Tal
como auguraban las encuestas y el momento político el Congreso de los Diputados
será muy distinto tras las elecciones del pasado día 20. El bipartidismo
imperfecto ha tocado a su fin y la mayor representatividad del parlamento
impone la cultura del pacto. Algo, por otra parte, muy común en las democracias
europeas. Aunque PP y PSOE hayan resistido, con enorme sangría de votos, a
partir de ahora nada será igual en la política española.
La grave crisis económica, la
corrupción política, la pérdida de derechos sociales y el empobrecimiento de
una parte importante de la población, ha hecho mella en la democracia española,
nacida del pacto constitucional de 1978. Las nuevas generaciones comprometidas
que no conocieron la Transición venían demandando un cambio en el sistema. “El
no nos representan” fue uno de los eslóganes del movimiento del 15-M. Y en
buena parte esa rebeldía se ha plasmado en las urnas. Comenzó con las
elecciones europeas, que aceleró la abdicación del rey Juan Carlos y la
dimisión del líder de la oposición, el socialista Rubalcaba, y ha tenido su
consagración en las generales últimas.
No sería justo entender que la Transición
no sirvió para nada. Gracias a ese pacto se articuló un sistema democrático que
permitió cambios significativos en España. El mismo sistema desde el que se
pueden y se deben abrir nuevos caminos acordes a la sociedad actual. Con sus
carencias, quien la vivimos desde la lucha por la democracia, sabemos que no
fue posible avanzar más, teniendo en cuenta que en la cúspide del poder se
mantenía un Ejército de generales y jefes que habían ganado la guerra civil e incluso combatido al
lado del nazismo. Ello, en plena “alianza” con el terrorismo más despiadado, no facilitaba otro
tipo de salida.
Pero si a alguien se le puede achacar
ese descontento de muchos jóvenes y de una parte de la sociedad española, es a
aquellos que se han aprovechado de la democracia del 78 para sus propios
intereses. A la corrupción señoreada en la política, se une los defectos de
origen del propio sistema. Así, la propia Ley Electoral que nace de un decreto-ley
preconstitucional de 1977, y que tuvo su continuidad en la Ley de 1985, hace
que la representación en las instituciones no se corresponda con la completa
realidad del voto. Izquierda Unida es buen ejemplo de esa injusta norma, que
beneficia a las grandes formaciones y a los nacionalismos consolidados.
Si el modelo político nacido tras la dictadura
franquista, condicionado, insisto, por los poderes de entonces, fue válido para la convivencia ciudadana, ahora
hay que ser lo suficientemente valiente para acometer los cambios que una
importante parte de la sociedad demanda. Buscar un nuevo consenso, acorde con
los tiempos. Aceptado desde el diálogo.
Derecho a
decidir no es independencia
Uno
de los mensajes de las últimas elecciones es claro: el porcentaje de votos
partidarios del denominado “derecho a decidir” es considerable, si tenemos en
cuenta que el partido Podemos, que lo llevaba en su programa (en alianza con
formaciones soberanistas), ha sido el gran triunfador (69 diputados en sus
primeras elecciones generales, aunque no haya logrado el pretendido sorpasso al
PSOE). Ya en otros artículos me he referido a que ese derecho no significa
necesariamente apuesta por la independencia. El derecho a poder decidir es más
amplio y se identifica con el concepto soberanismo, no con independentismo. Como señala
el profesor Vicenç Navarro: Un pueblo, una nación, puede ser soberano (y por
tanto tener el poder de decidir sobre qué relación desea con otros pueblos o
naciones) y aun así escoger no ser independiente. Poder de decidir implica el
poder de escoger entre varias alternativas, una de ellas, naturalmente, la
independencia”. Pues bien, esta es otra de las realidades que aflora en la nueva situación.
Probablemente el voto a Podemos esté basado en su programa social antes que en
este postulado, pero se trata de una cuestión que tarde o temprano habrá de
abordarse constitucionalmente.
Andalucía en la
encrucijada
Ante este nuevo tiempo político Andalucía puede quedarse al margen de los
cambios que se avecinan, incluso no ser considerada como nacionalidad histórica.
El Parlamento andaluz aprobó recientemente con los votos favorables de PSOE,
Izquierda Unida y Podemos, la proposición no de ley, en defensa del patrimonio
constitucional andaluz. Una iniciativa elaborada por el colectivo Más Andalucía
que fue acogida por el grupo parlamentario de Podemos. Aunque recortada en el
trámite, compromete a los representantes de los andaluces en la defensa de lo
conseguido a partir del 4 de diciembre de 1977 y posteriormente con el
referéndum del 28 de febrero de 1980, que permitió situar al país andaluz a la
misma altura que las reconocidas como nacionalidades históricas.
Con todo ello, la
sensación que se percibe es que Andalucía corre el riesgo de estar ausente de
esta segunda transición. La formación de una fuerza propia, que recoja a los
diferentes colectivos existentes, algunos especialmente activos, está siendo
demandada desde diferentes provincias. Una tarea nada fácil la de abrir un
espacio electoral, difuminado por la grave crisis del andalucismo, que llevó a la
desaparición del único y debilitado referente (Partido Andalucista).
Una nueva fuerza política
habría de recoger los postulados de Blas Infante y el compromiso de progreso
que su figura representa. Consecuentemente, tener un carácter progresista y
abierto a las posibilidades del nuevo tiempo político. Buscar alianzas con
partidos que, aun siendo estatales, apuesten por la defensa de la identidad
andaluza. Por supuesto, tener como prioridad la defensa de los derechos
sociales, de los más desfavorecidos, que
en los últimos años se han incrementado de manera alarmante. Situar, en
definitiva, a Andalucía como protagonista y no espectadora de los cambios que
se avecinan.
