Nos lamentábamos de la pasividad de la sociedad española ante los graves problemas que aquejan a la mayor parte de la población. También de la falta de respuestas de los jóvenes, precisamente uno de los sectores más golpeados por la crisis. Y en eso, se produce la gran protesta del 15 de mayo en demanda de una democracia real. Muchas plazas se llenaron solicitando un cambio de rumbo. Se les ha llamado los indignados, por la influencia del libro de Stéphane Hessel ¡Indignaos! en los jóvenes europeos.
Ahora tras las elecciones que, con excepciones como en el País Vasco, ha supuesto una barrida de los conservadores, se tilda de utópicos y antisistemas a los participantes de esas protestas. Las elecciones pusieron a cada uno en su sitio y los indignados ya no cuentan ni preocupan. Son un problema de salubridad, en el sentido más estricto de la palabra, y se les desaloja a palos como ha ocurrido en Barcelona.
Aún reconociendo que la utopía también está presente en la protesta -de la que toman parte también personas de todas las edades-, no se hace para situarse fuera del sistema sino para que este cambie y sea representativo de todos. Se solicita que caigan las barreras de la Ley Electoral que impiden que las formaciones pequeñas tengan representación en las instituciones, y que sólo fomenta el bipartidismo; se apuesta por la transparencia en la financiación de los partidos que conduce, en muchos casos, a la corrupción política; se muestra el rechazo a que los imputados judicialmente formen parte de las listas electorales; se denuncia la alta tasa de paro juvenil que alcanza el 40 por ciento y la reforma laboral aprobada el pasado año que permite a las empresas el despido con indemnizaciones de 20 días por año trabajado; la elevación de la edad de jubilación a los 67 años y la ampliación a 25 años del periodo de cálculo para la base reguladora, o el replanteamiento del sistema financiero, donde el Gobierno ha tenido que recapitalizar bancos y cajas, que habían campado en el mundo del ladrillo, y donde cuentan con cerca de 150.000 millones de euros en activo potencialmente problemáticos, lo que supone el 15 por ciento del Producto Interior Bruto. Estos planteamientos no son utopía alguna. Es la pura realidad que afecta a la ciudadanía de una manera implacable. Los bancos, a los que no se les ha pedido responsabilidades –en Islandia sí se ha hecho- no dan créditos y los ciudadanos no pueden hacer frente a las hipotecas.
En este sentido, se actúa al dictado de los grandes poderes económicos y de potencias como Alemania, produciéndose una verdadera pérdida de soberanía.
El empobrecimiento es general. Los funcionarios han visto disminuidos sus honorarios de una manera drástica y el desempleo puede alcanzar la barrera psicológica de los cinco millones de parados. En Andalucía, que desde la Junta se llamaba “imparable” en el sentido de su supuesto rápido crecimiento, se ha logrado otra triste marca: primera comunidad en tasa de paro, el 29,68 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referidos al pasado mes de abril. Y dentro de ello, cuatro provincias (Almería, Cádiz, Málaga y Huelva) superan ya el 30 por ciento.
Hay muchas razones para la indignación. Y tras ella, como ha declarado Hessel, se tiene que dar el paso hacia el compromiso. Y así está ocurriendo con el traslado del movimiento a los barrios de las ciudades y a la universidad, con el funcionamiento de comisiones que trabajan para sensibilizar a la población y proponer soluciones.
No sabemos si esta saludable respuesta ciudadana tendrá la necesaria continuidad, o se desvanecerá en los próximos meses. Lo cierto es que se necesita ese compromiso que, como ha quedado demostrado, en Andalucía es cada vez más necesario.
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