Pasadas las elecciones generales en las que el PP, gracias al hundimiento de lo socialistas de Zapatero, obtuvo la mayoría absoluta (550.000 votos le separa a los conservadores de las que perdieron en 2008), el nuevo presidente Mariano Rajoy, sigue sin explicar el giro copernicano respecto de sus promesas electorales en materia económica y de las medidas que prepara, probablemente para después de las elecciones autonómicas andaluzas de marzo próximo. Antes que el Congreso de los Diputados las conocerá el presidente francés Sarkozy, con el que se reunirá próximamente.
Lo que conocemos hasta ahora es “el inicio del inicio” de la política de ajustes, tal como anunciara la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Ese inicio recoge un recorte presupuestario de 8.900 millones de euros y una subida de impuestos dirigida a recaudar 6.200 millones. El incumplimiento temprano de la promesa de Rajoy de que no subiría impuesto alguno, se basa, según el Gobierno en el desvío del déficit previsto de un 6 a un 8 por ciento, y la necesidad de cumplimiento de los compromisos con Europa.
El recargo del IRPF y la subida del IBI pretende ingresar 4.200 millones de los 6.200. La medida está en la línea de políticas que antes el PP criticó al PSOE. En este caso se grava a las rentas salariales y se castiga a las clases medias. Los funcionarios vuelven a ver congelados sus salarios por segundo año consecutivo (en 2010, además, se le redujo un 5 por ciento), y se le amplia el horario laboral. A ello se une la congelación del salario mínimo, que golpea directamente a los sectores más débiles, aunque se prorrogue por seis meses la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración que la agotaron en agosto pasado.
Las pensiones experimentan una subida del 1 por ciento, pero si no se aplican medidas correctoras, quedará en nada, pues la inflación prevista será del 2 por ciento para el presente año.
El histórico recorte también incluye la paralización de parte de la Ley de Dependencia y la supresión de ayudas a los jóvenes para alquiler.
Sin embargo, conviene recordar que dicha variación en las previsiones de déficit se basa en el alto endeudamiento de las comunidades autónomas. De ellas, al borde de la quiebra, se encuentra la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, y a la que el Tesoro ha tenido que avalar verbalmente (de otra manera no está regulado) para hacer frente al impago de una deuda de 123 millones de euros con el Dustsche Bank A ello se une el adelanto de 420 millones de euros facilitados por el Gobierno central para que Valencia pueda pagar a proveedores. Una cuestión sangrante si recordamos la ligereza con que se ha gastado el dinero público en esa región, donde se construyó un aeropuerto fantasma por valor de 150 millones de euros, o se gastó 1,5 millones en la maqueta de unas torres jamás construidas. Sin hablar del costo para la Fórmula 1 o los pagos al entramado empresarial de Urdangarín.
Y en ese escenario llegan los recortes. Medidas duras y sin una distribución equitativa. Se corre el riesgo de perder la sensibilidad hacia las cuestiones sociales y que siempre sean los mismos sectores los castigados.
En este sentido, una medida justa sería aplicar un impuesto sobre las grandes fortunas, máxime cuando, como publicaba el diario Público, en el pasado año los millonarios españoles, a pesar de la crisis, lograron un 6 por ciento más de ganancias (2.148 millones de euros). Una decena de ricos españoles acumulan un patrimonio de 37.700 millones a través de las participaciones en las empresas de las que son grandes accionistas.
El anterior gobierno socialista no afrontó esta cuestión, tampoco ahora el del Partido Popular muestra disposición a ello. Las grandes fortuna pasan de rositas por el duro camino de la crisis. Y los recortes para los de siempre.
