LOS “UTÓPICOS” DEL 15-M

Nos lamentábamos de la pasividad de la sociedad española ante los graves problemas que aquejan a la mayor parte de la población. También de la falta de respuestas de los jóvenes, precisamente uno de los sectores más golpeados por la crisis. Y en eso, se produce la gran protesta del 15 de mayo en demanda de una democracia real. Muchas plazas se llenaron  solicitando un cambio de rumbo. Se les ha llamado los indignados,  por la influencia del libro de Stéphane Hessel ¡Indignaos! en los jóvenes europeos.

Ahora tras las elecciones que, con excepciones como en el País Vasco, ha supuesto una barrida de los conservadores, se tilda de utópicos y antisistemas a los participantes de esas protestas. Las elecciones pusieron a cada uno en su sitio y los indignados ya no cuentan ni preocupan. Son un problema de salubridad, en el sentido más estricto de la palabra, y se les desaloja a palos como ha ocurrido en Barcelona.

Aún reconociendo que la utopía también está presente en la protesta -de la que toman parte también personas de todas las edades-, no se hace para situarse fuera del sistema sino para que este cambie y sea representativo de todos. Se solicita que caigan las barreras de la Ley Electoral que impiden que las formaciones pequeñas tengan representación en las instituciones, y que sólo fomenta el bipartidismo; se apuesta por la transparencia en la financiación de los partidos que conduce, en muchos casos, a la corrupción política; se muestra el rechazo a que los imputados judicialmente formen parte de las listas electorales; se denuncia la alta tasa de paro juvenil que alcanza el 40 por ciento y la reforma laboral aprobada el pasado año que permite a las empresas el despido con indemnizaciones de 20 días por año trabajado; la elevación de la edad de jubilación a los 67 años y la ampliación a 25 años del periodo de cálculo para la base reguladora, o el replanteamiento del sistema financiero, donde el Gobierno ha tenido que recapitalizar bancos y cajas, que habían campado en el mundo del ladrillo, y donde cuentan con cerca de 150.000 millones de euros en activo potencialmente problemáticos, lo que supone el 15 por ciento del Producto Interior Bruto. Estos planteamientos no son utopía alguna. Es la pura realidad que afecta  a la ciudadanía de una manera implacable. Los bancos,  a los que no se les ha pedido responsabilidades –en Islandia sí se ha hecho- no dan créditos y los ciudadanos no pueden hacer frente a las hipotecas. 

            En este sentido, se actúa al dictado de los grandes poderes económicos y de potencias como Alemania, produciéndose una verdadera pérdida de soberanía.

            El empobrecimiento es general. Los funcionarios han visto disminuidos sus honorarios de una manera drástica y el desempleo puede alcanzar la barrera psicológica de los cinco millones de parados. En Andalucía, que desde la Junta se llamaba “imparable” en el sentido de su supuesto rápido crecimiento, se ha logrado otra triste marca: primera comunidad en tasa de paro, el 29,68 por ciento, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referidos al pasado mes de abril. Y dentro de ello, cuatro provincias (Almería, Cádiz, Málaga y Huelva) superan ya el 30 por ciento.

            Hay muchas razones para la indignación. Y tras ella, como ha declarado Hessel, se tiene que dar el paso hacia el compromiso. Y así está ocurriendo con el traslado del movimiento a los barrios de las ciudades y a la universidad, con el funcionamiento de comisiones que trabajan para sensibilizar a la población y proponer soluciones.

            No sabemos si esta saludable respuesta ciudadana tendrá la necesaria continuidad, o se desvanecerá en los próximos meses. Lo cierto es que se necesita ese compromiso que, como ha quedado demostrado, en Andalucía es cada vez más necesario.

EL GUADALQUIVIR, UN RÍO ANDALUZ

Lo aprendimos desde niño: el Guadalquivir nace en la sierra de Cazorla y desemboca en el Atlántico por Sanlúcar de Barrameda. Un recorrido netamente andaluz a lo largo de sus más de 650 kilómetros.

