En enero de 1966, en plena Guerra Fría, dos aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos chocaron en vuelo, cayendo las cuatro bombas nucleares que portaba uno de ellos, un B-52, que era respostado por un avión nodriza de la base norteamericana de Morón de la Frontera. Hubo cuatro muertos en el accidente y los artefactos se precipitaron sobre la pedanía almeriense de Palomares, perteneciente al municipio de Cuevas de Almanzora.
Tres de las bombas impactaron contra el suelo, detonando el explosivo convencional y liberando plutonio. La cuarta cayó al mar. Las primeras fueron localizadas a los pocos días, mientras que la otra fue rescatada ochenta días más tarde por un submarino norteamericano, evitando una catástrofe de grandes dimensiones.
Para restar importancia se ocultó la gravedad del caso, incluso el ministro de Información y Turismo Manuel Fraga se bañó en las aguas de Palomares, acompañado del embajador de los Estados Unidos.
Aunque la catástrofe podía haber sido de una magnitud enorme de haberse producido la explosión de los artefactos, la nube radiactiva afectó a una zona de 226 hectáreas, incluyendo sectores urbanos, campos de cultivo y monte bajo.
En principio el Ejército norteamericano trasladó a su país 1.700 toneladas de tierra contaminada y pasó a desentenderse del problema. Las únicas voces discordantes fueron las de los campesinos afectados, dirigidos por Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, que solicitaron indemnizaciones. Estas protestas costaron a la conocida como la duquesa Roja, un procesamiento y ocho meses de cárcel.
El régimen franquista jamás pidió responsabilidades a los Estados Unidos y quiso tapar la gravedad del accidente en una Andalucía sometida a la emigración y a la colonización interior.
Avanzada la democracia, los seguimientos realizados por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) indicaron en 1996 que la contaminación radiactiva en el aire y los cultivos era muy alta. En 2001 este organismo estatal realizó nuevas muestras de suelo, comprobando que el nivel de radiación era 20 veces superior al considerado como aceptable para zonas habitadas. Un estudio sobre la radiación enterrada, culminado en 2008, dio cuenta que 50.000 metros cúbicos de tierra se hallaban afectados con medio kilo de plutonio.
El entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, solicitó a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que Estados Unidos pagase parte de la limpieza de plutonio y se llevase la tierra contaminada, pero ésta respondió dando largas al asunto. En esa actitud se ha reafirmado recientemente el Departamento de Estado, que hizo pública una nota afirmando que no se había tomado ninguna decisión al respecto.
A estas alturas son ganas de molestar, dirán en el gobierno de esa superpotencia para la que Palomares no es más que un episodio pasado en un país lejano. Mientras que ese pequeño pueblo andaluz, desgraciadamente conocido por la caída de bombas atómicas, sigue con su vida hipotecada.
No hay comentarios:
Publicar un comentario