LOS TÓPICOS SOBRE EL PUEBLO ANDALUZ

Los guionistas televisivos se afanan en introducir personajes subalternos andaluces, de acento exagerado y chiste fácil. Muy parecido al papel que se les asignaba a los norteamericanos de raza negra en las películas de Hollywood de la mayor parte del siglo XX, donde no pasaban de criados y mozos de ferrocarril. Y no es que estas profesiones sean dignas y respetables, es que se pretende mantener un tópico que no es nuevo, que corresponde  a los arquetipos regionales asignados de hace ya mucho tiempo. El andaluz indolente, festivo, flamenco, ocioso –flojo- , como decimos por aquí. En cambio, el catalán, trabajador, intelectual y, también es verdad, ahorrador y más bien tacaño, si bien esto último ligado a su actividad de grandes emprendedores y productores.

El estereotipo televisivo es la consecuencia de un juicio injusto que viene en buena medida del exterior, de viajeros románticos y de otros, como Daniel Defoe y Madame Aulnpy- que no llegaron jamás a pisar tierra andaluza, pero cuyos libros hicieron mucho daño a Andalucía durante más de un siglo. Hubo algunas excepciones como las de Richard Twiss o Mathilda Vetan-Edwards.

La generalización aplicada a todo lo andaluz dibujaban un pueblo primitivo, fatalista, lujurioso y vago en muchos casos. Afirmaciones gratuitas que quedaban muy bien para cierta literatura extranjera, y que permanece, en muchos casos, en el subconsciente de los españoles, para aflorar en la televisión o en el teatro como hoy ocurre, a veces interpretado por andaluces, o por remedos exagerados de andaluces.

En épocas que estuve fuera de Andalucía, me molestaba tanto el andaluz que desdeñaba de su tierra y pretendía adoptar un forma de hablar diferente, para no parecerlo, como el que quería ser excesivamente gracioso, excesivamente andaluz, para agradar o aparecer gracioso. El ser andaluz lleva consigo una gracia especial que no puede ocultarse, pero ello está muy lejos del estereotipo que ya se ha mencionado

Existe un habla andaluza, indudablemente. Y ello es una riqueza de la cultura propia. Un habla muy variada, que Manuel Alvar,  ex presidente de la Real Academia estudió pueblo a pueblo en la década de los cincuenta del siglo pasado. Alvar acabó asombrándose de la fonética, “la más progresista del mundo hispánico”, y la paradoja de convivir con unos de los léxicos, “más arcaizantes de España”. De manera especial destacaba la influencia del andaluz en el español de América (1). El pasado año, la

 Universidad de Granada recopiló una serie de sus artículos en el libro “Estudios sobre las hablas meridionales”

(1) “Recuerdos de medio siglo andaluz”.  El País Andalucía, 19-11-1996. Entrevista de Juan María Rodríguez.

LA DEUDA HISTÓRICA Y ANDALUCÍA COMO ESCENARIO DEL PARTIDISMO

Cuando en marzo de 2010 la Junta de Andalucía y el Gobierno central cerraron el acuerdo para el pago de la Deuda Histórica, algunas comunidades pusieron el grito en el cielo. Exigieron un tratamiento similar y la prensa más conservadora arremetió, una vez más, contra Andalucía, tildando el acuerdo de operación de compra de votos y reavivando el viejo discurso de la indolencia andaluza.

Independientemente de que pueda discutirse el hecho de que el pago acordado se realizaría en solares y otras activos, en vez de en dinero “contante y sonante”, lo cierto es que la única comunidad que había recogido la Deuda Histórica como reivindicación estatutaria había sido Andalucía. Lo hizo en el primer Estatuto, en 1981, y lo incluyó en el actual. Tras los primeros abonos de 1996 quedaban pendientes 784 millones de euros (la cuantía tras un tira y afloja entre ambos gobiernos se fijó en 1.204 millones, de los que la Junta había cobrado en metálico 420).

La reivindicación de la Deuda Histórica surge en plena Transición y tiene su base en el sometimiento de la región al subdesarrollo en beneficio de otros territorios. Esa injusticia heredada trasciende al franquismo, si bien durante dicho régimen, al país andaluz se le asignó un papel subalterno y de periferia de las regiones desarrolladas.