El Guadalquivir es navegable desde el mar hasta Sevilla y en otros tiempos lo fue hasta Córdoba.  Los árabes lo llamaron al-Kabir (río Grande), los romanos río Betis. Su cuenca hidrográfica abarca a los ocho provincias andaluzas. Más del 90 por ciento de su caudal discurre por territorio andaluz. Más de cuatro millones de andaluces dependen del río y el 47, 5 % de sus aguas se destinan al principal recurso económico tras el turismo: el cultivo  del olivo. Entre Sevilla y el estuario se encuentran las Marismas del Guadalquivir. Sin embargo. El Tribunal Constitucional, atendiendo el recurso del entonces presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra contra el artículo 51 del reformado Estatuto Andaluz, que reconocía las competencias exclusivas de Andalucía sobre el río, ha declarado inconstitucional el referido artículo.

            Al objeto de salvaguardar una posible inconstitucionalidad en base a la unidad de cuenca, el Parlamento andaluz estableció que la competencia de la comunidad sólo sería sobre las aguas que discurren por su territorio, nunca sobre las del resto de comunidades (7,1 % Castilla-La Mancha; 2,4 Extremadura y 0,2 Murcia). Asimismo, de los 56 embalses, cuatro no fueron transferidos, a pesar de que dos de ellos El Pintado y Jándula están en territorio andaluz. El primero tiene la presa en Sevilla pero una parte importante del embalse se halla en tierras extremeñas, y el segundo porque una parte de sus aguas sirven de riego a Ciudad Real.

            La anulación del artículo 51 por el Constitucional se hace sobre una gestión ya transferida desde hace dos años. Ello supuso que el Parlamento andaluz aprobase la Ley de Aguas, llevándose a cabo la integración del personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Agencia Andaluza del Agua (849 trabajadores). La transferencia económica se fijó en 70 millones de euros, tras descontarse 52 millones de ingresos provenientes de la gestión del río. Por lo tanto, no se trata, como ocurrió con la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, de competencias pendientes de ponerse en marcha.

            En este sentido, los presidentes Zapatero y Griñán se han comprometido a buscar una salida que garantice la seguridad jurídica hasta que se aplique la normativa que permita la gestión andaluza de la cuenca del Guadalquivir. Hay suficientes razones para que la Junta continúe con la gestión de los recursos del río en una España descentralizada. Sin menoscabo del principio de solidaridad con otras tierras y, sin olvidar, la significación histórica y cultural que el Guadalquivir tiene como parte consustancial de Andalucía.

ENERGÍA NUCLEAR Y ELECCIONES

 

Hablar de la energía nuclear resulta actualmente incómodo para muchos políticos. La triste actualidad del seísmo de Japón y los gravísimos efectos sobre la central de Fukushima, ha enmudecido a los políticos valedores de una energía que no es tan segura como vienen propagando con inusitado entusiasmo. No se quieren correr riesgos electorales, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de la canciller alemana Ángela Merkel en los comicios del estado federado de Baden-Württemberg, donde su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), que gobernaba este territorio desde la II Guerra Mundial, ha perdido en beneficio de los Verdes, que podrán gobernar en coalición con los socialdemócratas. Temiendo lo que se avecinaba Merkel mandó paralizar las siete plantas más antiguas de Alemania, y se apresuró a declarar que la energía atómica, “no está preparada para hacer frente a la violencia natural”.

            Los Verdes también hicieron perder la mayoría absoluta a los socialdemócratas en Renamia-Palatinado. El rechazo a las nucleares ha sido en ambos casos –y no serán los únicos- la causa de la subida de los ecologistas en Alemania.

            En España, enfriados los discursos pronucleares del Partido Popular y de destacados socialistas, se habla con más fuerza de las energías renovables. Según el Balance Energético de 2010 esta fuente energética se convirtió en la principal de dicho ejercicio, aportando el 33,3 de la electricidad generada, siete puntos más que en el año anterior. Por detrás se situaron las restantes: ciclos combinados (gas natural) 22%, nuclear 20 %, carbón 8 %, y petróleo, 4 %

            Por su parte, el director general de la Agencia Andaluza de la Energía, Francisco Bas declaró recientemente en Algeciras, que aún recociendo la importancia de la nuclear, las renovables son la apuesta del futuro. Y añadió: “Andalucía a través de esta fuente tiene un gran potencial y recursos suficientes para que con el paso del tiempo pueda autoabastecerse”. Buena prueba de ello es la reciente apertura por Iberdrola Renovables,  del mayor parque eólico de Europa en la comarca onubense del Andévalo.

