Su casa y el pequeño establecimiento del que vivía su familia, el fruto de toda una vida de esfuerzo estaba a punto de esfumarse, borrado por ese mal viento de un crisis que pagan quienes no la han provocado. Cuando la Policía llegó a su casa para ejecutar la orden judicial de desahucio se encontró el cuerpo sin vida de Miguel Ángel Domingo, un granadino del barrio de la Chana, que decidió suicidarse ante la terrible realidad que se le imponía. Este dramático suceso es un episodio más de las consecuencias de una situación cada vez más insostenible para una parte importante de los ciudadanos.
Tan sólo unos días antes la prensa daba cuenta del informe elaborado por siete magistrados especialistas, denunciando el abuso de los bancos. Los jueces recalcan la indefensión de los deudores en el marco de una crisis que no han provocado, añadiendo que, “cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de las familias”. En conexión con la realidad, en este informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial, que no lo considera vinculante, los magistrados proponen transferir a los hipotecados las ayudas a la banca.
En los últimos cuatro años se han llevado a cabo 350.000 ejecuciones de desahucios, un procedimiento legal muy flexible y que no tiene en cuenta que son esas mismas entidades financieras las que, tras formar parte de la llamada burbuja inmobiliaria, han llevado a la ruina a miles de ciudadanos. Los mismos bancos que reciben ayudas millonarias de un Estado, que ha visto incrementado su déficit precisamente por esas inyecciones de dinero público.
Ocurre ello en un país cada vez más empobrecido, donde, según la última Encuesta de Población Activa, más de 1, 7 millones de hogares españoles tiene a todos sus miembros en paro. Y donde sólo el 67 % de los registrados en las oficinas de empleo recibe algún tipo de prestación. Datos que son confirmados por la oficina europea Eurostat, que sitúa a España como el país de la eurozona con mayor nivel de desigualdad social.
La brecha entre ricos y pobres ha aumentado considerablemente. La destrucción de empleo, la supresión de prestaciones, las rebajas de sueldos, la reducción de los servicios sociales no han detenido el deterioro que a marchas forzadas sufre el país, principalmente las clases baja y media. Sin embargo, con estos resultados, no se produce un cambio de rumbo y se insiste en una política que ha demostrado su fracaso.
Al menos en Andalucía, donde según la última información de la Encuesta de Población Activa, la tasa de paro supera el 35 %, diez puntos por encima de la media del Estado, la Junta ha incluido en los presupuestos para el próximo año un plan global de fomento del empleo de 370 millones de euros. Del mismo modo aumentará las dotaciones de becas en un 7 % y las pensiones no contributivas en un 2 %.
Una iniciativa que intenta paliar una situación alarmante como señala en su reciente informe la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que indica que el 40 % de los andaluces se halla en riesgo de pobreza y más de la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes.
Los recortes sin límites y la destrucción de empleo caminan parejos. Una nueva política se impone, mientras que muchos ciudadanos resisten a duras penas los embates del temporal. Desgraciadamente Miguel Ángel Domingo no pudo. Ojalá se tomara nota de este hecho luctuoso y que su muerte no fuese baldía.
