EL IDEAL ANDALUZ DE JOSÉ LUIS SERRANO

El verano pasado, Antequera, una ciudad emblemática en la lucha por la autonomía, fue el lugar de encuentro de siete andaluces comprometidos con su tierra. Luego visitaron las ruinas del castillo de Archidona, donde Abderramán I fue proclamado emir. Como si de una conjura se tratase, entendiendo que un tiempo nuevo comenzaba a soplar sobre los pueblos de España, estos siete hombres se reafirmaron en la necesidad de luchar por la dignidad de un pueblo que debe despertar para recuperar ser él mismo (“Andaluces levantaos…”). Hace pocos días uno de ellos, José Luis Serrano, catedrático de Teoría del Derecho de la Universidad de Granada, novelista y jefe del grupo parlamentario andaluz de Podemos, fallecía tras una rápida enfermedad.

            De extensa cultura, conocedor profundo de la historia andaluza, moderado y dialogante, excelente parlamentario, dejó una memorable intervención reivindicadora de los derechos de Andalucía a partir de las luchas en la Transición, fundamento del sujeto político que representa hoy la comunidad. Un análisis desde la interpretación del derecho político y de la historia, conjugado con el imprescindible corazón de un gran andaluz, que llegó a la política por el puro convencimiento de la necesidad de intentar plasmar lo que Blas Infante llamó el Ideal Andaluz. Sin ser un político al uso consiguió que un partido centralista adoptara el discurso más andalucista del Parlamento. Apoyado desde colectivos como Más Andalucía, con el que se sentía completamente identificado, logró que se aprobara una proposición no de ley de defensa del patrimonio constitucional andaluz.

            Con su desaparición se frustra un valor destacado en el campo de la política exclusivamente andaluza, cuando más necesitado se está de ello. Hoy, sus amigos que posaron junto a él en las alturas de la sierra de Gracia, tienen un motivo más para continuar el camino, cara al horizonte, del compromiso con una tierra que necesita de hombres y mujeres como José Luis Serrano, que vivió con fundamento y pasión el ser andaluz. 

ANDALUCÍA NO PUEDE QUEDAR AL MARGEN DEL NUEVO TIEMPO POLÍTICO

Tal como auguraban las encuestas y el momento político el Congreso de los Diputados será muy distinto tras las elecciones del pasado día 20. El bipartidismo imperfecto ha tocado a su fin y la mayor representatividad del parlamento impone la cultura del pacto. Algo, por otra parte, muy común en las democracias europeas. Aunque PP y PSOE hayan resistido, con enorme sangría de votos, a partir de ahora nada será igual en la política española.

            La grave crisis económica, la corrupción política, la pérdida de derechos sociales y el empobrecimiento de una parte importante de la población, ha hecho mella en la democracia española, nacida del pacto constitucional de 1978. Las nuevas generaciones comprometidas que no conocieron la Transición venían demandando un cambio en el sistema. “El no nos representan” fue uno de los eslóganes del movimiento del 15-M. Y en buena parte esa rebeldía se ha plasmado en las urnas. Comenzó con las elecciones europeas, que aceleró la abdicación del rey Juan Carlos y la dimisión del líder de la oposición, el socialista Rubalcaba, y ha tenido su consagración en las generales últimas.

            No sería justo entender que la Transición no sirvió para nada. Gracias a ese pacto se articuló un sistema democrático que permitió cambios significativos en España. El mismo sistema desde el que se pueden y se deben abrir nuevos caminos acordes a la sociedad actual. Con sus carencias, quien la vivimos desde la lucha por la democracia, sabemos que no fue posible avanzar más, teniendo en cuenta que en la cúspide del poder se mantenía un Ejército de generales y jefes que habían  ganado la guerra civil e incluso combatido al lado del nazismo. Ello, en plena “alianza” con el  terrorismo más despiadado, no facilitaba otro tipo de salida.

