MORIR EN EL SUR

  

Es un hecho comprobado científicamente: tres provincias andaluzas se sitúan a la cabeza en índice de mortalidad dentro de España. La comarca del  Campo de Gibraltar y buena parte de la provincia de Cádiz constituyen en la actualidad dos de las zonas con menos expectativas de vida. Así lo prueba el Atlas de Mortalidad en Áreas Pequeñas de España, elaborado por un equipo de investigadores del departamento de Ciencias Experimentales de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y publicado en 2001. El Atlas, que divide España en más 2.200 áreas, refleja que en la mitad sur se vive menos que en la mitad norte, y que son las tres provincias occidentales de Andalucía: Huelva, Sevilla, y sobre todo, Cádiz, las que concentran el mayor riesgo de mortalidad. El riesgo de morir en estos municipios del Sur es un 20 por ciento mayor que en el resto del Estado.

            Joan Benach, profesor del citado centro universitario y miembro del equipo de investigadores del Atlas, declaró durante una conferencia en el Campo de Gibraltar que la Junta de Andalucía debía afrontar el problema, buscando los motivos reales. Motivos que pudieran ser medioambientales, socioeconómicos, laborales e históricos. En este sentido, consideró necesario la dedicación de los recursos necesarios, “para saber qué está ocurriendo”. Para ello, apostó por establecer un grupo científico de investigación multidisciplinar e independiente.

            A este respecto, señaló  que dicho trabajo ocuparía varios años y que sospechaba que el medio ambiente, “está jugando un papel importante”, aunque insistió en el problema “puede ser una mezcla de causas”. Para  el profesor, hacer frente a la situación no podía demorarse más tiempo. “Tenemos muy poca información”, aseveró.

Si la mortalidad en estas zonas del noreste de Andalucía fuese igual a la del resto de España, se evitaría cada año la muertes de 35.000 personas 

            Este patrón geográfico permanece inalterable desde que se hiciera el primer estudio, publicado en 1995. El último de ellos, que alcanza hasta 2001 mantiene esta dinámica, y en todo caso la aumenta.

En esa línea, la mortalidad en los últimos 25 años en la zona, donde se concentra un importante polo petroquímico y una gran acería, es superior al resto de la provincia y de Andalucía, según los estudios de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Hecho que quedó patente en las III Jornadas de Salud celebradas en 2002 en la ciudad campogibraltareña de La Línea, donde se dio a conocer que todos los años más de  500 personas mueren de cáncer en la comarca y que la esperanza de vida en la ciudad de La Línea es la más baja de toda la provincia de Cádiz

Ha sido el  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el organismo  que  recomendó a la Junta de Andalucía la reducción de las emisiones de dióxido de azufre y de níquel en la comarca, tras el estudio realizado sobre contaminación atmosférica en la zona. Dichas emisiones estaban en el límite o superaban los propuestos por la Unión Europea. Estas conclusiones formaban parte de la investigación del Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar, que titula la propia Junta de Andalucía.

El ministerio de Medio Ambiente, en su Informe de Verificación de Emisiones de 2007, publicado en mayo del siguiente año, revelaba la desviación sobre el techo máximo de emisiones  de dióxido de carbono de origen industrial, y que situaba en el 3,68 por ciento (330.329 toneladas más), por encima de los límites determinados por Kyoto para ese año. La comarca cuenta con catorce instalaciones industriales que se rigen por este acuerdo internacional. De ellas sólo cuatro (Cepsa, Acerinox, Torraspapel y Cerámica La Esperanza) fueron las únicas que cumplieron con esos objetivos.

Por su parte, el Observatorio para la Sostenibilidad de España (OSE) en su informe sobre la calidad del aire en las ciudades, según publicaba el diario de Algeciras Europa Sur en su número del 20 de agosto de 2009, recogía que los habitantes de las poblaciones campogibraltareñas de San Roque y Los Barrios tienen una probabilidad más alta de sufrir cáncer como consecuencia de la presencia industrial en sus respectivos términos municipales. El estudia aludía a que la presencia de la industria química, energética y de metales pueden elevar la mortandad entre sus poblaciones en un 15 por ciento respecto  a la media.

