POR UN 28 DE FEBRERO DIFERENTE

Tiene Andalucía suficiente identidad histórica y cultural para no ir a la zaga de ninguna de las comunidades de España. Es más, su formación como pueblo trasciende a muchos europeos. Si embargo, su fuerte cultura fue españolizada, para ser utilizada como arma contra las sociedades emergentes y diferenciadas del Estado español. Relegada a colonia interior, dentro del esquema capitalista de ese mismo Estado, rescatando los postulados de Blas Infante, el pueblo andaluz despertó un 4 de diciembre de 1977 y en el referéndum del 28 de febrero de 1980. Pero desde entonces, las formaciones políticas democráticas, que, en buena medida, se subieron al carro de un andalucismo interesado –desplazados personajes como Escudero y anulado el único partido andalucista- fueron abandonando el carácter reivindicativo y convirtiendo la fecha histórica del 28-F en una celebración intrascendente.

            En la coyuntura actual, donde la sanidad pública corre verdadero peligro y el paro galopante vuelve a enviar a nuestros jóvenes al extranjero, y donde Andalucía puede quedar relegada en el concierto de las nacionalidades de primera, ganada con movilizaciones y hasta con sangre durante la dictadura y la Transición política, se hace necesario retomar el espíritu que movió a la sociedad andaluza como una sola voz, como un pueblo unido por su dignidad. 

            Este 28-F puede ser el punto de partida para despertar nuevamente de ese letargo. Para que la sociedad civil encuentre los canales para manifestarse a través de unas organizaciones comprometidas con una tierra que necesita de reafirmarse. Que tiene mucho por lo que luchar, comenzando por reavivar su propia conciencia como pueblo.  

LAS DOS CARAS DE LA IGLESIA CATÓLICA

“La Iglesia ha cometido un gran pecado social e histórico en los últimos dos siglos. La aceptación acrítica y la colaboración respecto al sistema capitalista moderno, que responde a una concepción anticristiana del hombre y de la sociedad, y que ha creado una sociedad demasiado injusta, frente a la que la Iglesia ha sido y es demasiado conservadora”. Estas palabras pronunciadas en una conferencia impartida en 1970 por el desaparecido teólogo católico José María Díez-Alegría, y recogidas en su libro Yo creo en la esperanza publicado dos años más tarde, podrían pertenecer al acontecer de nuestros días. En una crisis que ha removido los pilares del Estado del Bienestar, castigando a quienes no la han provocado, el neoliberalismo ha mostrado su rostro más inhumano. Quienes pretendieron ganar más dinero con mayor rapidez y a cualquier precio, quienes engañaron y se pusieron sueldos meteóricos, hoy no tienen que rendir cuenta alguna. Quienes, como buenos “patriotas” guardaron su dinero en paraísos fiscales, gobiernan bancos y muchas de las grandes corporaciones empresariales.

            Manda el dinero, los mercados y, sobre todo la banca alemana, que a través de su gobierno dicta la política a los países que padecen la crisis, como es el caso de España.

            En este escenario, tan poco cristiano pero muy apropósito para que afloren los grandes sentimientos de solidaridad, la Iglesia que, como dijo Díez Alegría hace 42 años, ha actuado como fiel colaboradora de las diferencias sociales, sigue manteniendo una estado de privilegio, muy poco edificante con la terrible realidad de muchos ciudadanos.

            Como antes lo dijeran valientemente religiosos como Díez Alegría, también hoy las comunidades cristianas de base solicitan el giro necesario, que permita una identificación evangélica de la dirección de la Iglesia católica con la realidad social. En este sentido, Gloria Encinas, presidenta del colectivo de Cristianos de Base de Madrid, que agrupa a cientos de comunidades y parroquias, se ha dirigido al presidente del Gobierno, pidiendo la supresión de los acuerdos firmados entre la Santa Sede y el Estado español de 1979, que consagran numerosos privilegios  para la Iglesia católica.