Pero si a alguien se le puede achacar ese descontento de muchos jóvenes y de una parte de la sociedad española, es a aquellos que se han aprovechado de la democracia del 78 para sus propios intereses. A la corrupción señoreada en la política, se une los defectos de origen del propio sistema. Así, la propia Ley Electoral que nace de un decreto-ley preconstitucional de 1977, y que tuvo su continuidad en la Ley de 1985, hace que la representación en las instituciones no se corresponda con la completa realidad del voto. Izquierda Unida es buen ejemplo de esa injusta norma, que beneficia a las grandes formaciones y a los nacionalismos consolidados.

             Si el modelo político nacido tras la dictadura franquista, condicionado, insisto, por los poderes de entonces, fue  válido para la convivencia ciudadana, ahora hay que ser lo suficientemente valiente para acometer los cambios que una importante parte de la sociedad demanda. Buscar un nuevo consenso, acorde con los tiempos. Aceptado desde el diálogo.

Derecho a decidir no es independencia

           

Uno de los mensajes de las últimas elecciones es claro: el porcentaje de votos partidarios del denominado “derecho a decidir” es considerable, si tenemos en cuenta que el partido Podemos, que lo llevaba en su programa (en alianza con formaciones soberanistas), ha sido el gran triunfador (69 diputados en sus primeras elecciones generales, aunque no haya logrado el pretendido sorpasso al PSOE). Ya en otros artículos me he referido a que ese derecho no significa necesariamente apuesta por la independencia. El derecho a poder decidir es más amplio  y se identifica con el concepto  soberanismo, no con independentismo. Como señala el profesor Vicenç Navarro: Un pueblo, una nación, puede ser soberano (y por tanto tener el poder de decidir sobre qué relación desea con otros pueblos o naciones) y aun así escoger no ser independiente. Poder de decidir implica el poder de escoger entre varias alternativas, una de ellas, naturalmente, la independencia”. Pues bien, esta es otra de las realidades que aflora en la nueva situación. Probablemente el voto a Podemos esté basado en su programa social antes que en este postulado, pero se trata de una cuestión que tarde o temprano habrá de abordarse constitucionalmente.

Andalucía en la encrucijada

Ante este nuevo tiempo político Andalucía puede quedarse al margen de los cambios que se avecinan, incluso no ser considerada como nacionalidad histórica. El Parlamento andaluz aprobó recientemente con los votos favorables de PSOE, Izquierda Unida y Podemos, la proposición no de ley, en defensa del patrimonio constitucional andaluz. Una iniciativa elaborada por el colectivo Más Andalucía que fue acogida por el grupo parlamentario de Podemos. Aunque recortada en el trámite, compromete a los representantes de los andaluces en la defensa de lo conseguido a partir del 4 de diciembre de 1977 y posteriormente con el referéndum del 28 de febrero de 1980, que permitió situar al país andaluz a la misma altura que las reconocidas como nacionalidades históricas.

            Con todo ello, la sensación que se percibe es que Andalucía corre el riesgo de estar ausente de esta segunda transición. La formación de una fuerza propia, que recoja a los diferentes colectivos existentes, algunos especialmente activos, está siendo demandada desde diferentes provincias. Una tarea nada fácil la de abrir un espacio electoral, difuminado por la grave crisis del andalucismo, que llevó a la desaparición del único y debilitado referente (Partido Andalucista).

            Una nueva fuerza política habría de recoger los postulados de Blas Infante y el compromiso de progreso que su figura representa. Consecuentemente, tener un carácter progresista y abierto a las posibilidades del nuevo tiempo político. Buscar alianzas con partidos que, aun siendo estatales, apuesten por la defensa de la identidad andaluza. Por supuesto, tener como prioridad la defensa de los derechos sociales, de  los más desfavorecidos, que en los últimos años se han incrementado de manera alarmante. Situar, en definitiva, a Andalucía como protagonista y no espectadora de los cambios que se avecinan.