Para colmo de males a finales de mayo de 1998 se produjo un accidente radiactivo en la empresa de acero Acerinox, situada en el término de Los Barrios. La acería fundió chatarra radiactiva, probablemente procedente de algún país del antiguo Este europeo. El escape fue de cesio 137, un isótopo muy volátil y con una vida media de 30 años. Los efectos fueron detectados en Francia e Italia. Sin embargo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) señaló que los vientos reinantes habían desplazado la nube radiactiva sin afectar a España. La asociación ecologista Verdemar denunció que un accidente similar se había producido en octubre del año anterior, aunque la empresa lo negó.

A todo ello se une la estancia de submarinos británicos de propulsión nuclear en la colonia de Gibraltar. La situación adquirió especial gravedad con el remolque del  sumergible “Tireless”, que permaneció averiado en el Peñón, hasta que fue reparado, y que provocó la movilización de la sociedad campogibraltareña, a excepción de los miembros del Partido Popular, entonces gobernante.

            Aparte de que la cuestión mediambiental tendrá un protagonismo importante en este grave problema, el triángulo de la muerte de las citadas provincias permanece inalterable desde 1915, especialmente las de Cádiz y Sevilla. Indudablemente, la mezcla de factores que anticipaba el profesor Benach, estaría presente.

            A este respecto, en mayo de este año, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) difundió los resultados de varios estudios de salud pública entre sus profesionales. En ellos se concluía, contradiciendo los estudios antes citados,  que no se hallaba relación entre la cercanía a un foco de contaminación y el mayor riesgo de muerte por tumor. Del mismo modo, se aludió a un  estudio sin publicar, realizado por el epidemiólogo Antonio Escolar, dando cuenta que antes de la implantación industrial, ya existía una sobremortalidad, atribuible a la estructura socioeconómica de la zona y su relación con Gibraltar, en cuanto al consumo de tabaco.

            En cualquier caso, ambas combinaciones: contaminación industrial y el subdesarrollo e interdependencia a que fue sometida históricamente la comarca, ha llevado una realidad incuestionable: el Campo de Gibraltar forma parte del terrible triángulo de mayor mortalidad dentro de España.

LOS “UTÓPICOS” DEL 15-M

Nos lamentábamos de la pasividad de la sociedad española ante los graves problemas que aquejan a la mayor parte de la población. También de la falta de respuestas de los jóvenes, precisamente uno de los sectores más golpeados por la crisis. Y en eso, se produce la gran protesta del 15 de mayo en demanda de una democracia real. Muchas plazas se llenaron  solicitando un cambio de rumbo. Se les ha llamado los indignados,  por la influencia del libro de Stéphane Hessel ¡Indignaos! en los jóvenes europeos.

Ahora tras las elecciones que, con excepciones como en el País Vasco, ha supuesto una barrida de los conservadores, se tilda de utópicos y antisistemas a los participantes de esas protestas. Las elecciones pusieron a cada uno en su sitio y los indignados ya no cuentan ni preocupan. Son un problema de salubridad, en el sentido más estricto de la palabra, y se les desaloja a palos como ha ocurrido en Barcelona.

