“La Iglesia ha cometido un gran pecado social e histórico en los últimos dos siglos. La aceptación acrítica y la colaboración respecto al sistema capitalista moderno, que responde a una concepción anticristiana del hombre y de la sociedad, y que ha creado una sociedad demasiado injusta, frente a la que la Iglesia ha sido y es demasiado conservadora”. Estas palabras pronunciadas en una conferencia impartida en 1970 por el desaparecido teólogo católico José María Díez-Alegría, y recogidas en su libro Yo creo en la esperanza publicado dos años más tarde, podrían pertenecer al acontecer de nuestros días. En una crisis que ha removido los pilares del Estado del Bienestar, castigando a quienes no la han provocado, el neoliberalismo ha mostrado su rostro más inhumano. Quienes pretendieron ganar más dinero con mayor rapidez y a cualquier precio, quienes engañaron y se pusieron sueldos meteóricos, hoy no tienen que rendir cuenta alguna. Quienes, como buenos “patriotas” guardaron su dinero en paraísos fiscales, gobiernan bancos y muchas de las grandes corporaciones empresariales.
Manda el dinero, los mercados y, sobre todo la banca alemana, que a través de su gobierno dicta la política a los países que padecen la crisis, como es el caso de España.
En este escenario, tan poco cristiano pero muy apropósito para que afloren los grandes sentimientos de solidaridad, la Iglesia que, como dijo Díez Alegría hace 42 años, ha actuado como fiel colaboradora de las diferencias sociales, sigue manteniendo una estado de privilegio, muy poco edificante con la terrible realidad de muchos ciudadanos.
Como antes lo dijeran valientemente religiosos como Díez Alegría, también hoy las comunidades cristianas de base solicitan el giro necesario, que permita una identificación evangélica de la dirección de la Iglesia católica con la realidad social. En este sentido, Gloria Encinas, presidenta del colectivo de Cristianos de Base de Madrid, que agrupa a cientos de comunidades y parroquias, se ha dirigido al presidente del Gobierno, pidiendo la supresión de los acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado español de 1979, que consagran numerosos privilegios para la Iglesia católica.
Dicen los católicos de base de Madrid, que “los ajustes y recortes recaen especialmente sobre los más débiles, mientras la Iglesia católica es la única instancia, además del sector financiero y las grandes empresas, que se mantiene inmune ante la crisis: ningún recorte en subvenciones, las mismas exenciones fiscales que décadas atrás”.
No son sólo privilegios de orden económico, como se ilustra con uno de los ejemplos de la misiva: “nos parece totalmente irregular que sea el Estado el que pague a los profesores de religión y sean los obispos los que los elijan y los puedan expulsar a su conveniencia, al margen de la normativa que rige para el resto del profesorado".
El gran valor es que son los propios católicos de base los que denuncian este blindaje, los que trabajan en mantener comedores sociales, en asistir a los más necesitados en albergues, los que dedican buena parte de su tiempo a recoger y repartir alimentos.
Sería muy injusto no reconocer a esa otra parte de la Iglesia, formada también por teólogos como Díez Alegría. Y para finalizar también recordemos sus palabras: “en la Iglesia debe haber una función de servicio pastoral, pero en sentido mucho más fraterno que paterno y nunca autoritaria”.
