La prioridad de la política ha pasado de ser la lucha contra el paro en el caso de la socialdemocracia y la inflación en el campo de los conservadores al más puro gobierno de la tecnocracia económica. Fue el Tratado de Maastricht de 1992, vendido como la Europa de los ciudadanos, la base de la Europa del poder financiero y la pérdida de derechos sociales. La creación de una nueva moneda europea y los criterios para acceder a ella, fue la razón de ser de Maastricht, y para ello habría de pasarse por encima de los logros consolidados por el Estado del Bienestar. Si hay desempleo es culpa de los sindicatos que no aceptan los ajustes necesarios. El Pacto de Estabilidad de Dublín de 1996 vendría a endurecer las medidas y a agravar la situación de los países con déficit.
Como consecuencia de ello la Banca Internacional impone sus criterios e invade la soberanía de los estados, a través de las propias instituciones europeas. Técnicos de ese gran poder del dinero son impuestos a gobiernos elegidos por el pueblo, siendo depuestos sus legítimos gobernantes (Berlusconi en Italia y Papandreu en Grecia). En otros países la intervención ha sido atemperada porque los gobiernos se han plegado a los dictados de ese poder. Así, en España, cumpliendo el mandato del Pacto de Estabilidad, la Constitución fue reformada el pasado verano, de manera urgente y sin el consenso que pedían las fuerzas políticas.
Por su parte, los Economistas Europeos por una Política Económica Alternativa en Europa (Grupo EuroMemo) en su último informe han dejado claro que las medidas adoptadas han afectado gravemente a la demanda y han estancado la economía, principalmente, de los países más deficitarios. Resaltan que la crisis no fue creada por el déficit público, sino por las medidas tomadas para rescatar a los bancos, las políticas expansivas para contrarrestar la crisis y una caída de los ingresos fiscales. Ejemplo, el Banco Central Europeo presta a la banca privada al 1 % unos fondos que luego son recolocados en bonos o deuda del Estado, según países del 3 al 15 %, en el caso de las economías más débiles, como Grecia, cuyo principales acreedores son bancos alemanes y franceses.
El retorno a las fórmulas más crudas del capitalismo ha llevado a una menor protección social, la bajada de salarios, aumento de la edad de jubilación, drásticos recortes en los sistemas de salud, pensiones y educación. En definitiva a una falta de justicia distributiva, que si en los países del norte supone una merma del Estado del Bienestar, en los del sur, amenaza con su desaparición
Por tanto, la crisis no es sólo económica, sino política. Y ante esa crisis de valores, ante esa invasión de la representación democrática, al pueblo no le queda más remedio que responder con la protesta pacífica en las calles. Esa es la filosofía que movió al Movimiento 15M, verdadera conciencia de la política que hoy se practica.
Y en este mar de aguas turbulentas no podemos olvidarnos de Andalucía, la comunidad con más paro de España. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) el desempleo alcanzó en el primer trimestre del presente año el 33,17 % sobre una tasa a nivel del Estado del 24,44 %, lo que supone que 1.329.600 andaluces se hallen sin trabajo.
Las elecciones autonómicas de marzo llevaron a un gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida, que habrá de lidiar los mandatos del Gobierno central en cuanto a la reducción del déficit, con la apuesta por la creación de empleo. A tal efecto, el ejecutivo de Griñán ha destinado 200 millones de euros para combatir el paro. No cabe otro camino en una tierra donde el drama del desempleo se ha convertido en una plaga incesante. Andalucía puede demostrar que puede hacerse una política distinta, abandonando derroches y centrándose en sacar adelante a una comunidad que acumula muchos atrasos.
Al mismo tiempo, la reciente victoria del socialista Hollande -aunque pendiente de las legislativas de junio- en las presidenciales francesas abre nuevas esperanzas a un pacto por el crecimiento en Europa, y ello favorece los planteamientos de Andalucía.
Del mismo modo, el nuevo gobierno deberá poner un acento especial en la defensa de la autonomía, un acento sincero y convencido, por encima de estrategias y de coyunturales andalucismos, que quedan a un lado cuando el que gobierna en Madrid es del mismo signo que el de Sevilla. Andalucía necesita reafirmar su identidad y, a través de ella, afrontar su difícil presente. Anteponer el poder de la mayoría al poder del dinero.