Anteriormente, al contrario que en otros territorios la burguesía agraria andaluza constituyó  un pilar del centralismo, actuando como verdadera oligarquía que impediría la modernización económica. Frente a esa sociedad explotadora, verdadero germen del subdesarrollo andaluz, instalado por largo tiempo, surgiría más tarde la respuesta anarcosindicalista. Y con menor presencia el movimiento de una clase media ilustrada por una Andalucía autónoma, una Andalucía libre, en palabras de Blas Infante.

Desde la ignorancia o la mala fe, las críticas esgrimidas contra la comunidad andaluza, tanto desde el conservadurismo como de los nacionalismos del norte, tratan de obviar la lucha del pueblo andaluz en una etapa relativamente cercana como el tardofranquismo y la Transición. De esa lucha por la autonomía, derivó también la del resarcimiento por el maltrato sufrido por los andaluces, condenados a la emigración como única salida. Ahí surge la Deuda Histórica.

En la España de las autonomías, el País Vasco ha conseguido niveles políticos y financieros privilegiados respecto del resto. Los gobiernos del PSOE y del PP, obligados a pactar cuando no contaban con mayoría absoluta, con los nacionalistas del PNV, o en su caso, con los catalanistas de CiU, aumentaron los beneficios de dichas comunidades. Todo ello sin olvidar el concierto vasco o el régimen especial de Navarra, que nadie pone en cuestión.

            Durante la estancia del Partido Popular en el poder central los enfrentamientos se multiplicaron con el Gobierno socialista andaluz –prefiero denominar así al ejecutivo de la Junta, pues la coalición con el Partido Andalucista en dos legislaturas, no supuso una presencia destacable por parte de los nacionalistas andaluces, que volvieron a perder nuevamente otra oportunidad histórica- el pago se fue atrasando, al igual que el reconocimiento del padrón real de andaluces al objeto de la financiación procedente del Estado. La Junta fue firme y el PSOE rentabilizó esa defensa de los derechos de la comunidad. No obstante, con el cambio producido en el Gobierno de Madrid, y el acceso de los socialistas a dicho poder, el discurso de los responsables andaluces del PSOE fue cambiando.

El entonces secretario de Organización de este partido, Luis Pizarro cuestionó la “filosofía” de la deuda histórica, con el argumento de que Andalucía había superado muchos de sus atrasos seculares. Hasta el delegado del Gobierno José Antonio Viera, a su vez secretario general del PSOE de Sevilla, afirmó que la deuda podría sustanciarse mediante una financiación adicional para corregir las transferencias mal dotadas.

            El propio presidente, Manuel Chaves renunció a la negociación bilateral de la deuda histórica, postergándola hasta la discusión del nuevo sistema de financiación autonómica,  a través de la Comisión Mixta Paritaria Estado-Comunidades Autónomas.

Los socialistas andaluces comenzaron a rebajar las exigencias anteriores . En noviembre de 2003 el Pleno del Parlamento andaluz acordó (votos  favor del PSOE, IU y PA; votos en contra del PP) cifrar la deuda financiera en 4.625 millones de euros. Siete meses después con Zapatero en la Moncloa en lugar de Aznar, la cifra varió hasta la mitad (2.550 millones de euros), para finalmente situarla en la cantidad citada de 1.204 millones.

Los dos grandes partidos han venido utilizando la cuestión según la orientación de Madrid. Interesaba más el juego político estatal que el cerrar una reivindicación plasmada hacía treinta años.

En cualquier caso, el capítulo de la Deuda Histórica quedó cerrado, pero Andalucía tiene mucho trecho por recorrer para poder salir de las posiciones de cola de las comunidades autónomas. Y para ello, los políticos andaluces de cualquier signo, habrán de pensar en ella antes que en los intereses partidistas. Estando también a la altura cuando se le ataca gratuitamente desde más allá de Despeñaperros.

