¿QUÉ HACEMOS CON CATALUÑA?

Vaya por delante que todas las banderas y todos los himnos merecen el respeto que se deriva de lo que supone para los ciudadanos que se identifican con esos símbolos y los sienten especialmente. Por tanto, no comparto la famosa pintada al himno español en la pasada final de la Copa del Rey de fútbol, especialmente calentada por la locuaz presidenta de la comunidad madrileña Esperanza Aguirre, cuando declaró que de producirse un hecho de ese tipo, habría que celebrar el partido a puerta cerrada. Al hilo de ello me gustaría hacer una reflexión en torno a la escalada soberanista producida en la comunidad de Cataluña, y de la que en buena medida tiene mucha culpa la derecha española más retrógrada.

            El constante ataque al nacionalismo por parte de ese sector en los numerosos medios de que disponen y en tertulias machaconas de una sola voz, ha llevado a que las inclinaciones independentistas crezcan considerablemente en la comunidad catalana. El acento de la derecha mediática en las críticas a todo nacionalismo, por muy moderado que este sea, está haciendo que el talante de consenso que siempre han tenido formaciones como Convergencia i Unió vaya alejándose del actual marco constitucional.

            Aparte de las cuestiones que enfrentan los espacios ideológicos y que son asumidos y respetados en un régimen democrático, esa campaña permanente de acoso, ejecutada en definitiva por el nacionalismo español más acérrimo, está abriendo una brecha que puede tener una difícil marcha atrás. La reacción es lógica. Si en la Andalucía de 1980, cuando el centralismo agravió abiertamente al pueblo andaluz, en vez de plantearse en el histórico referéndum del 28 de febrero la posibilidad de conseguir la autonomía en igualdad de condiciones que vascos, catalanes y gallegos, se hubiese planteado la independencia, no me cabe la menor duda que hoy Andalucía sería un estado independiente. Acción, reacción.

            Cuántas veces oímos hablar con menosprecio de los catalanes en general, y hasta extremos de querer, poco menos, “levantarles un muro”, como he oído en muchas ocasiones a meros ciudadanos con los papeles perdidos, a los que se les inocula ese discurso insensato de rechazo. A esas gentes sectarias les digo, “bueno, si no queremos a esa comunidad, démosle la independencia”. Entonces sube de tono la conversación: “de eso nada”.

            A la crítica desmesurada de los voceros del nacionalismo español se unió, oportuna y electoralmente, el Partido Popular con su denuncia del reformado Estatuto de Autonomía de Cataluña y congelando durante cuatro años la renovación parcial del Tribunal Constitucional para mantener la mayoría contraria a dicho texto -muy similar al andaluz que nadie denunció- y que ha acentuado más las diferencias entre el Estado y Cataluña.

            Por otro lado, jamás justificaré el radicalismo de sectores nacionalistas excluyentes, o a  los dirigentes catalanistas que han atacado a Andalucía y a los andaluces. Ahí están mis artículos como respuesta a esas manifestaciones. Esas actitudes políticas, y no todo un pueblo, se merecen el rechazo democrático. Por eso, en mi opinión, no se trata de dilucidar qué hacemos con Cataluña, sino qué hacemos con quienes envenenan la convivencia enfrentando a los pueblos sin medir las consecuencias.

EL PODER DEL DINERO, EL DINERO EN EL PODER

La prioridad de la política ha pasado de ser la lucha contra el paro en el caso de la socialdemocracia y la inflación en el campo de los conservadores al más puro gobierno de la tecnocracia económica. Fue el Tratado de Maastricht de 1992, vendido como la Europa de los ciudadanos, la base de la Europa del poder financiero y la pérdida de derechos sociales. La creación de una nueva moneda europea y los criterios para acceder a ella, fue la razón de ser de Maastricht, y para ello habría de pasarse por encima de los logros consolidados por el Estado del Bienestar. Si hay desempleo es culpa de los sindicatos que  no aceptan los ajustes necesarios. El Pacto de Estabilidad de Dublín de 1996 vendría a endurecer las medidas y a agravar la situación de los países con déficit.

