Desde fuera de Andalucía se suele hablar de “comunidad subsidiada” en alusión al conocido como PER (Plan de Empleo Rural), actual PROFEA (Programa de Fomento de Empleo Agrario), que se aplica también a Extremadura. Cuando en 1984 se puso en marcha el primer plan, Andalucía era una comunidad rural con malas infraestructuras, bajísimo nivel de equipamientos colectivos, analfabetismo, no pertenencia a la Unión Europea y la agricultura mantenía un elevado peso en el PIB. En este sentido, el PER –lo llamaré así por ser más popular su denominación- viene actuando como un verdadero plan especial destinado a zonas castigadas por el paro. El dinero es asignado a los ayuntamientos al objeto de ejecutar obras públicas en sus respectivos pueblos y paliar el desempleo. Por tanto, el actual sistema cumple esas dos funciones importantes.
Con este sistema los jornaleros deben obtener 35 peonadas anuales. Así contarían con el subsidio agrario al año siguiente (420 euros mensuales durante seis meses), siempre que se esté al corriente del pago del sello agrícola, que habrá de hacerse efectivo todos los meses del año.
El PER ha mejorado considerablemente las infraestructuras y los servicios de nuestros pueblos. En el sector tecnológico agrario, en municipios de la provincia gaditana, por ejemplo, se han ido poniendo en marcha plantas de transformación de espárragos y fresa, que han diversificado la actividad y la han hecho más competitiva.
De los 770 municipios andaluces, 197 depende en buena manera de esta renta básica, ya que el porcentaje de beneficiarios sobre la población activa total supera el 25 por ciento. O lo que es lo mismo, en esas 197 localidades, más de la cuarta parte de sus ciudadanos en edad de trabajar está acogida a dicha renta. Esta dependencia es sensiblemente mayor en las provincias de Córdoba, Jaén y Huelva y llega a sus extremos en la de Granada.
Y en medio de ello, ocurren paradojas como que la mano de obra agrícola en determinadas épocas del año ha de ser cubierta por inmigrantes. En buena medida el boom económico de los invernaderos agrícolas de Almería o las recolecciones de la fresa en Huelva o la aceituna en Jaén no serían posible si no existieran miles de inmigrantes de otros países, aunque la dura crisis económica a minimizado esa aportación de trabajadores extranjeros. La vuelta a la vendimia francesa de jornaleros andaluces es una prueba de las dificultades por las que éstos atraviesan.
Esta situación da cuenta de las dos Andalucías existentes: una próspera situada en algunas provincias del litoral, y otra anquilosada, la Andalucía del interior, que pierde población ostensiblemente. Y aunque los avances sociales y económicos han tenido lugar en todo el territorio andaluz, generalizándose la formación básica y diversificándose la actividad productiva, reduciéndose con ello la población activa agraria; resulta evidente que la comunidad continúa a la cola de España, como reflejan todos los estudios económicos.
A mi entender, no debe existir complejo alguno en que la comunidad andaluza reciba las ayudas que combatan el desempleo en el campo y mejore las infraestructuras y los servicios de los pueblos. También se subvenciona la minería asturiana u otros sectores industriales reconvertidos de Valencia o el País Vasco. En el caso de Cataluña, en el presente año, la industria del automóvil ha recibido 225 millones de euros, 87 más que el PER. Pero no leemos o escuchamos que se trata de comunidades subsidiadas.
No se puede rasgar las vestiduras y satanizar un plan rural que afecta a las clases más humildes, cuando paralelamente a ello, ejecutivos de grandes empresas se embolsan ingentes cantidades de euros, merced a las opciones dentro de los planes especiales de acciones. Cantidades moralmente inaceptables, pero que ocupan pocas líneas en los medios conservadores de fuera de Andalucía. Del mismo modo, esas informaciones no aluden a que del medio millón de jornaleros andaluces, sólo 120.000 percibe el subsidio agrario. Que el 63 por ciento de los beneficiarios son mujeres que en su mayoría superan los 45 años (el desempleo femenino andaluz es de los más elevados de Europa, según el Anuario Eurostat), o que el subsidio agrario supone el 1,83 del gasto total del desempleo en España.
Con todo, la política del Estado y, por supuesto, de la Junta de Andalucía, debe estar orientada a superar esa situación, que muestra a las claras la existencia de esas dos Andalucías.
No hay comentarios:
Publicar un comentario