28 DE FEBRERO, LA AUTONOMÍA CONQUISTADA POR EL PUEBLO ANDALUZ

De manera reiterada, cada vez que se habla de reforma constitucional, desde el nacionalismo catalán se advierte de que no puede volverse al “café para todos”. Alusión referida a cuando en los inicios de los ochenta, una vez aprobada la Constitución, se concedió la autonomía a todas las regiones españolas, y no sólo a las denominadas “históricas”, es decir las que ya tenían su estatuto plebiscitado en época de la II República (el levantamiento militar de julio de 1936 evitó que Andalucía lo obtuviese, a pesar de que el anteproyecto estaba redactado). A ello se une en los últimos tiempos el discurso de amplios sectores del conservadurismo de poner en tela de juicio el Estado autonómico, apostando, en todo caso y con escasa convicción, por el mantenimiento de esas nacionalidades históricas.

            La memoria es frágil e interesada. Cuando ahora se alcanzan los 31 años del histórico referéndum de 28 de febrero, hay que recordar que el pueblo andaluz rompió la asimetría que desde el Gobierno de la UCD, se quería imponer a las comunidades no reconocidas como históricas. Los andaluces no estaban dispuestos a seguir protagonizando el papel subalterno al que había sido relegada su tierra.

            Para Andalucía no estaba previsto el café fácil. Para alcanzar el mismo grado autonómico que Euskadi, Cataluña y Galicia: la autonomía plena –la del artículo 151 de la Constitución- debía ser  solicitada por las tres cuartas partes de los ayuntamientos y todas las diputaciones provinciales. Superado con creces esta primera barrera. Esa aspiración institucional debía ser ratificada mediante un referéndum sin precedentes en la historia de España, y en el que habría de obtenerse el voto afirmativo del más del 50 por ciento del censo electoral de cada una de las ocho provincias. A ello se unía que el propio Gobierno de Madrid, controlando la televisión estatal, la única existente, y la mayoría de los medios de la región, solicitó con una fuerte campaña que los andaluces no fueran a votar o que lo hicieran en blanco. Para la campaña institucional la Junta recibió la mitad del dinero que se le había concedido a vascos y catalanes para el refrendo de sus respectivos estatutos. La indignación andaluza fue tremenda y la UCD tuvo dificultades para encontrar en Andalucía interventores y apoderados suficientes, teniendo que recurrir a militantes de distintos puntos de España.

            El pueblo andaluz respondió al reto, pero Almería, donde también se ganó el referéndum, faltaron 20.000 votos para alcanzar la barrera del 50 por ciento del censo. Sin embargo, la victoria política que supuso aquella respuesta obligó a una salida asumida por todo el Congreso de los Diputados.

A Andalucía se le reconocía (mediante dos proposiciones que modificaba la Ley de Referéndum), la autonomía por el artículo 151 en las siete provincias que habían superado las exigencias del 28 de febrero y, posteriormente, Almería se incorporaría a este acuerdo. El 11 de noviembre el Congreso aprobó estas medidas que desbloqueaban la autonomía andaluza, añadiéndosele una enmienda del ex ministro Manuel Clavero, en la que se pedía la retroactividad de la aplicación al 28 de febrero, una fecha que, posteriormente,  sustituiría al 4 de diciembre como día de Andalucía.

El antecedente más inmediato de esa determinación andaluza se hallaba en las grandes manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. En esa ocasión más de dos millones  de andaluces salieron a la calle demandando la autonomía. Aquella lucha pacífica se vio empañada con la muerte del joven militante de Comisiones Obreras, José Manuel García  Caparrós, durante la manifestación que tuvo lugar en Málaga.

Pero todavía quedaba superar un nuevo referéndum, el del Estatuto, y que el pueblo andaluz respaldó en octubre de 1981 con el 89,38 por ciento, aunque la participación se redujo en nueve puntos respecto del emblemático 28 de febrero.

Fueron tiempos en los que la “cuestión andaluza” estuvo presente en el debate político. Y la victoria de una tierra relegada por el centralismo, supuso que el planteamiento autonómico previsto, saltara en pedazos: no habría autonomías de primera y de segunda. El pueblo andaluz lo logró, contra viento y marea, el 28 de febrero de 1980.