LA CUESTIÓN DE CATALUÑA Y LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO CONSENSO

Aunque al presidente del Gobierno le parezca una algarabía, la multitudinaria manifestación a favor de la independencia de Cataluña, que tuvo lugar durante la reciente Diada, supone un punto de no retorno. Tratar la cuestión banalizando el estado de opinión de una parte importante de la ciudadanía de Cataluña, sería un error de enorme calibre.

            El giro soberanista de CiU puede, en parte, estar dirigido a “entretener” a la ciudadanía de la política de duros recortes establecidos por el gobierno de Artur Mas. Cataluña se empobrece porque aporta más de lo que recibe. Es un buen discurso para movilizar los sentimientos catalanistas. Pero, aún reconociendo esta posibilidad, es evidente que el actual estado de cosas va más allá de un hecho coyuntural y se engloba en la crisis que sufre el sistema político surgido de la Transición.

            No puede obviarse en todo este asunto la frustración de Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra un Estatuto que, aunque recortado en el Congreso de los Diputado, fue aprobado en referéndum por el pueblo catalán en junio de 2006. Una insensatez política del Partido Popular que denunció el texto y, amparado en la red mediática de la derecha española, fomentó una catalanofobia, que tan buenos resultados electorales le ha dado en el resto de España. Pues bien, el problema para Rajoy, ya no es un Estatuto que iba a romper España, como continuamente predicaba desde la oposición, ahora es clara y llanamente la demanda de un Estado independiente.

            Aparte de esta visión partidista de la política española, en la que participan palmeros como los presidentes de comunidades autónomas de Extremadura o Madrid, está claro que el sentimiento independentista ha crecido vertiginosamente en los últimos años. Los jóvenes catalanes no se sienten identificados ni obligados por el pacto político que supuso la Transición española. Y esa ola ha llevado a Convergencia i Unió -el partido moderado que, en diferentes momentos, ha pactado con conservadores y socialistas y que, incluso, participó en la redacción de la Constitución-, a posicionarse claramente y sin la ambigüedad de otras veces. Si hasta hace poco el Pacto Fiscal era el objetivo del Gobierno catalán, hoy ya no es más que un paso en la consecución de la independencia. Ni tan siquiera el federalismo, alternativa de los socialistas catalanes, parece satisfacer la reivindicación de un Estado propio.

            Pero el Estado federal puede ser la solución. Para ello hay que propiciar la reforma de la Constitución que de sentido al Senado, y decida qué tipo de federalismo habría que desarrollar. En ese compromiso debería de producirse un diálogo franco entre todos los partidos, en la búsqueda de un gran acuerdo. En este sentido, en el seno del Partido Popular, al menos, una parte significativa de sus dirigentes, debería de abandonar el ataque al Estado autonómico, y entender que aferrarse al nacionalismo españolista más retrógrado, puede hacer que se llegue tarde a una solución compartida.

A las demandas de Cataluña se unirá la próxima cita electoral en Euskadi, donde se dibuja una amplia mayoría nacionalista.

            Y qué papel le corresponde a Andalucía en este nuevo escenario. No se debe permitir que nuestra comunidad sea utilizada como ariete del centralismo contra las reivindicaciones de otras comunidades. Tampoco a que un rediseño de las comunidades autónomas lleve a relegar a Andalucía a la segunda división del Estado. Clara defensa de la identidad andaluza y de su peculiaridad en el concierto del Estado, apostando por un irrenunciable principio de solidaridad recíproca.

El Gobierno andaluz, aunque acuciado por la crisis económica y abocado al rescate de la comunidad, debe esgrimir las cartas del federalismo progresista y procurar la movilización de la adormecida sociedad andaluza.

Andalucía tuvo su propia Diada el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980. Desde entonces, en buena medida por el aburrimiento político provocado por el bipartidismo y la indiferencia de un gran sector de la población, se vive una desmovilización ciudadana general, tan sólo rota este verano por las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores. 

Esa acción del gobierno de la Junta es un compromiso histórico con todos los andaluces, y debe ir más allá del mero enfrentamiento con un Gobierno central de distinto signo político, que convierta en pura demagogia electoralista la defensa indeclinable de Andalucía.