           

            

PABLO IGLESIAS Y EL 4 DE DICIEMBRE

                                                          Plaza dedicada a García Caparrós, en San Roque (Cádiz)

Es claro que Pablo Iglesias no se supo explicar  en su intervención al hablar del 4 de diciembre de 1977 durante el debate de candidatos a la presidencia en la cadena televisiva Antena 3. Lo cierto es que, como andaluz conocedor de esta cuestión, - muchos la vivimos directamente-, pasé de la sorpresa agradable (se aludía a una fecha que marca la historia andaluza más cercana y que es referente de las aspiraciones políticas para una Andalucía protagonista del nuevo tiempo que se avizora) a la perplejidad o la decepción. Iglesias tuvo el gesto de referirse a Andalucía y a una fecha significativa, más allá de la discusión de los EREs, los pactos de gobierno en la Junta o el paro. Sin embargo, no contó con la información suficiente. Se confundió, a pesar de su buena voluntad. Quiso decir que el derecho a decidir no es sinónimo necesario de independencia, que el autogobierno tiene diferentes interpretaciones.

         Pero si el líder de Podemos se equivocó, también se confunden, o peor todavía,  son desconocedores o no quieren conocer el verdadero significado de aquel movimiento popular, algunos medios que le han criticado por ello. El diario El País, le corrige diciendo que ese día lo que hubo en Andalucía fue un referéndum para la autonomía. Ese referéndum tuvo lugar el 28 de febrero de 1980, y fue otro hito en la lucha del pueblo andaluz por alcanzar la autonomía que se le negaba desde el centralismo.  

         A pesar del error de Iglesias, es en el seno andaluz de Podemos –para mayor inri de éste-  donde más claramente se  ha apostado por la recuperación de una fecha olvidada como proyección de futuro. Ello se plasmó hace unos días con la presentación de una proposición no de ley de defensa del patrimonio constitucional andaluz, instando al gobierno autónomo a tomar la iniciativa en este sentido. Ello ha sido posible por la aportación del colectivo Más Andalucía, que trata de suplir la carencia de un movimiento propio andaluz organizado. Y que ha logrado, es justo reconocerlo, articular un discurso autóctono basado en las claves de la reivindicación de autogobierno, nacidas cuando ni tan siquiera había una Constitución.

         Con ello se pretende que Andalucía, su gobierno, esté no sólo vigilante ante los intentos de reorganización territorial, sino que sea protagonista como autonomía de primera ganada el 28 de febrero de 1980, fecha en que los andaluces llevaron a cabo su derecho a decidir, exigido en la calle por un millón y medio de andaluces el 4 de diciembre de 1977. Un día también marcado por la tragedia con el asesinato del joven malagueño García Caparrós.

         Andalucía exigió el derecho a no ser una autonomía más, sino a ser como la que más, como señaló en sede parlamentaria el diputado andalucista José Luis Serrano. Porque sin remontarse a otros parámetros históricos y culturales, el 4 de diciembre Andalucía nació, bajo el impulso popular, como unidad federable.

         Tras las elecciones del próximo día 20 se producirá un proceso de reforma, donde Andalucía corre el riesgo de quedar huérfana si no se defiende su patrimonio constitucional, ganado por unas generaciones de veteranos y jóvenes luchadores, de un pueblo rebajado en el concierto español, que ya no quiso ser menos que las denominadas nacionalidades históricas. Y que fue capaz de romper, en la calle y con su voto, el esquema asimétrico del centralismo.

