La población andaluza
comprendida entre los 15 y 29 años es el sector de población más castigado por
la crisis. Entre los menores de 25 años la situación es especialmente grave,
pues la tasa de paro alcanza el 59,3%. La temporabilidad laboral, por otro
lado, afecta al 63,7 % de los jóvenes andaluces, la más alta de España.
En
Cádiz, la provincia de más paro del Estado (42 %), el desempleo en menores de
30 años supone el 69 %. Por eso, no ha extrañado a más de uno que los gaditanos
del casco histórico, farolillo rojo de situaciones de pobreza dentro de la
capital, votaran “a la griega” en las pasadas elecciones autonómicas. Podemos
triunfó en el 90 % de las mesas. Y en las municipales se ha colocado con ocho concejales y posibilidades de gobernar ante la debacle del PP, que ha perdido la mayoría absoluta en la capital gaditana.
En
conjunto, la comunidad autónoma andaluza ocupa el primer puesto entre las
regiones europeas con mayor índice de paro, según los datos recientes ofrecidos
por Eurostat.
A Andalucía le siguen otras cuatro comunidades españolas. Un triste
balance, que tiene el desenlace normal en estas situaciones: en tres años el
número de españoles que ha emigrado se acerca a los 200.000.
Cuando desde el Gobierno se nos anuncia a bombo y
platillo que la crisis ha quedado atrás, los recortes sin precedentes sufridos
ha ahondado en la desigualdad y ha llevado a un país más empobrecido.
Lo
peor de todo no es que esa pobreza sea negada desde instancias gubernamentales,
lo peor, como declaró Jorge Nuño, secretario general de Cáritas para Europa, es
que se crea que ello es normal. En este sentido, Nuño avisó de que el empobrecimiento
y la desigualdad en España se están convirtiendo en estructural.
Siempre se ha dicho
que España es un país de contrastes. Ahora lo es mucho más. Un ejemplo, el
consejero delegado del Banco de Santander Javier Marín, del que recientemente
se anunciaba, que no se le atribuiría ninguna responsabilidad en la entidad, si
optara por la prejubilación, a la que tienen derecho
los consejeros, cobraría unos 800.000 euros anuales. Y de manera reconocida
conocemos un último dato, mientras que los sueldos de los trabajadores
continúan bajando, el de los directivos de empresas subió un 10 %, ampliándose
la brecha salarial considerablemente.
Por otro lado,
muchas familias llegan a final de mes a duras penas, requieren de la ayuda de
Cáritas y de los comedores sociales o, simplemente, observan como sus hijos se ven
obligados a emigrar. Definitivamente, España es un país de contrastes, de
contrastes sociales.
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