            Dicen los católicos de base de Madrid, que “los ajustes y recortes recaen especialmente sobre los más débiles, mientras la Iglesia católica es la única instancia, además del sector financiero y las grandes empresas, que se mantiene inmune ante la crisis: ningún recorte en subvenciones, las mismas exenciones fiscales que décadas atrás”.

No son sólo privilegios de orden económico, como se ilustra con uno de los ejemplos de la misiva: “nos parece totalmente irregular que sea el Estado el que pague a los profesores de religión y sean los obispos los que los elijan y los puedan expulsar a su conveniencia, al margen de la normativa que rige para el resto del profesorado".

            El gran valor es que son los propios católicos de base los que denuncian este blindaje, los que trabajan en mantener comedores sociales, en asistir a los más necesitados en albergues, los que dedican buena parte de su tiempo a recoger y repartir alimentos.

            Sería muy injusto no reconocer a esa otra parte de la Iglesia, formada también por teólogos como Díez Alegría. Y para finalizar también recordemos sus palabras:  “en la Iglesia debe haber una función de servicio pastoral, pero en sentido mucho más fraterno que paterno y nunca autoritaria”.

CÓMO DESTRUIR A LOS SINDICATOS

Aparte de la imposición de la política económica que está llevando a unos índices de paro desorbitados, a la merma de los servicios públicos y al empobrecimiento del país a marchas forzadas, la ideología neoliberal procura por todos los medios la división de las clases trabajadoras. No sólo se trata de hacer culpables a quienes no lo son: ustedes tienen la culpa de la crisis por vivir por encima de sus posibilidades, y ahora tienen que pagarla. También se ha procurado, y en muchos aspectos se está consiguiendo, que los propios trabajadores se enfrenten entre sí. Ya lo ha puesto de manifiesto el Gobierno con respecto de los funcionarios, a los que ha utilizado como carnaza frente a los parados. Y ocurre con esa campaña orquestada para destruir a los sindicatos.

            En otros comentarios he dejado claro que los sindicatos tienen que asumir errores y reformarse profundamente, pero también he insistido en que el mundo sindical no es ajeno a la crisis que afecta a toda la sociedad. Una crisis de credibilidad que alcanza también a los partidos políticos, a la judicatura, a la Corona o a los medios informativos. En definitiva, no son una excepción. Por supuesto, que como organizaciones vivas de una sociedad democrática son criticables. Pero otra cosa es la campaña continuada que desde la mayoría de los medios de la derecha se lleva a cabo.

            La reciente huelga general es buena muestra de ello. Se asocia a los sindicatos con las acciones violentas de unos pocos, ajenos, en la mayoría de los casos, a las centrales sindicales. Es igual, para esos medios, la huelga es sinónimo de violencia, y la culpa es de los sindicatos. Esa fórmula, infame multitud de veces, no se para ante nada. Los mismos medios que critican las subvenciones a las centrales, ocultan las que reciben la patronal, y defienden las que percibe la Iglesia católica.

            Ese discurso orquestado desde el conservadurismo ha calado en amplios sectores de la población, que ven en los sindicatos al ogro que todo lo destruye. También entre los trabajadores que no van a la huelga “por que la convocan los sindicatos”. En ello, no sólo se aprecia el convencimiento honesto de mucha gente, también late el recurso fácil de no perder un día de salario, aunque realmente se comparta la razón de la protesta. Es mejor culpar a unas organizaciones, que con todos sus errores y pérdida de credibilidad son las únicas que se oponen claramente a la política económica neoliberal. Las únicas, junto con los estudiantes, que tratan de movilizar a una sociedad cada vez más adocenada.

            Los sindicatos tienen que cambiar, ser críticos con sus propios errores y luchar decididamente contra los sectores más reaccionarios que pretenden arrinconarlos. Contra unos poderes económicos que han conseguido acabar con derechos conseguidos tras décadas de lucha, que han anulado con reformas laborales la negociación colectiva, que tratan de destruir o hacer que el sindicalismo no pase de una mera presencia simbólica, despojándolo de su auténtica razón de ser.   