        

ANDALUCÍA, UNA CULTURA SECUESTRADA

                                                     Manifestación del 4-D en Algeciras (Cádiz)

Relata el carnavalero gaditano Antonio Martín en su libro La Andalucía de mis coplas,  que durante el concurso del primer Carnaval de la democracia, en 1976, y con ocasión de presentar la comparsa “España y olé”, llegó hasta el camerino Manuel de Diego, a la sazón presidente del jurado del Gran Teatro Falla. Éste le dijo que “aun siendo España y Olé  una gran comparsa, le faltaba gaditanismo”. Que él entendía que antes que a España había que cantar a Cádiz, que por encima del Norte estaba el Sur, y que muchos problemas esperaban de su denuncia. De Diego le habló del barrio de Santa María, del desprecio y el olvido de los gobernantes para con Cádiz.

En su narración al periodista José Antonio Ledesma, Martín reconoce que recibió “una soberana lección de gaditanismo”, que jamás olvidaría.

Este relato viene a ilustrar hasta qué  punto había llegado ese sentimiento de anteponer lo “español” a lo “andaluz”. De la utilización de lo andaluz como meramente folklorista, de la manipulación de una cultura propia en favor de los intereses del centralismo franquista. Una consecuencia más derivada de la división del trabajo a escala del Estado, que asignaba a Andalucía un papel secundario en beneficio del eje Madrid-  País Vasco-Cataluña.

Como escribe el sociólogo José María de los Santos, Andalucía considerada como la más España de las Españas, y simultáneamente subestimada, es decir, considerada como una prolongación de la cultura castellana. Mitificada y utilizada para combatir el pluralismo cultural existente dentro del Estado.

Esa manipulación, propia de un territorio sumido en el subdesarrollo, llevó a revertir los valores culturales de un pueblo, a que muchos artistas cayeran en esa telaraña de confundir Andalucía con España. De olvidar la denuncia de una situación de dependencia a través de las expresiones culturales andaluzas, potentes y universalistas.

En palabras de De los Santos, “un colonialismo prolongado, alimentador de una política de discriminación cultural, puede acabar con la voluntad de ser de un pueblo, con la toma de conciencia popular, con el fundamento, por tanto, de la verdadera nacionalidad”.

En vísperas de la fecha histórica del 4 de diciembre, cuando una ola de ilusión y lucha recorrió Andalucía, urge plantearse el papel actual de la comunidad andaluza en el concierto español. Si el país andaluz va a ser protagonista de los nuevos tiempos que se avizoran, siendo él mismo, o se va a erigir, bajo la dirección de sus responsables políticos, en el adalid de la España más intransigente. Ello, una vez más, en perjuicio,  pero esta vez en democracia, de su propia identidad.  

JOSÉ ACOSTA SÁNCHEZ, UN ANDALUCISTA EN EL PARLAMENT

Foto Diario ABC de Sevilla

Algunos medios publicaron despachos de agencia dando la noticia escueta de la muerte de José Acosta Sánchez,  quien fuera elegido diputado andalucista por la provincia de Barcelona en las elecciones autónomas catalanas de 1980. Poca tinta ha merecido este catedrático de Derecho Constitucional y exmilitante del Partido Socialista de Andalucía y uno de los ensayistas más importantes en el campo del nacionalismo andaluz.

            Desde sus primero libros El desarrollo capitalista y la democracia en España (1975) Crisis del franquismo y crisis del imperialismo (1976), El imperialismo capitalista: concepto, períodos y mecanismos de funcionamiento (1977) y Andalucía: reconstrucción de una identidad y la lucha contra el centralismo (1978), su contribución al estudio del andalucismo, desde aspectos críticos con quienes lo han adormecido y lo utilizan en tiempo de elecciones, ha sido ampliamente fructífero.

            En los inicios de la Transición fue uno de los ideólogos, junto a José Aumente, del PSA (luego transformado en Partido Andalucista), pero su enfrentamiento con la dirección del partido liderada por Alejandro Rojas Marcos, le llevó a abandonar el grupo parlamentario en el Parlament y el partido.

