EL CALLEJÓN SIN SALIDA DEL SÁHARA OCCIDENTAL

El caso de la independentista saharaui Aminatu Haidar expulsada de su tierra por el Gobierno de Marruecos, y su posterior huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote  hasta conseguir su readmisión, puso hace unos meses sobre el tapete de la actualidad internacional la cuestión inconclusa del Sáhara Occidental. Un conflicto incómodo para todas las partes y que hace imposible, hasta el momento, el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas encaminadas a la descolonización del territorio, hasta 1975, bajo el control de España. Una resolución del Consejo de Seguridad de 20 de septiembre de 1988, autorizó al Secretario General a designar un representante especial para dicha zona en conflicto, al objeto de facilitar el ansiado referéndum de autodeterminación, bajo supervisión del organismo internacional y de la Organización de la Unidad Africana.

            Sin embargo, Marruecos no está dispuesto a que esta consulta se lleve a efecto y las resoluciones de la ONU, como tantas veces, no han pasado de ser papel mojado. Como respuesta el monarca marroquí ha dispuesto un proyecto de autonomía para la que considera una provincia más del reino. Esta iniciativa cuenta con dos poderosos aliados: Estados Unidos y Francia, que obviando los mandatos de las Naciones Unidas, entienden que es mejor no molestar a un país que es considerado como barrera para el integrismo islamista en el norte de África, al mismo tiempo que un especial  socio económico, sobre todo en el caso francés. Por su parte, España ha jugado un papel titubeante. En buena medida por las reivindicaciones que Marruecos hace sobre las ciudades de Ceuta y Melilla.

            Así las cosas, sólo una debilitada  Argelia, en cuyo territorio se hallan los campamentos de refugiados y el gobierno independentista del Frente Polisario, mantiene una postura de apoyo a la causa saharaui, que no es otra que la del derecho internacional y el respeto a las resoluciones de la ONU.

            Mientras esto ocurre, Marruecos ha colonizado el Sáhara y ha facilitado la implantación de una población no originaria, para borrar todo resquicio de rebeldía y situarse ante una consulta que, por otro lado, no está dispuesto a llevar a cabo. Y en la otra parte, un pueblo que padece los rigores de un medio extremo en los campos de refugiados y una represión continuada contra los independentistas que permanecen en las ciudades ocupadas. Un verdadero callejón sin salida, que llama a la conciencia de la humanidad con casos dramáticos como el de  Aminatu Haidar. Un aldabonazo de dignidad de un pueblo injustamente olvidado.

A PROPÓSITO DEL CASO MALAYA: ENSEÑANZAS Y REMINISCENCIAS DEL GIL

Ha comenzado el juicio por el conocido caso Malaya (cerca de un centenar de implicados), o lo que es lo mismo por el saqueo de los bienes públicos del municipio malagueño de Marbella, uno de los destinos turísticos más apreciados internacionalmente. En este lugar de la Costa del Sol se estableció el empresario Jesús Gil, donde creó el Grupo Independiente Liberal, un partido a su imagen y semejanza, que desde 1991 arrasó en las elecciones municipales. Su lema: “Me presento para vender pisos”, dejaba bien clara su política  Prometió más seguridad ciudadana y limpieza. Lo consiguió y volvió a arrasar en las siguientes elecciones, ampliando su hegemonía a la vecina Estepona de la mano de su hijo Jesús Gil Marín. En 1999, aparte de estas dos ciudades, se hizo con los ayuntamientos de Ronda, Manilva, Casares y La Línea. Y la que fue su mayor osadía, con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el mayor error del empresario, pues hizo sonar la alarma al propio gobierno de José María Aznar.

            Jesús Gil fue visto por muchos como un especie de mesías que venía regenerar la vida pública, anquilosada en los grandes partidos. Marbella era el escaparate, y para los campogibraltareños estaba cerca. Pero lo que muchos veían como una regeneración democrática, no dejaba de ser la degeneración de la democracia. El ciudadano prefería mirar para otro lado: “Qué roban, sí, pero hacen cosas”. José Cosín lo explica acertadamente  en su libro Mafia y corrupción donde se refiere a la toma democrática del poder para el expolio de los recursos públicos.

            Gil fue inhabilitado en 2002, pero su compañero Julián Muñoz volvió arrasar en los comicios del año siguiente. A éste sólo consiguió echarle una moción de censura, apoyada por tránsfugas del gilismo, que elevó a la alcaldía a una de ellas, Marisol Yagüe. Pero ello no supuso la necesaria regeneración. Los principales nuevos mandatarios fueron implicados en actividades delictivas del mismo cuño. La normalidad política no llegó hasta las elecciones de 2007 con la victoria de Ángeles Muñoz, del Partido Popular.