UNA NUEVA POLÍTICA PARA UNA CRISIS QUE PONE AL PUEBLO CONTRA LAS CUERDAS

Su casa y el pequeño establecimiento del que vivía su familia, el fruto de toda una vida de esfuerzo estaba a punto de esfumarse, borrado por ese mal viento de un crisis que pagan quienes no la han provocado. Cuando la Policía llegó a su casa para ejecutar la orden judicial de desahucio se encontró el cuerpo sin vida de Miguel Ángel Domingo, un granadino del barrio de la Chana, que decidió suicidarse ante la terrible realidad que se le imponía. Este dramático suceso es un episodio más de las consecuencias de una situación cada vez más insostenible para una parte importante de los ciudadanos.

            Tan sólo unos días antes la prensa daba cuenta del informe elaborado por siete magistrados especialistas, denunciando el abuso de los bancos. Los jueces recalcan la indefensión de los deudores en el marco de una crisis que no han provocado, añadiendo que, “cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de las familias”. En conexión con la realidad, en este informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial, que no lo considera vinculante, los magistrados proponen transferir a los hipotecados las ayudas a la banca.

            En los últimos cuatro años se han llevado a cabo 350.000 ejecuciones de desahucios, un procedimiento legal muy flexible y que no tiene en cuenta que son esas mismas entidades financieras las que, tras formar parte de la llamada burbuja inmobiliaria, han llevado a la ruina a miles de ciudadanos. Los mismos bancos que reciben ayudas millonarias de un Estado, que ha visto incrementado su déficit precisamente por esas inyecciones de dinero público.

            Ocurre ello en un país cada vez más empobrecido, donde, según la última Encuesta de Población Activa, más de 1, 7 millones de hogares españoles tiene a todos sus miembros en paro. Y donde sólo el 67 % de los registrados en las oficinas de empleo recibe algún tipo de prestación. Datos que son confirmados por la oficina europea Eurostat, que sitúa a España como el país de la eurozona con mayor nivel de desigualdad social.

            La brecha entre ricos y pobres ha aumentado considerablemente. La destrucción de empleo, la supresión de prestaciones, las rebajas de sueldos, la reducción de los servicios sociales no han detenido el deterioro que a marchas forzadas sufre el país, principalmente las clases baja y media. Sin embargo, con estos resultados, no se produce un cambio de rumbo y se insiste en una política que ha demostrado su fracaso.

            Al menos en Andalucía, donde según la última información de la Encuesta de Población Activa, la tasa de paro supera el 35 %, diez puntos por encima de la media del Estado, la Junta ha incluido en los presupuestos para el próximo año un plan global de fomento del empleo de 370 millones de euros. Del mismo modo aumentará las dotaciones de becas en un 7 % y las pensiones no contributivas en un 2 %.

            Una iniciativa que intenta paliar una situación alarmante como señala en su reciente informe la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que indica que el 40 % de los andaluces se halla en riesgo de pobreza y más de la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes.

            Los recortes sin límites y la destrucción de empleo caminan parejos. Una nueva política se impone, mientras que muchos ciudadanos resisten a duras penas los embates del temporal. Desgraciadamente Miguel Ángel Domingo no pudo. Ojalá se tomara nota de este hecho luctuoso y que su muerte no fuese baldía.

LA CUESTIÓN DE CATALUÑA Y LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO CONSENSO

Aunque al presidente del Gobierno le parezca una algarabía, la multitudinaria manifestación a favor de la independencia de Cataluña, que tuvo lugar durante la reciente Diada, supone un punto de no retorno. Tratar la cuestión banalizando el estado de opinión de una parte importante de la ciudadanía de Cataluña, sería un error de enorme calibre.

            El giro soberanista de CiU puede, en parte, estar dirigido a “entretener” a la ciudadanía de la política de duros recortes establecidos por el gobierno de Artur Mas. Cataluña se empobrece porque aporta más de lo que recibe. Es un buen discurso para movilizar los sentimientos catalanistas. Pero, aún reconociendo esta posibilidad, es evidente que el actual estado de cosas va más allá de un hecho coyuntural y se engloba en la crisis que sufre el sistema político surgido de la Transición.