            En aquellas primeras elecciones catalanas el PSA consiguió dos diputados (José Acosta y Francisco Hidalgo), todo un éxito para una formación que ya contaba con cinco diputados en el Congreso, y que comenzaba a preocupar a los partidos de izquierdas, principalmente al PSOE, que encontró en la crisis provocada por el referéndum del 28 de febrero de 1980 la oportunidad para desplazar a una organización que estaba calando en la ciudadanía andaluza.

            Acosta Sánchez fue muy crítico con la gestión realizada por Rojas Marcos, agravándose la situación por el apoyo prestado por el grupo andalucista en Madrid al presidente Adolfo Suárez en la moción de confianza planteada ese mismo año.

            En Cataluña, donde impartía clases en la Universidad de Barcelona, desde 1976, desplegó una gran labor entre los emigrantes andaluces.

            Antes de poder acceder a las lecturas de la obra secuestrada de Blas Infante, su libro Andalucía: reconstrucción de una identidad y la lucha contra el centralismo, me impactó de manera especial. Con esta obra creció su prestigio, y como me confesó en una ocasión, desde el PSUC (los comunistas catalanes)  trataron de convencerle para que ingresara en el partido.

            Apartado de la política desde 1988 –fue concejal durante quince meses en el Ayuntamiento de Córdoba, donde residía–, ejercía de catedrático de Derecho Constitucional de la universidad cordobesa desde 1996. Desde se jubilación lo hacía como profesor honorífico y continuaba ofreciendo conferencias y dirigiendo seminarios, algunos de los cuales tuve el honor de compartir. Recuerdo especialmente el que dirigimos en el Curso de Verano de San Roque, verdadera ocasión para volver sobre la memoria de un tiempo y debatir sobre Andalucía.

PODEMOS Y EL TREN DE ANDALUCÍA

En un comentario anterior aludía que, tras la desaparición del Partido Andalucista, aunque esta formación no tuviese representación a nivel estatal y autonómico, se perdía un referente, con sus glorias y sus errores, en el campo del andalucismo. Del mismo modo, saludaba la iniciativa que en el seno del partido emergente Podemos, había surgido de la mano del parlamentario andalucista José Luis Serrano, tendente a articular una presencia de ese signo en el escenario político que se avecina.

         Del mismo modo, animaba a que otras formaciones andaluzas, como una sola piña, buscasen una vía que situara a Andalucía en el centro del proceso constituyente al que la situación política conduce irremisiblemente.  

         Sin embargo, a poco de la formación de las listas electorales, el núcleo dirigente de Podemos, no ha dado el paso necesario. Mientras, el proyecto Más Andalucía, continúa a la espera. Esta corriente, donde figuran personas de relieve y un nutrido grupo de jóvenes curtidos en los movimientos del 15-M,  se ha propuesto situar a este partido como punta de lanza en la defensa del reconocimiento de la categoría de nacionalidad histórica, motivo de la movilización del 4 de diciembre de 1977 y de la victoria del 28 de febrero de 1980.

         Pero la frustración está a un paso, tal como ya ocurriera con la liquidación política del nacionalismo de clase del socialista Rafael Escuredo a cargo del todopoderoso Alfonso Guerra, una vez que aquél liderara la lucha por la autonomía y ganara las primeras elecciones al Parlamento andaluz. O posteriormente con Julio Anguita y su proyecto de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, que él mismo dinamitó con su marcha a Madrid para salvar al Partido Comunista.

         En todos estos casos primaron intereses centralistas y partidistas a los de la propia Andalucía. Si ahora vuelve a ocurrir, si los políticos andaluces continúan pensando en Madrid antes que en la tierra a la que se deben, ésta habrá perdido un nuevo tren de los muchos que pasaron sin detenerse en las estaciones del sur.

ANDALUCÍA ANTE EL PROCESO CONSTITUYENTE

Las recientes elecciones en Cataluña vienen a poner de relieve la fractura de la sociedad catalana y el tiempo perdido en hallar una solución a un problema con amplio eco más allá de las fronteras del Estado español.