            La herencia del GIL fue la bancarrota del ayuntamiento marbellí: una deuda de 500 millones de euros, el expolio del suelo público  y más de 3.000 funcionarios, fruto de la compra de voluntades. Marbella ya no es el espejo y pocos son los que dicen que votaban al GIL.

            Sin embargo, la huella de este partido ha impregnado en algunos lugares donde presentó candidatura, e incluso en otros donde no lo hizo. Como ocurría en Marbella hoy es fácil ver en otros ayuntamientos, que todos los miembros de los equipos de gobierno, disfrutan de liberación, es decir de sueldos a costa del erario público, aunque en muchos casos, no se justifique esa liberación. La figura del asesor político y de la empresa asesora se ha impuesto para gravar aún más las escuálidas arcas municipales. Incluso en algunas localidades se sigue pintando los pasos de cebra con los colores de la ciudad, tal como ocurría en Marbella y Estepona.

            Lo ocurrido con el GIL debería hacer reflexionar a la clase política. Preguntarse por qué muchos ciudadanos dejaron de confiar en los partidos tradicionales, por qué un grupo de esos ciudadanos, de buena fe, participaron de un proyecto que les resultaba más ilusionante.

            La política no puede ser otra cosa que un instrumento para plasmar las ideas  y que éstas se traduzcan en una mejora para los ciudadanos. El político debe entender que no ejerce una profesión, sino un compromiso con la sociedad donde se desenvuelve. En caso contrario, no se habrá aprendido de la costosa lección del GIL. Y otros mesías aparecerán por nuestras ciudades.

ENRIQUE INIESTA Y LA OLVIDADA VANGUARDIA INTELECTUAL ANDALUZA

Fue un madrileño enamorado de Andalucía. Un andaluz pleno, un cristiano comprometido. Enrique Iniesta Coullaut-Valera, escolapio identificado con una tierra por la que luchó desde el compromiso con los más pobres, la juventud y la cultura. Su contribución a la recuperación de la figura de Blas Infante ha sido fundamental, junto a la Ortiz Lanzagorta o Juan Antonio Lacomba. La trilogía Toda su verdad ha marcado un antes y un después en el conocimiento del notario de Casares, tal como ha señalado el profesor Manuel Ruiz.

            Defensor de la religiosidad popular, promotor de la librería El Toro Suelto, cooperativa de promoción de autores andaluces y del Centro de Estudios Históricos Andaluces, director de la desaparecida y emblemática Andalucía Libre, profuso articulista, no ha visto cómo se plasmaba la petición que muchos respaldamos para que se le concediese la Medalla de Andalucía. Falleció lejos de la que siempre será su tierra.

            Al recordar a Enrique Iniesta, con el que coincidí tan sólo en colaboraciones en la desaparecida publicación Tierras del Sur, y dada la propensión al olvido que suele reinar por estos lares, quiero destacar que su figura quedará ligada al movimiento cultural producido en Andalucía en los años setenta, buscador de la recuperación de la identidad de un pueblo y su lucha por salir del subdesarrollo.

            Una labor en la que jugó un papel fundamental el escritor Manuel Ruiz Lagos, conectando con los supervivientes de las Juntas Liberalistas creadas por Blas Infante,  aportando un trabajo hoy imprescindible.

            A religiosos andalucistas como José María de los Santos, Carlos Muñiz y José María Javierre. A Juan de Loxa con “Poesía 70” o “Manifiesto Canción del Sur”, donde Carlos Cano brillaría de forma especial. Y en  el campo de la escena Salvador Távora con “La Cuadra”, que  en 1971 había llevado a los escenarios independientes de Madrid la obra “Quejío”, y que continuaría con  “Los palos”, en busca de una conciencia histórica andaluza. A las letras de Moreno Galván cantadas por Meneses y Gerena.

            A ello se unía la irrupción en torno al mencionado escritor –también olvidado- José Luis Ortiz Lanzagorta, del movimiento de la Nueva Narrativa Andaluza (NNA), los “narraluces” como fueron conocidos novelistas como Alfonso Grosso, Manuel Ferrand, José María Requena, Manuel Barrios, Luis Berenguer, José Asenjo,  López Pereira o Antonio Burgos.

            Un movimiento que hoy se pretende negar y que basó su obra en la ruptura con la sociedad caciquil de los pueblos, la lucha por la identidad y la consecución de una autonomía con la que muchos soñamos. Antonio Burgos que, en 1971, había publicado Andalucía,¿tercer mundo?, y que había iniciado un año antes con la novela El contador de sombras su camino por la NNA, escribiría hace unos años: “La gran calle de Alcalá de la novela relucía porque subían y bajaban los narraluces a recoger premios”. Era así, los narradores de este movimiento copaban los premios literarios de mayor prestigio. Y lo hacían con una literatura que entendía debía ser transformadora de las condiciones del pueblo andaluz.