EL PAPEL DE ANDALUCÍA ANTE LA CRISIS DEL SISTEMA

Las marchas y acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores han puesto de actualidad a Andalucía, incluso más allá de las fronteras del Estado español. Las opiniones se han dividido y las actitudes del alcalde de Marinaleda y líder del SAT, Sánchez Gordillo, han tenido una gran proyección mediática. Podrán censurarse las acciones de los jornaleros, que unos entienden como abusos, y otros como protesta pacífica ante la grave situación por la que atraviesan muchas familias andaluzas. Pero la certeza de esa situación, extrema para muchos, obliga a que la ciudadanía de una respuesta democrática.

            Andalucía registra el desempleo más elevado de España, el 34, 8 %, por encima de Extremadura y Canarias (400.000 familias tienen a todos sus miembros en paro). Del mismo modo, el reciente estudio de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT)  sitúa a la comunidad andaluza con el mayor índice de miseria de todo el Estado. El estudio, que contrasta las tasas de paro y la inflación, permite conocer el deterioro del nivel de vida de los ciudadanos que, en el caso andaluz, ha incrementado su tasa en un 15 % en los últimos cinco años.

            Los desmesurados recortes impuestos por el Gobierno central al andaluz (3.000  millones de euros adicionales a los ya recortados), empobrecerá aún más a la comunidad y perjudicará enormemente a los servicios públicos esenciales. Asimismo, Rajoy ha reducido las políticas activas de empleo destinadas a Andalucía en 430 millones de euros respecto de 2011, por lo que el Gobierno autónomo tiene poco margen de actuación en una cuestión que sangra especialmente al pueblo andaluz. Evitar la asfixia financiera de Andalucía es un reto difícil de salvar para la coalición gobernante en Sevilla.

            Se produce ello ante una sociedad cada vez más apartada de la clase política y donde se echa de menos una verdadera plataforma, un vehículo político que “reanime” la postergada política andaluza, que conteste con fórmulas diferentes a las políticas neoliberales. Que se construya a partir de la defensa de la autonomía, tan duramente conseguida por el pueblo andaluz, y que, de manera interesada, se trata de denostar a toda costa. Y, junto a ello, la defensa del servicio público articulado como derecho y método de redistribución de la riqueza.

            Un movimiento que reivindique el papel de Andalucía en el contexto del Estado, rompiendo los tópicos de siempre y el papel subalterno al que históricamente se le ha relegado, tal como ocurrió con las grandes movilizaciones de 1977 y del referéndum del 28 de febrero de 1980, que situaron al país andaluz en primera línea de la conciencia como pueblo, en un sentir que rescataba la lucha de Blas Infante, hoy perdido o extraviado.

            Ello tiene que proyectarse desde la realidad política. Si partimos de la encuesta publicada en junio pasado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el 70, 4 % de los encuestados se sienten “tan españoles como andaluces”, un 15 % se sienten más andaluces que españoles y un 2,7 únicamente andaluces. Un 57,9 % defiende la autonomía, al que hay que sumar un 8 % que demanda más competencias.

            Partiendo de esta realidad constatada electoralmente y en las encuestas, una realidad apartada de posiciones independentistas, pero con un porcentaje significativo de identificación con la tierra andaluza, se impone el encuentro de sensibilidades ecologistas, movimiento ciudadano, asociaciones de mujeres, andalucistas e intelectuales. Y que, partiendo de la propia identidad como pueblo, defienda un derecho basado en la vecindad, por encima de discursos étnicos. En definitiva, una fuerza autóctona que pueda superar fracasos anteriores de la reciente historia andaluza.

            En otro momento esa fuerza estuvo representada por el PSOE de Escuredo, desplazado por el aparato del partido cuando dejó de interesar electoralmente; el Partido Andalucista en distintos momentos de su cainita travesía, e Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, antes de que Julio Anguita eligiera “salvar” al PCE, en vez de consolidar un proyecto netamente andaluz.

