Aunque al presidente del Gobierno le parezca una algarabía, la multitudinaria manifestación a favor de la independencia de Cataluña, que tuvo lugar durante la reciente Diada, supone un punto de no retorno. Tratar la cuestión banalizando el estado de opinión de una parte importante de la ciudadanía de Cataluña, sería un error de enorme calibre.
El giro soberanista de CiU puede, en parte, estar dirigido a “entretener” a la ciudadanía de la política de duros recortes establecidos por el gobierno de Artur Mas. Cataluña se empobrece porque aporta más de lo que recibe. Es un buen discurso para movilizar los sentimientos catalanistas. Pero, aún reconociendo esta posibilidad, es evidente que el actual estado de cosas va más allá de un hecho coyuntural y se engloba en la crisis que sufre el sistema político surgido de la Transición.
No puede obviarse en todo este asunto la frustración de Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra un Estatuto que, aunque recortado en el Congreso de los Diputado, fue aprobado en referéndum por el pueblo catalán en junio de 2006. Una insensatez política del Partido Popular que denunció el texto y, amparado en la red mediática de la derecha española, fomentó una catalanofobia, que tan buenos resultados electorales le ha dado en el resto de España. Pues bien, el problema para Rajoy, ya no es un Estatuto que iba a romper España, como continuamente predicaba desde la oposición, ahora es clara y llanamente la demanda de un Estado independiente.
Aparte de esta visión partidista de la política española, en la que participan palmeros como los presidentes de comunidades autónomas de Extremadura o Madrid, está claro que el sentimiento independentista ha crecido vertiginosamente en los últimos años. Los jóvenes catalanes no se sienten identificados ni obligados por el pacto político que supuso la Transición española. Y esa ola ha llevado a Convergencia i Unió -el partido moderado que, en diferentes momentos, ha pactado con conservadores y socialistas y que, incluso, participó en la redacción de la Constitución-, a posicionarse claramente y sin la ambigüedad de otras veces. Si hasta hace poco el Pacto Fiscal era el objetivo del Gobierno catalán, hoy ya no es más que un paso en la consecución de la independencia. Ni tan siquiera el federalismo, alternativa de los socialistas catalanes, parece satisfacer la reivindicación de un Estado propio.
Pero el Estado federal puede ser la solución. Para ello hay que propiciar la reforma de la Constitución que de sentido al Senado, y decida qué tipo de federalismo habría que desarrollar. En ese compromiso debería de producirse un diálogo franco entre todos los partidos, en la búsqueda de un gran acuerdo. En este sentido, en el seno del Partido Popular, al menos, una parte significativa de sus dirigentes, debería de abandonar el ataque al Estado autonómico, y entender que aferrarse al nacionalismo españolista más retrógrado, puede hacer que se llegue tarde a una solución compartida.
A las demandas de Cataluña se unirá la próxima cita electoral en Euskadi, donde se dibuja una amplia mayoría nacionalista.
Y qué papel le corresponde a Andalucía en este nuevo escenario. No se debe permitir que nuestra comunidad sea utilizada como ariete del centralismo contra las reivindicaciones de otras comunidades. Tampoco a que un rediseño de las comunidades autónomas lleve a relegar a Andalucía a la segunda división del Estado. Clara defensa de la identidad andaluza y de su peculiaridad en el concierto del Estado, apostando por un irrenunciable principio de solidaridad recíproca.
El Gobierno andaluz, aunque acuciado por la crisis económica y abocado al rescate de la comunidad, debe esgrimir las cartas del federalismo progresista y procurar la movilización de la adormecida sociedad andaluza.
Andalucía tuvo su propia Diada el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980. Desde entonces, en buena medida por el aburrimiento político provocado por el bipartidismo y la indiferencia de un gran sector de la población, se vive una desmovilización ciudadana general, tan sólo rota este verano por las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores.
Esa acción del gobierno de la Junta es un compromiso histórico con todos los andaluces, y debe ir más allá del mero enfrentamiento con un Gobierno central de distinto signo político, que convierta en pura demagogia electoralista la defensa indeclinable de Andalucía.
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