            No puede obviarse en todo este asunto la frustración de Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra un Estatuto que, aunque recortado en el Congreso de los Diputado, fue aprobado en referéndum por el pueblo catalán en junio de 2006. Una insensatez política del Partido Popular que denunció el texto y, amparado en la red mediática de la derecha española, fomentó una catalanofobia, que tan buenos resultados electorales le ha dado en el resto de España. Pues bien, el problema para Rajoy, ya no es un Estatuto que iba a romper España, como continuamente predicaba desde la oposición, ahora es clara y llanamente la demanda de un Estado independiente.

            Aparte de esta visión partidista de la política española, en la que participan palmeros como los presidentes de comunidades autónomas de Extremadura o Madrid, está claro que el sentimiento independentista ha crecido vertiginosamente en los últimos años. Los jóvenes catalanes no se sienten identificados ni obligados por el pacto político que supuso la Transición española. Y esa ola ha llevado a Convergencia i Unió -el partido moderado que, en diferentes momentos, ha pactado con conservadores y socialistas y que, incluso, participó en la redacción de la Constitución-, a posicionarse claramente y sin la ambigüedad de otras veces. Si hasta hace poco el Pacto Fiscal era el objetivo del Gobierno catalán, hoy ya no es más que un paso en la consecución de la independencia. Ni tan siquiera el federalismo, alternativa de los socialistas catalanes, parece satisfacer la reivindicación de un Estado propio.

            Pero el Estado federal puede ser la solución. Para ello hay que propiciar la reforma de la Constitución que de sentido al Senado, y decida qué tipo de federalismo habría que desarrollar. En ese compromiso debería de producirse un diálogo franco entre todos los partidos, en la búsqueda de un gran acuerdo. En este sentido, en el seno del Partido Popular, al menos, una parte significativa de sus dirigentes, debería de abandonar el ataque al Estado autonómico, y entender que aferrarse al nacionalismo españolista más retrógrado, puede hacer que se llegue tarde a una solución compartida.

A las demandas de Cataluña se unirá la próxima cita electoral en Euskadi, donde se dibuja una amplia mayoría nacionalista.

            Y qué papel le corresponde a Andalucía en este nuevo escenario. No se debe permitir que nuestra comunidad sea utilizada como ariete del centralismo contra las reivindicaciones de otras comunidades. Tampoco a que un rediseño de las comunidades autónomas lleve a relegar a Andalucía a la segunda división del Estado. Clara defensa de la identidad andaluza y de su peculiaridad en el concierto del Estado, apostando por un irrenunciable principio de solidaridad recíproca.

El Gobierno andaluz, aunque acuciado por la crisis económica y abocado al rescate de la comunidad, debe esgrimir las cartas del federalismo progresista y procurar la movilización de la adormecida sociedad andaluza.

Andalucía tuvo su propia Diada el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980. Desde entonces, en buena medida por el aburrimiento político provocado por el bipartidismo y la indiferencia de un gran sector de la población, se vive una desmovilización ciudadana general, tan sólo rota este verano por las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores. 

Esa acción del gobierno de la Junta es un compromiso histórico con todos los andaluces, y debe ir más allá del mero enfrentamiento con un Gobierno central de distinto signo político, que convierta en pura demagogia electoralista la defensa indeclinable de Andalucía.

EL PAPEL DE ANDALUCÍA ANTE LA CRISIS DEL SISTEMA

Las marchas y acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores han puesto de actualidad a Andalucía, incluso más allá de las fronteras del Estado español. Las opiniones se han dividido y las actitudes del alcalde de Marinaleda y líder del SAT, Sánchez Gordillo, han tenido una gran proyección mediática. Podrán censurarse las acciones de los jornaleros, que unos entienden como abusos, y otros como protesta pacífica ante la grave situación por la que atraviesan muchas familias andaluzas. Pero la certeza de esa situación, extrema para muchos, obliga a que la ciudadanía de una respuesta democrática.

