciudadana, la pérdida de la identidad y, consecuentemente, la ausencia de compromiso con una tierra que, habiendo avanzado desde la consecución de la autonomía, continúa a la cola de las comunidades de España.
Todo ello se da cita en medio de un deterioro agudo del Estado del Bienestar, de la pérdida de soberanía nacional en beneficio de los poderes económicos multinacionales, del ataque a las autonomías desde el neoliberalismo y el conservadurismo más extremo, y de una crisis del régimen político surgido de la Transición política, que incluye a la propia Monarquía.
Si Andalucía no es protagonista del momento que acaece en España, en base a los pilares citados, volverá nuevamente a perder el tren de la historia.