            Merecen el reconocimiento y el respeto todos ellos. Fueron la llama de una Andalucía que no quería ser la de los tópicos y la de una cultura manipulada. Lo lastimoso es que ello ocurra cuando personajes de la talla de Enrique Iniesta se marchan definitivamente.

ANDALUCÍA, ¿COMUNIDAD SUBSIDIADA?

Desde fuera de Andalucía se suele hablar de “comunidad subsidiada” en alusión al conocido como PER (Plan de Empleo Rural), actual PROFEA (Programa de Fomento de Empleo Agrario), que se aplica también a Extremadura. Cuando en 1984 se puso en marcha el primer plan, Andalucía era una comunidad rural con malas infraestructuras, bajísimo nivel de equipamientos colectivos, analfabetismo, no pertenencia a la Unión Europea y la agricultura mantenía un elevado peso en el PIB. En este sentido, el PER –lo llamaré así por ser más popular su denominación- viene actuando como un verdadero plan especial destinado a zonas castigadas por el paro. El dinero es asignado a los ayuntamientos al objeto de ejecutar obras públicas en sus respectivos pueblos y paliar el desempleo. Por tanto, el actual sistema cumple esas dos funciones importantes.

Con este sistema los jornaleros deben obtener 35 peonadas anuales. Así contarían con el subsidio agrario al año siguiente (420 euros mensuales durante seis meses), siempre que se esté al corriente del pago del sello agrícola, que habrá de hacerse efectivo todos los meses del año.

            El PER ha mejorado considerablemente las infraestructuras y los servicios de nuestros pueblos. En el sector tecnológico agrario, en municipios de la provincia gaditana, por ejemplo, se han ido poniendo en marcha plantas de transformación de espárragos y fresa, que han diversificado la actividad y la han hecho más competitiva.

De los 770 municipios andaluces, 197 depende en buena manera de esta renta básica, ya que el porcentaje de beneficiarios sobre la población activa total supera el 25 por ciento. O lo que es lo mismo,  en esas 197 localidades, más de la cuarta parte de sus ciudadanos en edad de trabajar está acogida a dicha renta. Esta dependencia es sensiblemente mayor en las provincias de Córdoba, Jaén y Huelva y llega a sus extremos en la de Granada.

Y en medio de ello, ocurren paradojas como que la mano de obra agrícola en determinadas épocas del año ha de ser cubierta por inmigrantes. En buena medida el boom económico de los invernaderos agrícolas de Almería o las recolecciones de la fresa en Huelva o la aceituna en Jaén no serían posible si no existieran miles de inmigrantes de otros países, aunque la dura crisis económica a minimizado esa aportación de trabajadores extranjeros. La vuelta  a la vendimia francesa de jornaleros andaluces es una prueba de las dificultades por las que éstos atraviesan.

Esta situación da cuenta de las dos Andalucías existentes: una próspera situada en algunas provincias del litoral, y otra anquilosada, la Andalucía del interior, que pierde población ostensiblemente. Y aunque los avances sociales y económicos han tenido lugar en todo el territorio andaluz, generalizándose la formación básica y diversificándose la actividad productiva, reduciéndose con ello la población activa agraria; resulta evidente que la comunidad continúa a la cola de España, como reflejan todos los estudios económicos.

A mi entender, no debe existir complejo alguno en que la comunidad andaluza reciba las ayudas que combatan el desempleo en el campo y mejore las infraestructuras y los servicios de los pueblos. También se subvenciona la minería asturiana u otros sectores industriales reconvertidos de Valencia o el País Vasco. En el caso de Cataluña, en el presente año,  la industria del automóvil ha recibido 225 millones de euros, 87 más que el PER. Pero no leemos o escuchamos que se trata de comunidades subsidiadas.

No se puede rasgar las vestiduras y satanizar un plan rural que afecta a las clases más humildes, cuando paralelamente a ello, ejecutivos de grandes empresas se embolsan ingentes cantidades de euros, merced a  las opciones dentro de los planes especiales de acciones. Cantidades moralmente inaceptables, pero que ocupan pocas líneas en los medios conservadores de fuera de Andalucía. Del mismo modo, esas informaciones no aluden a que del medio millón de jornaleros andaluces, sólo 120.000 percibe el subsidio agrario. Que el 63 por ciento de los beneficiarios son mujeres que en su mayoría superan los 45 años (el desempleo femenino andaluz es de los más elevados de Europa, según el Anuario Eurostat), o que el subsidio agrario supone el 1,83 del gasto total del desempleo en España.

Con todo, la política del Estado y, por supuesto, de la Junta de Andalucía, debe estar orientada a superar esa situación, que muestra a las claras la existencia de esas dos Andalucías.