            Junto al déficit económico del que tanto se habla existe otro igual de profundo: el de la pérdida de valores democráticos que ha agudizado el desinterés ciudadano por la política. Al lado de ese rechazo ciudadano, figura un elemento que se ha venido fraguando en Andalucía desde hace ya muchos años, como es la desmovilización ciudadana, la pérdida de la identidad y, consecuentemente, la ausencia de compromiso con una tierra que, habiendo avanzado desde la consecución de la autonomía, continúa a la cola de las comunidades de España.

            Todo ello se da cita en medio de un deterioro agudo del Estado del Bienestar, de la pérdida de soberanía nacional en beneficio de los poderes económicos multinacionales, del ataque a las autonomías desde el neoliberalismo y el conservadurismo más extremo, y de una crisis del régimen político surgido de la Transición política, que incluye a la propia Monarquía.

            Si Andalucía no es protagonista del momento que acaece en España, en base a los pilares citados, volverá nuevamente a perder el tren de la historia.

EL DÉFICIT PÚBLICO, ¿CULPABLE DE LA CRISIS?

El discurso neoliberal imperante se sostiene en que la causa de la crisis radica en el gasto público. Por tanto, no cabe más medida que el recorte o la supresión de servicios, invadiendo los logros de décadas de lucha y haciendo caer el peso de la crisis sobre quienes no la han provocado: recortes de salarios, congelación de pensiones, copago sanitario, recortes en sanidad y educación, despido libre. En definitiva, imposición de un cambio en el sistema social que mutila la distribución de los recursos equitativamente.

Que ha habido derroche a todos los niveles nadie lo niega. Sin embargo, está demostrado que cuando se inicia la crisis en 2007, España contaba con superávit en sus cuentas. Ingresaba el  2, 23 % del PIB más de lo que gastaba y la deuda pública se situaba en un 36, 2 % del PIB, una de las más bajas de la Unión Europea.

            El déficit crecería en los años posteriores por la bajada de ingresos del Estado debido a la recesión y la elevada tasa de paro. Los ingresos principales de España provienen de las rentas del trabajo y no del capital, y el Estado dejó de ingresar de manera alarmante. El déficit aumentó considerablemente y se vio agudizado con la subida de la prima de riesgo. Para colmo, el rescate financiero, que puede alcanzar los 100.000 millones de euros, aún siendo dirigido a los bancos y cajas, vendrá a engrosar la deuda soberana. Ello equivaldrá a más recortes. No hay otra solución, dice el Gobierno para conseguir ver la luz de este largo túnel.

            La falta de ingresos se ha visto agravada con políticas económicas como las ejecutadas tanto por el Gobierno anterior como por el actual: se suprimió el impuesto de patrimonio y se bajó el de transmisiones, dejándose de ingresar, según algunos cálculos, más de 5.500 millones de euros. Se bajó los impuestos a quienes percibían más de 150.000 euros anuales y se redujo a las empresas que facturaban más de 150 millones de euros al año. A las grandes fortunas, que han seguido creciendo a pesar de la crisis, se les perdonaba el fraude fiscal. Con todo este dinero, el Estado podría poner en marcha un plan de empleo que redujese drásticamente el paro y alentase la economía del país. He aquí una posible solución, unido a otras medidas que no graven directamente a la mayoría de los ciudadanos.

            Pero el Gobierno ha optado por la vía que le marcan los poderes financieros. El tijeretazo ha empobrecido al país. Ha hundido en la miseria a los más necesitados, ha quebrado a la clase media, y quienes tienen un empleo fijo, como son los funcionarios, se han convertido en el recurso fácil y continuado para el recorte de salarios. La sanidad, ejemplo para muchos países, ha sufrido un importante retroceso, apostándose por la privatización de sus servicios. Y ahora, la subida prevista del IVA en los tipos de artículos de primera necesidad, ahondará aún más al país en el pozo sin fondo al antojo de los especuladores del mercado.