            En Andalucía, donde se cuenta con el  cementerio nuclear de El Cabril, que el año pasado recibió 1.653,78 metros cúbicos de residuos radiactivos, se ha abierto un debate, donde, por fortuna, la Junta parece apostar por las renovales. El propio consejero de Medio Ambiente, Díaz Trillo advirtió del riesgo nuclear, recordando el maremoto que afectó a buena parte de Andalucía a mediados del siglo XVIII.

            Por su parte Izquierda Unida ha presentado una iniciativa parlamentaria para declarar a Andalucía “zona libre de instalaciones nucleares”. Es saludable que, mientras  a nivel del Estado, los grandes partidos tratan de obviar la discusión, en Andalucía tenga lugar un vivo debate.

            Hay que tener presente que a pesar de la moratoria nuclear establecida por el entonces presidente Felipe González, son muchos los que opinan que con la liberación del sector eléctrico de 1997, se puso fin a dicha moratoria, pues la norma promulgada facilita que las empresas del sector puedan construir cualquier tipo de instalación para la producción energética.

            Ante ello, y los enormes riesgos de las centrales nucleares, puesto de manifiesto en Japón, cuyo alcance todavía desconocemos, es necesario que los partidos políticos se definan claramente sin actuar con un doble lenguaje. Que los ciudadanos sepamos qué vamos a votar en los diferentes comicios que se avecinan.

           

ANDALUCÍA ANTE LA GLOBALIZACIÓN

La globalización, entendida a la manera mercantilista, puede convertirse en un totalitarismo que sacrifique la diversidad, donde incluso instituciones como el Banco Central Europeo, el Banco Mundial o el capitalismo monopolista de las multinacionales, escapen al control democrático. Los políticos se convertirán en meros peones del sistema y los ciudadanos en consumidores. La actual crisis económica es buena muestra de ello. La movilidad de capitales y el auge de los mercados financieros mundiales es uno de los grandes elementos impuestos por la globalización. Pero cuando estos inseguros mercados se derrumban las causas son de enorme gravedad. La quiebra de entidades financieras y las caídas en los tipos de cambio llevan directamente a un aumento de la pobreza y un elevado desempleo.

            La sociedad de la información y la comunicación es también la de la manipulación, donde se construye una realidad paralela e interesada a los poderes del dinero y de los intereses geoestratégicos de los poderosos. Y en ese sentido, la pérdida de identidad y la desmovilización social van parejas a la dependencia de esos poderes.

            Ese superpoder, marginador de la política, está consiguiendo que ésta  se convierta en un instrumento inútil para resolver los grandes problemas. A ello se une que  muchos de estos problemas no se dirimen en el ámbito del Estado.

Andalucía es víctima de esa globalización dirigida por el poder financiero, amparado en las políticas neoliberales. Un ejemplo de ello es que en nuestra comunidad las refinadoras de aceite están en manos de las multinacionales. Ha ocurrido con empresas cerveceras tradicionales, sin que por ello la economía andaluza deje de ser extractiva sobre la productiva. Ese papel de subordinación hace que la economía se planifique en beneficio de otros. La pérdida de control de los recursos propios y dependencia económica aleja del desarrollo. Lo local no tiene importancia para un capitalismo que no tiene reparos en cerrar fábricas para situar la producción en países del Tercer Mundo, donde la mano de obra es mucho más barata y donde la explotación del trabajador es consentida por los propios gobiernos.

            El reto es situar al hombre por encima del Estado. La ética del Estado al servicio del hombre. Y en el caso de Andalucía, las nuevas realidades se habrán de adaptar a la realidad cultural andaluza. La propia idiosincrasia del pueblo andaluz es incompatible con los postulados de una globalización donde prima la competitividad y el individualismo. No me refiero a crear nuevas fronteras, sino a establecer espacios que protejan las identidades y culturas nacionales.

Habrá, por tanto, que profundizar en los aspectos de la identidad andaluza, y anteponer la sociedad civil sobre la dinámica globalizadora dirigida por los ricos. La globalización de la tecnología, de la medicina, de aquellos aspectos que sean un beneficio extensible a todas las naciones serán bienvenidos, pero cuando la lógica del mercado es la que impone su criterio sobre la “aldea global”, la situación será la del dominio reiterado y fortalecido del Norte sobre el Sur, de los de siempre, del poder del dinero sobre los derechos de los ciudadanos.