            Andalucía registra el desempleo más elevado de España, el 34, 8 %, por encima de Extremadura y Canarias (400.000 familias tienen a todos sus miembros en paro). Del mismo modo, el reciente estudio de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT)  sitúa a la comunidad andaluza con el mayor índice de miseria de todo el Estado. El estudio, que contrasta las tasas de paro y la inflación, permite conocer el deterioro del nivel de vida de los ciudadanos que, en el caso andaluz, ha incrementado su tasa en un 15 % en los últimos cinco años.

            Los desmesurados recortes impuestos por el Gobierno central al andaluz (3.000  millones de euros adicionales a los ya recortados), empobrecerá aún más a la comunidad y perjudicará enormemente a los servicios públicos esenciales. Asimismo, Rajoy ha reducido las políticas activas de empleo destinadas a Andalucía en 430 millones de euros respecto de 2011, por lo que el Gobierno autónomo tiene poco margen de actuación en una cuestión que sangra especialmente al pueblo andaluz. Evitar la asfixia financiera de Andalucía es un reto difícil de salvar para la coalición gobernante en Sevilla.

            Se produce ello ante una sociedad cada vez más apartada de la clase política y donde se echa de menos una verdadera plataforma, un vehículo político que “reanime” la postergada política andaluza, que conteste con fórmulas diferentes a las políticas neoliberales. Que se construya a partir de la defensa de la autonomía, tan duramente conseguida por el pueblo andaluz, y que, de manera interesada, se trata de denostar a toda costa. Y, junto a ello, la defensa del servicio público articulado como derecho y método de redistribución de la riqueza.

            Un movimiento que reivindique el papel de Andalucía en el contexto del Estado, rompiendo los tópicos de siempre y el papel subalterno al que históricamente se le ha relegado, tal como ocurrió con las grandes movilizaciones de 1977 y del referéndum del 28 de febrero de 1980, que situaron al país andaluz en primera línea de la conciencia como pueblo, en un sentir que rescataba la lucha de Blas Infante, hoy perdido o extraviado.

            Ello tiene que proyectarse desde la realidad política. Si partimos de la encuesta publicada en junio pasado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el 70, 4 % de los encuestados se sienten “tan españoles como andaluces”, un 15 % se sienten más andaluces que españoles y un 2,7 únicamente andaluces. Un 57,9 % defiende la autonomía, al que hay que sumar un 8 % que demanda más competencias.

            Partiendo de esta realidad constatada electoralmente y en las encuestas, una realidad apartada de posiciones independentistas, pero con un porcentaje significativo de identificación con la tierra andaluza, se impone el encuentro de sensibilidades ecologistas, movimiento ciudadano, asociaciones de mujeres, andalucistas e intelectuales. Y que, partiendo de la propia identidad como pueblo, defienda un derecho basado en la vecindad, por encima de discursos étnicos. En definitiva, una fuerza autóctona que pueda superar fracasos anteriores de la reciente historia andaluza.

            En otro momento esa fuerza estuvo representada por el PSOE de Escuredo, desplazado por el aparato del partido cuando dejó de interesar electoralmente; el Partido Andalucista en distintos momentos de su cainita travesía, e Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, antes de que Julio Anguita eligiera “salvar” al PCE, en vez de consolidar un proyecto netamente andaluz.

            Junto al déficit económico del que tanto se habla existe otro igual de profundo: el de la pérdida de valores democráticos que ha agudizado el desinterés ciudadano por la política. Al lado de ese rechazo ciudadano, figura un elemento que se ha venido fraguando en Andalucía desde hace ya muchos años, como es la desmovilización ciudadana, la pérdida de la identidad y, consecuentemente, la ausencia de compromiso con una tierra que, habiendo avanzado desde la consecución de la autonomía, continúa a la cola de las comunidades de España.

            Todo ello se da cita en medio de un deterioro agudo del Estado del Bienestar, de la pérdida de soberanía nacional en beneficio de los poderes económicos multinacionales, del ataque a las autonomías desde el neoliberalismo y el conservadurismo más extremo, y de una crisis del régimen político surgido de la Transición política, que incluye a la propia Monarquía.

            Si Andalucía no es protagonista del momento que acaece en España, en base a los pilares citados, volverá nuevamente a perder el tren de la historia.