            La teoría neoliberal ha sentado plaza en Europa. Países como España, Grecia, Portugal, Irlanda o Chipre la están sufriendo de manera especial. Ante ello, aparte de las ayudas que puedan obtenerse en el exterior, debe producirse un giro. El recorte continuado para satisfacer a los insaciables mercados y la política marcada por Alemania, no puede continuar. Incluso el Gobierno ya ha encendido la luz de alarma, para que se produzca un cambio en la línea que defiende el nuevo presidente socialista francés  Hollande.  Mientras esto se produce, los gobernantes españoles no son capaces de unirse en un gran pacto nacional, que lleve a un cambio a la política del recorte, que, de manera inmisericorde, está conduciendo al país a niveles cada vez más altos de pobreza.

¿QUÉ HACEMOS CON CATALUÑA?

Vaya por delante que todas las banderas y todos los himnos merecen el respeto que se deriva de lo que supone para los ciudadanos que se identifican con esos símbolos y los sienten especialmente. Por tanto, no comparto la famosa pintada al himno español en la pasada final de la Copa del Rey de fútbol, especialmente calentada por la locuaz presidenta de la comunidad madrileña Esperanza Aguirre, cuando declaró que de producirse un hecho de ese tipo, habría que celebrar el partido a puerta cerrada. Al hilo de ello me gustaría hacer una reflexión en torno a la escalada soberanista producida en la comunidad de Cataluña, y de la que en buena medida tiene mucha culpa la derecha española más retrógrada.

            El constante ataque al nacionalismo por parte de ese sector en los numerosos medios de que disponen y en tertulias machaconas de una sola voz, ha llevado a que las inclinaciones independentistas crezcan considerablemente en la comunidad catalana. El acento de la derecha mediática en las críticas a todo nacionalismo, por muy moderado que este sea, está haciendo que el talante de consenso que siempre han tenido formaciones como Convergencia i Unió vaya alejándose del actual marco constitucional.

            Aparte de las cuestiones que enfrentan los espacios ideológicos y que son asumidos y respetados en un régimen democrático, esa campaña permanente de acoso, ejecutada en definitiva por el nacionalismo español más acérrimo, está abriendo una brecha que puede tener una difícil marcha atrás. La reacción es lógica. Si en la Andalucía de 1980, cuando el centralismo agravió abiertamente al pueblo andaluz, en vez de plantearse en el histórico referéndum del 28 de febrero la posibilidad de conseguir la autonomía en igualdad de condiciones que vascos, catalanes y gallegos, se hubiese planteado la independencia, no me cabe la menor duda que hoy Andalucía sería un estado independiente. Acción, reacción.

            Cuántas veces oímos hablar con menosprecio de los catalanes en general, y hasta extremos de querer, poco menos, “levantarles un muro”, como he oído en muchas ocasiones a meros ciudadanos con los papeles perdidos, a los que se les inocula ese discurso insensato de rechazo. A esas gentes sectarias les digo, “bueno, si no queremos a esa comunidad, démosle la independencia”. Entonces sube de tono la conversación: “de eso nada”.

            A la crítica desmesurada de los voceros del nacionalismo español se unió, oportuna y electoralmente, el Partido Popular con su denuncia del reformado Estatuto de Autonomía de Cataluña y congelando durante cuatro años la renovación parcial del Tribunal Constitucional para mantener la mayoría contraria a dicho texto -muy similar al andaluz que nadie denunció- y que ha acentuado más las diferencias entre el Estado y Cataluña.

            Por otro lado, jamás justificaré el radicalismo de sectores nacionalistas excluyentes, o a  los dirigentes catalanistas que han atacado a Andalucía y a los andaluces. Ahí están mis artículos como respuesta a esas manifestaciones. Esas actitudes políticas, y no todo un pueblo, se merecen el rechazo democrático. Por eso, en mi opinión, no se trata de dilucidar qué hacemos con Cataluña, sino qué hacemos con quienes envenenan la convivencia enfrentando a los pueblos sin medir las consecuencias.