Decididamente el poder político debe actuar en beneficio del reparto de la riqueza, de la distribución justa de los servicios, del respeto a los derechos de los ciudadanos y el fortalecimiento de la identidad.

LOS TÓPICOS SOBRE EL PUEBLO ANDALUZ

Los guionistas televisivos se afanan en introducir personajes subalternos andaluces, de acento exagerado y chiste fácil. Muy parecido al papel que se les asignaba a los norteamericanos de raza negra en las películas de Hollywood de la mayor parte del siglo XX, donde no pasaban de criados y mozos de ferrocarril. Y no es que estas profesiones sean dignas y respetables, es que se pretende mantener un tópico que no es nuevo, que corresponde  a los arquetipos regionales asignados de hace ya mucho tiempo. El andaluz indolente, festivo, flamenco, ocioso –flojo- , como decimos por aquí. En cambio, el catalán, trabajador, intelectual y, también es verdad, ahorrador y más bien tacaño, si bien esto último ligado a su actividad de grandes emprendedores y productores.

El estereotipo televisivo es la consecuencia de un juicio injusto que viene en buena medida del exterior, de viajeros románticos y de otros, como Daniel Defoe y Madame Aulnpy- que no llegaron jamás a pisar tierra andaluza, pero cuyos libros hicieron mucho daño a Andalucía durante más de un siglo. Hubo algunas excepciones como las de Richard Twiss o Mathilda Vetan-Edwards.

La generalización aplicada a todo lo andaluz dibujaban un pueblo primitivo, fatalista, lujurioso y vago en muchos casos. Afirmaciones gratuitas que quedaban muy bien para cierta literatura extranjera, y que permanece, en muchos casos, en el subconsciente de los españoles, para aflorar en la televisión o en el teatro como hoy ocurre, a veces interpretado por andaluces, o por remedos exagerados de andaluces.

En épocas que estuve fuera de Andalucía, me molestaba tanto el andaluz que desdeñaba de su tierra y pretendía adoptar un forma de hablar diferente, para no parecerlo, como el que quería ser excesivamente gracioso, excesivamente andaluz, para agradar o aparecer gracioso. El ser andaluz lleva consigo una gracia especial que no puede ocultarse, pero ello está muy lejos del estereotipo que ya se ha mencionado

Existe un habla andaluza, indudablemente. Y ello es una riqueza de la cultura propia. Un habla muy variada, que Manuel Alvar,  ex presidente de la Real Academia estudió pueblo a pueblo en la década de los cincuenta del siglo pasado. Alvar acabó asombrándose de la fonética, “la más progresista del mundo hispánico”, y la paradoja de convivir con unos de los léxicos, “más arcaizantes de España”. De manera especial destacaba la influencia del andaluz en el español de América (1). El pasado año, la

 Universidad de Granada recopiló una serie de sus artículos en el libro “Estudios sobre las hablas meridionales”

(1) “Recuerdos de medio siglo andaluz”.  El País Andalucía, 19-11-1996. Entrevista de Juan María Rodríguez.

LA DEUDA HISTÓRICA Y ANDALUCÍA COMO ESCENARIO DEL PARTIDISMO

Cuando en marzo de 2010 la Junta de Andalucía y el Gobierno central cerraron el acuerdo para el pago de la Deuda Histórica, algunas comunidades pusieron el grito en el cielo. Exigieron un tratamiento similar y la prensa más conservadora arremetió, una vez más, contra Andalucía, tildando el acuerdo de operación de compra de votos y reavivando el viejo discurso de la indolencia andaluza.

Independientemente de que pueda discutirse el hecho de que el pago acordado se realizaría en solares y otras activos, en vez de en dinero “contante y sonante”, lo cierto es que la única comunidad que había recogido la Deuda Histórica como reivindicación estatutaria había sido Andalucía. Lo hizo en el primer Estatuto, en 1981, y lo incluyó en el actual. Tras los primeros abonos de 1996 quedaban pendientes 784 millones de euros (la cuantía tras un tira y afloja entre ambos gobiernos se fijó en 1.204 millones, de los que la Junta había cobrado en metálico 420).

