De manera reiterada, cada vez que se habla de reforma constitucional, desde el nacionalismo catalán se advierte de que no puede volverse al “café para todos”. Alusión referida a cuando en los inicios de los ochenta, una vez aprobada la Constitución, se concedió la autonomía a todas las regiones españolas, y no sólo a las denominadas “históricas”, es decir las que ya tenían su estatuto plebiscitado en época de la II República (el levantamiento militar de julio de 1936 evitó que Andalucía lo obtuviese, a pesar de que el anteproyecto estaba redactado). A ello se une en los últimos tiempos el discurso de amplios sectores del conservadurismo de poner en tela de juicio el Estado autonómico, apostando, en todo caso y con escasa convicción, por el mantenimiento de esas nacionalidades históricas.
La memoria es frágil e interesada. Cuando ahora se alcanzan los 31 años del histórico referéndum de 28 de febrero, hay que recordar que el pueblo andaluz rompió la asimetría que desde el Gobierno de la UCD, se quería imponer a las comunidades no reconocidas como históricas. Los andaluces no estaban dispuestos a seguir protagonizando el papel subalterno al que había sido relegada su tierra.
Para Andalucía no estaba previsto el café fácil. Para alcanzar el mismo grado autonómico que Euskadi, Cataluña y Galicia: la autonomía plena –la del artículo 151 de la Constitución- debía ser solicitada por las tres cuartas partes de los ayuntamientos y todas las diputaciones provinciales. Superado con creces esta primera barrera. Esa aspiración institucional debía ser ratificada mediante un referéndum sin precedentes en la historia de España, y en el que habría de obtenerse el voto afirmativo del más del 50 por ciento del censo electoral de cada una de las ocho provincias. A ello se unía que el propio Gobierno de Madrid, controlando la televisión estatal, la única existente, y la mayoría de los medios de la región, solicitó con una fuerte campaña que los andaluces no fueran a votar o que lo hicieran en blanco. Para la campaña institucional la Junta recibió la mitad del dinero que se le había concedido a vascos y catalanes para el refrendo de sus respectivos estatutos. La indignación andaluza fue tremenda y la UCD tuvo dificultades para encontrar en Andalucía interventores y apoderados suficientes, teniendo que recurrir a militantes de distintos puntos de España.
El pueblo andaluz respondió al reto, pero Almería, donde también se ganó el referéndum, faltaron 20.000 votos para alcanzar la barrera del 50 por ciento del censo. Sin embargo, la victoria política que supuso aquella respuesta obligó a una salida asumida por todo el Congreso de los Diputados.
A Andalucía se le reconocía (mediante dos proposiciones que modificaba la Ley de Referéndum), la autonomía por el artículo 151 en las siete provincias que habían superado las exigencias del 28 de febrero y, posteriormente, Almería se incorporaría a este acuerdo. El 11 de noviembre el Congreso aprobó estas medidas que desbloqueaban la autonomía andaluza, añadiéndosele una enmienda del ex ministro Manuel Clavero, en la que se pedía la retroactividad de la aplicación al 28 de febrero, una fecha que, posteriormente, sustituiría al 4 de diciembre como día de Andalucía.
El antecedente más inmediato de esa determinación andaluza se hallaba en las grandes manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. En esa ocasión más de dos millones de andaluces salieron a la calle demandando la autonomía. Aquella lucha pacífica se vio empañada con la muerte del joven militante de Comisiones Obreras, José Manuel García Caparrós, durante la manifestación que tuvo lugar en Málaga.
Pero todavía quedaba superar un nuevo referéndum, el del Estatuto, y que el pueblo andaluz respaldó en octubre de 1981 con el 89,38 por ciento, aunque la participación se redujo en nueve puntos respecto del emblemático 28 de febrero.
Fueron tiempos en los que la “cuestión andaluza” estuvo presente en el debate político. Y la victoria de una tierra relegada por el centralismo, supuso que el planteamiento autonómico previsto, saltara en pedazos: no habría autonomías de primera y de segunda. El pueblo andaluz lo logró, contra viento y marea, el 28 de febrero de 1980.
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