EL PODER DEL DINERO, EL DINERO EN EL PODER

La prioridad de la política ha pasado de ser la lucha contra el paro en el caso de la socialdemocracia y la inflación en el campo de los conservadores al más puro gobierno de la tecnocracia económica. Fue el Tratado de Maastricht de 1992, vendido como la Europa de los ciudadanos, la base de la Europa del poder financiero y la pérdida de derechos sociales. La creación de una nueva moneda europea y los criterios para acceder a ella, fue la razón de ser de Maastricht, y para ello habría de pasarse por encima de los logros consolidados por el Estado del Bienestar. Si hay desempleo es culpa de los sindicatos que  no aceptan los ajustes necesarios. El Pacto de Estabilidad de Dublín de 1996 vendría a endurecer las medidas y a agravar la situación de los países con déficit.

Como consecuencia de ello la Banca Internacional impone sus criterios e invade la soberanía de los estados, a través de las propias instituciones europeas. Técnicos de ese gran poder del dinero son impuestos a gobiernos elegidos por el pueblo, siendo depuestos sus legítimos gobernantes (Berlusconi en Italia y Papandreu en Grecia). En otros países la intervención ha sido atemperada porque los gobiernos se han plegado a los dictados de ese poder. Así, en España, cumpliendo el mandato del Pacto de Estabilidad, la Constitución fue reformada el pasado verano, de manera urgente y sin el consenso que pedían las fuerzas políticas.

            Por su parte, los Economistas Europeos por una Política Económica Alternativa en Europa (Grupo EuroMemo) en su último informe han dejado claro que las medidas adoptadas han afectado gravemente a la demanda y han estancado la economía, principalmente, de los países más deficitarios. Resaltan que la crisis no fue creada por el déficit público, sino por las medidas tomadas para rescatar a los bancos, las políticas expansivas para contrarrestar la crisis y una caída de los ingresos fiscales. Ejemplo, el Banco Central Europeo presta a la banca privada al 1 % unos fondos que luego son recolocados en bonos o deuda del Estado, según países del 3 al 15 %, en el caso de las economías más débiles, como Grecia, cuyo principales acreedores son bancos alemanes y franceses.

            El retorno a las fórmulas más crudas del capitalismo ha llevado a una menor protección social, la bajada de salarios, aumento de la edad de jubilación, drásticos recortes en los sistemas de salud, pensiones y educación. En definitiva a una falta de justicia distributiva, que si en los países del norte supone una merma del Estado del Bienestar, en los del sur, amenaza con su desaparición

Por tanto, la crisis no es sólo económica, sino política. Y ante esa crisis de valores, ante esa invasión de la representación democrática, al pueblo no le queda más remedio que responder con la protesta pacífica en las calles. Esa es la filosofía que movió al  Movimiento 15M, verdadera conciencia de la política que hoy se practica.

Y en este mar de aguas turbulentas no podemos olvidarnos de Andalucía, la comunidad con más paro de España. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) el desempleo alcanzó en el primer trimestre del presente año el 33,17 % sobre una tasa a nivel del Estado del 24,44 %, lo que supone que 1.329.600 andaluces se hallen sin trabajo.

Las elecciones autonómicas de marzo llevaron a un gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida, que habrá de lidiar los mandatos del Gobierno central en cuanto a la reducción del déficit, con la apuesta por la creación de empleo. A tal efecto, el ejecutivo de Griñán ha destinado 200 millones de euros para combatir el paro. No cabe otro camino en una tierra donde el drama del desempleo se ha convertido en una plaga incesante. Andalucía puede demostrar que puede hacerse una política distinta, abandonando derroches y centrándose en sacar adelante a una comunidad que acumula muchos atrasos.

Al mismo tiempo, la reciente victoria del socialista Hollande -aunque pendiente de las legislativas de junio- en las presidenciales francesas abre nuevas esperanzas a un pacto por el crecimiento en Europa, y ello favorece los planteamientos de Andalucía.

Del mismo modo, el nuevo gobierno deberá poner un acento especial en la defensa de la autonomía, un acento sincero y convencido, por encima de estrategias y de coyunturales andalucismos, que quedan a un lado cuando el que gobierna en Madrid es del mismo signo que el de Sevilla. Andalucía necesita reafirmar su identidad y, a través de ella, afrontar su difícil presente. Anteponer el poder de la mayoría al poder del dinero.