La reivindicación de la Deuda Histórica surge en plena Transición y tiene su base en el sometimiento de la región al subdesarrollo en beneficio de otros territorios. Esa injusticia heredada trasciende al franquismo, si bien durante dicho régimen, al país andaluz se le asignó un papel subalterno y de periferia de las regiones desarrolladas.

Anteriormente, al contrario que en otros territorios la burguesía agraria andaluza constituyó  un pilar del centralismo, actuando como verdadera oligarquía que impediría la modernización económica. Frente a esa sociedad explotadora, verdadero germen del subdesarrollo andaluz, instalado por largo tiempo, surgiría más tarde la respuesta anarcosindicalista. Y con menor presencia el movimiento de una clase media ilustrada por una Andalucía autónoma, una Andalucía libre, en palabras de Blas Infante.

Desde la ignorancia o la mala fe, las críticas esgrimidas contra la comunidad andaluza, tanto desde el conservadurismo como de los nacionalismos del norte, tratan de obviar la lucha del pueblo andaluz en una etapa relativamente cercana como el tardofranquismo y la Transición. De esa lucha por la autonomía, derivó también la del resarcimiento por el maltrato sufrido por los andaluces, condenados a la emigración como única salida. Ahí surge la Deuda Histórica.

En la España de las autonomías, el País Vasco ha conseguido niveles políticos y financieros privilegiados respecto del resto. Los gobiernos del PSOE y del PP, obligados a pactar cuando no contaban con mayoría absoluta, con los nacionalistas del PNV, o en su caso, con los catalanistas de CiU, aumentaron los beneficios de dichas comunidades. Todo ello sin olvidar el concierto vasco o el régimen especial de Navarra, que nadie pone en cuestión.

            Durante la estancia del Partido Popular en el poder central los enfrentamientos se multiplicaron con el Gobierno socialista andaluz –prefiero denominar así al ejecutivo de la Junta, pues la coalición con el Partido Andalucista en dos legislaturas, no supuso una presencia destacable por parte de los nacionalistas andaluces, que volvieron a perder nuevamente otra oportunidad histórica- el pago se fue atrasando, al igual que el reconocimiento del padrón real de andaluces al objeto de la financiación procedente del Estado. La Junta fue firme y el PSOE rentabilizó esa defensa de los derechos de la comunidad. No obstante, con el cambio producido en el Gobierno de Madrid, y el acceso de los socialistas a dicho poder, el discurso de los responsables andaluces del PSOE fue cambiando.

El entonces secretario de Organización de este partido, Luis Pizarro cuestionó la “filosofía” de la deuda histórica, con el argumento de que Andalucía había superado muchos de sus atrasos seculares. Hasta el delegado del Gobierno José Antonio Viera, a su vez secretario general del PSOE de Sevilla, afirmó que la deuda podría sustanciarse mediante una financiación adicional para corregir las transferencias mal dotadas.

            El propio presidente, Manuel Chaves renunció a la negociación bilateral de la deuda histórica, postergándola hasta la discusión del nuevo sistema de financiación autonómica,  a través de la Comisión Mixta Paritaria Estado-Comunidades Autónomas.

Los socialistas andaluces comenzaron a rebajar las exigencias anteriores . En noviembre de 2003 el Pleno del Parlamento andaluz acordó (votos  favor del PSOE, IU y PA; votos en contra del PP) cifrar la deuda financiera en 4.625 millones de euros. Siete meses después con Zapatero en la Moncloa en lugar de Aznar, la cifra varió hasta la mitad (2.550 millones de euros), para finalmente situarla en la cantidad citada de 1.204 millones.

Los dos grandes partidos han venido utilizando la cuestión según la orientación de Madrid. Interesaba más el juego político estatal que el cerrar una reivindicación plasmada hacía treinta años.

En cualquier caso, el capítulo de la Deuda Histórica quedó cerrado, pero Andalucía tiene mucho trecho por recorrer para poder salir de las posiciones de cola de las comunidades autónomas. Y para ello, los políticos andaluces de cualquier signo, habrán de pensar en ella antes que en los intereses partidistas. Estando también a la altura cuando se le ataca gratuitamente desde más allá de Despeñaperros.