Aún reconociendo que la utopía también está presente en la protesta -de la que toman parte también personas de todas las edades-, no se hace para situarse fuera del sistema sino para que este cambie y sea representativo de todos. Se solicita que caigan las barreras de la Ley Electoral que impiden que las formaciones pequeñas tengan representación en las instituciones, y que sólo fomenta el bipartidismo; se apuesta por la transparencia en la financiación de los partidos que conduce, en muchos casos, a la corrupción política; se muestra el rechazo a que los imputados judicialmente formen parte de las listas electorales; se denuncia la alta tasa de paro juvenil que alcanza el 40 por ciento y la reforma laboral aprobada el pasado año que permite a las empresas el despido con indemnizaciones de 20 días por año trabajado; la elevación de la edad de jubilación a los 67 años y la ampliación a 25 años del periodo de cálculo para la base reguladora, o el replanteamiento del sistema financiero, donde el Gobierno ha tenido que recapitalizar bancos y cajas, que habían campado en el mundo del ladrillo, y donde cuentan con cerca de 150.000 millones de euros en activo potencialmente problemáticos, lo que supone el 15 por ciento del Producto Interior Bruto. Estos planteamientos no son utopía alguna. Es la pura realidad que afecta  a la ciudadanía de una manera implacable. Los bancos,  a los que no se les ha pedido responsabilidades –en Islandia sí se ha hecho- no dan créditos y los ciudadanos no pueden hacer frente a las hipotecas. 

            En este sentido, se actúa al dictado de los grandes poderes económicos y de potencias como Alemania, produciéndose una verdadera pérdida de soberanía.

            El empobrecimiento es general. Los funcionarios han visto disminuidos sus honorarios de una manera drástica y el desempleo puede alcanzar la barrera psicológica de los cinco millones de parados. En Andalucía, que desde la Junta se llamaba “imparable” en el sentido de su supuesto rápido crecimiento, se ha logrado otra triste marca: primera comunidad en tasa de paro, el 29,68 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referidos al pasado mes de abril. Y dentro de ello, cuatro provincias (Almería, Cádiz, Málaga y Huelva) superan ya el 30 por ciento.

            Hay muchas razones para la indignación. Y tras ella, como ha declarado Hessel, se tiene que dar el paso hacia el compromiso. Y así está ocurriendo con el traslado del movimiento a los barrios de las ciudades y a la universidad, con el funcionamiento de comisiones que trabajan para sensibilizar a la población y proponer soluciones.

            No sabemos si esta saludable respuesta ciudadana tendrá la necesaria continuidad, o se desvanecerá en los próximos meses. Lo cierto es que se necesita ese compromiso que, como ha quedado demostrado, en Andalucía es cada vez más necesario.

EL GUADALQUIVIR, UN RÍO ANDALUZ

Lo aprendimos desde niño: el Guadalquivir nace en la sierra de Cazorla y desemboca en el Atlántico por Sanlúcar de Barrameda. Un recorrido netamente andaluz a lo largo de sus más de 650 kilómetros.

El Guadalquivir es navegable desde el mar hasta Sevilla y en otros tiempos lo fue hasta Córdoba.  Los árabes lo llamaron al-Kabir (río Grande), los romanos río Betis. Su cuenca hidrográfica abarca a los ocho provincias andaluzas. Más del 90 por ciento de su caudal discurre por territorio andaluz. Más de cuatro millones de andaluces dependen del río y el 47, 5 % de sus aguas se destinan al principal recurso económico tras el turismo: el cultivo  del olivo. Entre Sevilla y el estuario se encuentran las Marismas del Guadalquivir. Sin embargo. El Tribunal Constitucional, atendiendo el recurso del entonces presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra contra el artículo 51 del reformado Estatuto Andaluz, que reconocía las competencias exclusivas de Andalucía sobre el río, ha declarado inconstitucional el referido artículo.

            Al objeto de salvaguardar una posible inconstitucionalidad en base a la unidad de cuenca, el Parlamento andaluz estableció que la competencia de la comunidad sólo sería sobre las aguas que discurren por su territorio, nunca sobre las del resto de comunidades (7,1 % Castilla-La Mancha; 2,4 Extremadura y 0,2 Murcia). Asimismo, de los 56 embalses, cuatro no fueron transferidos, a pesar de que dos de ellos El Pintado y Jándula están en territorio andaluz. El primero tiene la presa en Sevilla pero una parte importante del embalse se halla en tierras extremeñas, y el segundo porque una parte de sus aguas sirven de riego a Ciudad Real.