EL ANDALUCISMO ANTE LA ENCRUCIJADA DE SU SUPERVIVENCIA

En abril de 2010 publicaba bajo el título “Una nueva oportunidad para el andalucismo” un artículo reflejando que tras los errores cometidos en el pasado, una nueva generación de andalucistas con Pilar González a la cabeza, habían iniciado el largo camino de conseguir levantar la presencia política del único partido netamente andaluz. Que ese nuevo proyecto debía estar acompañado de coherencia ideológica y de compromiso social, aprendiendo de los errores.

            Desde que en 2008 fuera elegida secretaria general del partido, Pilar González, con escasos medios y con mucha ilusión, ha realizado una intensa labor de acercamiento al ciudadano, dentro de un nacionalismo de izquierdas y ecologista, tal como quedó establecido en el XV Congreso del Partido Andalucista.

            Por ello, y porque no se puede condenar eternamente a una formación política por sus errores del pasado -todos los partidos los han cometido- el PA merecía una nueva oportunidad.

Sin embargo, los reveses electorales sufridos, especialmente en las últimas elecciones andaluzas, han dejado al Partido Andalucista al borde de su desaparición. Ahora, Pilar González ha anunciado que no optará a la reelección en el próximo Congreso previsto para el mes de julio. Alega para ello la tutela que el histórico líder y fundador del partido Alejandro Rojas-Marcos quiere imponer a la dirección hasta la celebración de dicho Congreso, mediante una terna de la que formaría parte la propia González. Ésta considera que el partido corre el riesgo de girar a posiciones conservadoras.

Nuevamente, parece que vuelven a la familia andalucista los fantasmas de la autodestrucción, que han presidido la vida de una formación que rescató el legado de Blas Infante y que, en los inicios de la democracia, llegó  a tener grupo propio en el Congreso de los Diputados y dos representantes en el Parlamento catalán. El propio Julio Anguita reconocía en una reciente entrevista que el resto de partidos debían su andalucismo al que entonces se denominaba Partido Socialista de Andalucía.

Ante ese peligroso derrotero, el Partido Andalucista debe abrir un debate sosegado sobre las causas de su debacle electoral, reafirmando una ideología progresista en consonancia con la raíz que representó el andalucismo histórico, diferente a los nacionalismos conservadores, y preguntarse por las causas que impiden que ese discurso llegue a los andaluces. Incluso cuando como ahora era la única formación que, al mismo tiempo de proponer un programa progresista, resaltaba su postura de defensa de la autonomía andaluza como una parte esencial del mismo.

De la misma forma,  Pilar González tendría que optar a la reelección y que sean las bases las que decidan. Es verdad que los resultados electorales están ahí y que después de ello, y de tanto esfuerzo desplegado, González tiene derecho –para otros el deber- de dar un paso atrás. Pero, por otro lado, la actual secretaria general, a pesar de las dificultades para acceder a los medios, ha puesto rostro al andalucismo y, sobre todo, coherencia en el discurso.

En cualquier caso, no es buena noticia para Andalucía que el PA haya quedado relegado del Parlamento andaluz. En nada sería un perjuicio para esta comunidad, que se ganó la autonomía gracias a la movilización de su pueblo, contar con un partido andalucista fuerte, con presencia en la sociedad y en las instituciones, ya sea el PA, u otra formación renacida de sus cenizas, que mantenga viva la llama que encendiera Blas Infante en 1915 con su “Ideal andaluz”. Máxime ahora, cuando desde diferentes instancias se pone en tela de juicio el Estado de las Autonomías, y el nacionalista catalán Durán Lleida, considera que las únicas que deberían mantenerse son las de Cataluña, Euskadi, Galicia y Navarra.

El andalucismo afronta la más difícil de sus encrucijadas y en el peor de los momentos. Acertar no será fácil, pero tiene que intentarlo por encima de personalismos que a nada bueno conducen. Ojalá acierte en su camino, sin claudicar de sus principios, de su razón de ser.