28 DE FEBRERO, LA AUTONOMÍA CONQUISTADA POR EL PUEBLO ANDALUZ

De manera reiterada, cada vez que se habla de reforma constitucional, desde el nacionalismo catalán se advierte de que no puede volverse al “café para todos”. Alusión referida a cuando en los inicios de los ochenta, una vez aprobada la Constitución, se concedió la autonomía a todas las regiones españolas, y no sólo a las denominadas “históricas”, es decir las que ya tenían su estatuto plebiscitado en época de la II República (el levantamiento militar de julio de 1936 evitó que Andalucía lo obtuviese, a pesar de que el anteproyecto estaba redactado). A ello se une en los últimos tiempos el discurso de amplios sectores del conservadurismo de poner en tela de juicio el Estado autonómico, apostando, en todo caso y con escasa convicción, por el mantenimiento de esas nacionalidades históricas.

            La memoria es frágil e interesada. Cuando ahora se alcanzan los 31 años del histórico referéndum de 28 de febrero, hay que recordar que el pueblo andaluz rompió la asimetría que desde el Gobierno de la UCD, se quería imponer a las comunidades no reconocidas como históricas. Los andaluces no estaban dispuestos a seguir protagonizando el papel subalterno al que había sido relegada su tierra.

            Para Andalucía no estaba previsto el café fácil. Para alcanzar el mismo grado autonómico que Euskadi, Cataluña y Galicia: la autonomía plena –la del artículo 151 de la Constitución- debía ser  solicitada por las tres cuartas partes de los ayuntamientos y todas las diputaciones provinciales. Superado con creces esta primera barrera. Esa aspiración institucional debía ser ratificada mediante un referéndum sin precedentes en la historia de España, y en el que habría de obtenerse el voto afirmativo del más del 50 por ciento del censo electoral de cada una de las ocho provincias. A ello se unía que el propio Gobierno de Madrid, controlando la televisión estatal, la única existente, y la mayoría de los medios de la región, solicitó con una fuerte campaña que los andaluces no fueran a votar o que lo hicieran en blanco. Para la campaña institucional la Junta recibió la mitad del dinero que se le había concedido a vascos y catalanes para el refrendo de sus respectivos estatutos. La indignación andaluza fue tremenda y la UCD tuvo dificultades para encontrar en Andalucía interventores y apoderados suficientes, teniendo que recurrir a militantes de distintos puntos de España.

            El pueblo andaluz respondió al reto, pero Almería, donde también se ganó el referéndum, faltaron 20.000 votos para alcanzar la barrera del 50 por ciento del censo. Sin embargo, la victoria política que supuso aquella respuesta obligó a una salida asumida por todo el Congreso de los Diputados.

A Andalucía se le reconocía (mediante dos proposiciones que modificaba la Ley de Referéndum), la autonomía por el artículo 151 en las siete provincias que habían superado las exigencias del 28 de febrero y, posteriormente, Almería se incorporaría a este acuerdo. El 11 de noviembre el Congreso aprobó estas medidas que desbloqueaban la autonomía andaluza, añadiéndosele una enmienda del ex ministro Manuel Clavero, en la que se pedía la retroactividad de la aplicación al 28 de febrero, una fecha que, posteriormente,  sustituiría al 4 de diciembre como día de Andalucía.

El antecedente más inmediato de esa determinación andaluza se hallaba en las grandes manifestaciones del 4 de diciembre de 1977. En esa ocasión más de dos millones  de andaluces salieron a la calle demandando la autonomía. Aquella lucha pacífica se vio empañada con la muerte del joven militante de Comisiones Obreras, José Manuel García  Caparrós, durante la manifestación que tuvo lugar en Málaga.

Pero todavía quedaba superar un nuevo referéndum, el del Estatuto, y que el pueblo andaluz respaldó en octubre de 1981 con el 89,38 por ciento, aunque la participación se redujo en nueve puntos respecto del emblemático 28 de febrero.

Fueron tiempos en los que la “cuestión andaluza” estuvo presente en el debate político. Y la victoria de una tierra relegada por el centralismo, supuso que el planteamiento autonómico previsto, saltara en pedazos: no habría autonomías de primera y de segunda. El pueblo andaluz lo logró, contra viento y marea, el 28 de febrero de 1980.