            La anulación del artículo 51 por el Constitucional se hace sobre una gestión ya transferida desde hace dos años. Ello supuso que el Parlamento andaluz aprobase la Ley de Aguas, llevándose a cabo la integración del personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Agencia Andaluza del Agua (849 trabajadores). La transferencia económica se fijó en 70 millones de euros, tras descontarse 52 millones de ingresos provenientes de la gestión del río. Por lo tanto, no se trata, como ocurrió con la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, de competencias pendientes de ponerse en marcha.

            En este sentido, los presidentes Zapatero y Griñán se han comprometido a buscar una salida que garantice la seguridad jurídica hasta que se aplique la normativa que permita la gestión andaluza de la cuenca del Guadalquivir. Hay suficientes razones para que la Junta continúe con la gestión de los recursos del río en una España descentralizada. Sin menoscabo del principio de solidaridad con otras tierras y, sin olvidar, la significación histórica y cultural que el Guadalquivir tiene como parte consustancial de Andalucía.

ENERGÍA NUCLEAR Y ELECCIONES

 

Hablar de la energía nuclear resulta actualmente incómodo para muchos políticos. La triste actualidad del seísmo de Japón y los gravísimos efectos sobre la central de Fukushima, ha enmudecido a los políticos valedores de una energía que no es tan segura como vienen propagando con inusitado entusiasmo. No se quieren correr riesgos electorales, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de la canciller alemana Ángela Merkel en los comicios del estado federado de Baden-Württemberg, donde su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), que gobernaba este territorio desde la II Guerra Mundial, ha perdido en beneficio de los Verdes, que podrán gobernar en coalición con los socialdemócratas. Temiendo lo que se avecinaba Merkel mandó paralizar las siete plantas más antiguas de Alemania, y se apresuró a declarar que la energía atómica, “no está preparada para hacer frente a la violencia natural”.

            Los Verdes también hicieron perder la mayoría absoluta a los socialdemócratas en Renamia-Palatinado. El rechazo a las nucleares ha sido en ambos casos –y no serán los únicos- la causa de la subida de los ecologistas en Alemania.

            En España, enfriados los discursos pronucleares del Partido Popular y de destacados socialistas, se habla con más fuerza de las energías renovables. Según el Balance Energético de 2010 esta fuente energética se convirtió en la principal de dicho ejercicio, aportando el 33,3 de la electricidad generada, siete puntos más que en el año anterior. Por detrás se situaron las restantes: ciclos combinados (gas natural) 22%, nuclear 20 %, carbón 8 %, y petróleo, 4 %

            Por su parte, el director general de la Agencia Andaluza de la Energía, Francisco Bas declaró recientemente en Algeciras, que aún recociendo la importancia de la nuclear, las renovables son la apuesta del futuro. Y añadió: “Andalucía a través de esta fuente tiene un gran potencial y recursos suficientes para que con el paso del tiempo pueda autoabastecerse”. Buena prueba de ello es la reciente apertura por Iberdrola Renovables,  del mayor parque eólico de Europa en la comarca onubense del Andévalo.

            En Andalucía, donde se cuenta con el  cementerio nuclear de El Cabril, que el año pasado recibió 1.653,78 metros cúbicos de residuos radiactivos, se ha abierto un debate, donde, por fortuna, la Junta parece apostar por las renovales. El propio consejero de Medio Ambiente, Díaz Trillo advirtió del riesgo nuclear, recordando el maremoto que afectó a buena parte de Andalucía a mediados del siglo XVIII.

            Por su parte Izquierda Unida ha presentado una iniciativa parlamentaria para declarar a Andalucía “zona libre de instalaciones nucleares”. Es saludable que, mientras  a nivel del Estado, los grandes partidos tratan de obviar la discusión, en Andalucía tenga lugar un vivo debate.