Aparte de los análisis que hablan de que el independentismo ha ganado en escaños pero no en votos, es evidente que existe una parte importante de catalanes que no quiere pertenecer a España, y que el inmovilismo del gobierno central ha supuesto el primer aliciente para que ese sentimiento aumente de manera vertiginosa.

De hecho, no hay que perder de vista, que fue aquella poco medida campaña del PP, entonces en la oposición,  contra el nuevo Estatut, -que había sido aprobado en el Congreso de los Diputados y refrendado por el pueblo catalán-, con recogida de firmas y denuncia ante el Tribunal Constitucional, el detonante de un movimiento independentista que hasta entonces era minoritario. El propio candidato del Partido Popular, el señor Albiol, reconoció el grave error cometido por su partido.

Aquella marea envolvió al presidente Artur Mas, que halló la oportunidad de distraer a los ciudadanos de la política de recortes sociales que ha venido ejecutando y esconder, al mismo tiempo, las responsabilidades políticas de los numerosos casos de corrupción de su partido, Convergencia Democrática de Catalunya.

En cualquier caso, la cuestión no es Mas, al que, y esto es lo realmente censurable, son muchos los catalanes que, como en otros lugares de España, perdonan la corrupción política. Porque el presidente de la Generalitat más que un ganador es un superviviente. Y con él o sin él, el proceso hacia la independencia va a continuar.

Desde que se produjese el inicio de este conflicto, este articulista, como tantos otros ciudadanos,  ha venido defendiendo el diálogo sin ningún tipo de prejuicio. Ya se ha dicho en otros lugares que, mientras el independentismo tiene una hoja de ruta, del otro lado no hay nada. Incluso la llamada Tercera Vía va directa a una vía muerta, condenada por el inmovilismo de unos y otros. La gente sensata de España y Cataluña demanda un entendimiento, pero la cuestión es mucho más ardua.

De lo que se trata no es solo de la cuestión catalana, sino de una crisis política profunda, a la que ya me he referido en otras ocasiones. La crisis económica y la reiterada corrupción trajeron aparejada un quebranto de la confianza de los ciudadanos en sus políticos y en las instituciones. Ello provocó el movimiento de los indignados y la aparición de nuevos partidos y nuevos políticos. Se trata también de un agotamiento del sistema surgido tras la dictadura franquista. Por tanto, se impone una reforma constitucional, cuya dilación resulta cada vez más suicida.

Un proceso constituyente que, entre otras cuestiones, afronte el reconocimiento de un Estado plurinacional. Ahí estaría el encaje de Cataluña. Pero, ojo, podría ocurrir, al igual que se pretendió durante la Transición política, que Andalucía sea excluida de ese reconocimiento.

Parece que ya se ha olvidado que Andalucía exigió su derecho a decidir el 4 de diciembre de 1977. Más de un millón de andaluces enarbolando la verdiblanca salió a la calle exigiendo la misma consideración que las denominadas nacionalidades históricas (Cataluña, Euskadi y Galicia). Y, a pesar del mecanismo constitucional de exclusión (las diferentes vías de los artículos 143 y 151), el pueblo andaluz, contra la beligerancia del gobierno de entonces, sin apenas medios,  afrontó la difícil prueba del referéndum del 28 de febrero de 1980. Practicó su derecho a decidir, por el que había luchado, situándose junto a las nacionalidades mencionadas.

Ahora, si los representantes andaluces no están a la altura –y de ello alertó recientemente el diputado de Podemos en el Parlamento andaluz José Luis Serrano–, Andalucía como nacionalidad histórica, ganada a pulso democrático, corre el riesgo de quedar desbancada. Esperemos que, al igual que ocurriese en las históricas fechas del 4 de diciembre y del 28 de febrero, los políticos andaluces hagan piña en torno a lo que el pueblo andaluz consiguió bajo la dirección de las formaciones políticas de entonces, comprometidas con la lucha por la autonomía plena.