            Hay que tener presente que a pesar de la moratoria nuclear establecida por el entonces presidente Felipe González, son muchos los que opinan que con la liberación del sector eléctrico de 1997, se puso fin a dicha moratoria, pues la norma promulgada facilita que las empresas del sector puedan construir cualquier tipo de instalación para la producción energética.

            Ante ello, y los enormes riesgos de las centrales nucleares, puesto de manifiesto en Japón, cuyo alcance todavía desconocemos, es necesario que los partidos políticos se definan claramente sin actuar con un doble lenguaje. Que los ciudadanos sepamos qué vamos a votar en los diferentes comicios que se avecinan.

           

ANDALUCÍA ANTE LA GLOBALIZACIÓN

La globalización, entendida a la manera mercantilista, puede convertirse en un totalitarismo que sacrifique la diversidad, donde incluso instituciones como el Banco Central Europeo, el Banco Mundial o el capitalismo monopolista de las multinacionales, escapen al control democrático. Los políticos se convertirán en meros peones del sistema y los ciudadanos en consumidores. La actual crisis económica es buena muestra de ello. La movilidad de capitales y el auge de los mercados financieros mundiales es uno de los grandes elementos impuestos por la globalización. Pero cuando estos inseguros mercados se derrumban las causas son de enorme gravedad. La quiebra de entidades financieras y las caídas en los tipos de cambio llevan directamente a un aumento de la pobreza y un elevado desempleo.

            La sociedad de la información y la comunicación es también la de la manipulación, donde se construye una realidad paralela e interesada a los poderes del dinero y de los intereses geoestratégicos de los poderosos. Y en ese sentido, la pérdida de identidad y la desmovilización social van parejas a la dependencia de esos poderes.

            Ese superpoder, marginador de la política, está consiguiendo que ésta  se convierta en un instrumento inútil para resolver los grandes problemas. A ello se une que  muchos de estos problemas no se dirimen en el ámbito del Estado.

Andalucía es víctima de esa globalización dirigida por el poder financiero, amparado en las políticas neoliberales. Un ejemplo de ello es que en nuestra comunidad las refinadoras de aceite están en manos de las multinacionales. Ha ocurrido con empresas cerveceras tradicionales, sin que por ello la economía andaluza deje de ser extractiva sobre la productiva. Ese papel de subordinación hace que la economía se planifique en beneficio de otros. La pérdida de control de los recursos propios y dependencia económica aleja del desarrollo. Lo local no tiene importancia para un capitalismo que no tiene reparos en cerrar fábricas para situar la producción en países del Tercer Mundo, donde la mano de obra es mucho más barata y donde la explotación del trabajador es consentida por los propios gobiernos.

            El reto es situar al hombre por encima del Estado. La ética del Estado al servicio del hombre. Y en el caso de Andalucía, las nuevas realidades se habrán de adaptar a la realidad cultural andaluza. La propia idiosincrasia del pueblo andaluz es incompatible con los postulados de una globalización donde prima la competitividad y el individualismo. No me refiero a crear nuevas fronteras, sino a establecer espacios que protejan las identidades y culturas nacionales.

Habrá, por tanto, que profundizar en los aspectos de la identidad andaluza, y anteponer la sociedad civil sobre la dinámica globalizadora dirigida por los ricos. La globalización de la tecnología, de la medicina, de aquellos aspectos que sean un beneficio extensible a todas las naciones serán bienvenidos, pero cuando la lógica del mercado es la que impone su criterio sobre la “aldea global”, la situación será la del dominio reiterado y fortalecido del Norte sobre el Sur, de los de siempre, del poder del dinero sobre los derechos de los ciudadanos.

Decididamente el poder político debe actuar en beneficio del reparto de la riqueza, de la distribución justa de los servicios, del respeto a los derechos de los ciudadanos y el fortalecimiento de la identidad.