Como consecuencia de ello la Banca Internacional impone sus criterios e invade la soberanía de los estados, a través de las propias instituciones europeas. Técnicos de ese gran poder del dinero son impuestos a gobiernos elegidos por el pueblo, siendo depuestos sus legítimos gobernantes (Berlusconi en Italia y Papandreu en Grecia). En otros países la intervención ha sido atemperada porque los gobiernos se han plegado a los dictados de ese poder. Así, en España, cumpliendo el mandato del Pacto de Estabilidad, la Constitución fue reformada el pasado verano, de manera urgente y sin el consenso que pedían las fuerzas políticas.

            Por su parte, los Economistas Europeos por una Política Económica Alternativa en Europa (Grupo EuroMemo) en su último informe han dejado claro que las medidas adoptadas han afectado gravemente a la demanda y han estancado la economía, principalmente, de los países más deficitarios. Resaltan que la crisis no fue creada por el déficit público, sino por las medidas tomadas para rescatar a los bancos, las políticas expansivas para contrarrestar la crisis y una caída de los ingresos fiscales. Ejemplo, el Banco Central Europeo presta a la banca privada al 1 % unos fondos que luego son recolocados en bonos o deuda del Estado, según países del 3 al 15 %, en el caso de las economías más débiles, como Grecia, cuyo principales acreedores son bancos alemanes y franceses.

            El retorno a las fórmulas más crudas del capitalismo ha llevado a una menor protección social, la bajada de salarios, aumento de la edad de jubilación, drásticos recortes en los sistemas de salud, pensiones y educación. En definitiva a una falta de justicia distributiva, que si en los países del norte supone una merma del Estado del Bienestar, en los del sur, amenaza con su desaparición

Por tanto, la crisis no es sólo económica, sino política. Y ante esa crisis de valores, ante esa invasión de la representación democrática, al pueblo no le queda más remedio que responder con la protesta pacífica en las calles. Esa es la filosofía que movió al  Movimiento 15M, verdadera conciencia de la política que hoy se practica.

Y en este mar de aguas turbulentas no podemos olvidarnos de Andalucía, la comunidad con más paro de España. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) el desempleo alcanzó en el primer trimestre del presente año el 33,17 % sobre una tasa a nivel del Estado del 24,44 %, lo que supone que 1.329.600 andaluces se hallen sin trabajo.

Las elecciones autonómicas de marzo llevaron a un gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida, que habrá de lidiar los mandatos del Gobierno central en cuanto a la reducción del déficit, con la apuesta por la creación de empleo. A tal efecto, el ejecutivo de Griñán ha destinado 200 millones de euros para combatir el paro. No cabe otro camino en una tierra donde el drama del desempleo se ha convertido en una plaga incesante. Andalucía puede demostrar que puede hacerse una política distinta, abandonando derroches y centrándose en sacar adelante a una comunidad que acumula muchos atrasos.

Al mismo tiempo, la reciente victoria del socialista Hollande -aunque pendiente de las legislativas de junio- en las presidenciales francesas abre nuevas esperanzas a un pacto por el crecimiento en Europa, y ello favorece los planteamientos de Andalucía.

Del mismo modo, el nuevo gobierno deberá poner un acento especial en la defensa de la autonomía, un acento sincero y convencido, por encima de estrategias y de coyunturales andalucismos, que quedan a un lado cuando el que gobierna en Madrid es del mismo signo que el de Sevilla. Andalucía necesita reafirmar su identidad y, a través de ella, afrontar su difícil presente. Anteponer el poder de la mayoría al poder del dinero.

EL ANDALUCISMO ANTE LA ENCRUCIJADA DE SU SUPERVIVENCIA

En abril de 2010 publicaba bajo el título “Una nueva oportunidad para el andalucismo” un artículo reflejando que tras los errores cometidos en el pasado, una nueva generación de andalucistas con Pilar González a la cabeza, habían iniciado el largo camino de conseguir levantar la presencia política del único partido netamente andaluz. Que ese nuevo proyecto debía estar acompañado de coherencia ideológica y de compromiso social, aprendiendo de los errores.

            Desde que en 2008 fuera elegida secretaria general del partido, Pilar González, con escasos medios y con mucha ilusión, ha realizado una intensa labor de acercamiento al ciudadano, dentro de un nacionalismo de izquierdas y ecologista, tal como quedó establecido en el XV Congreso del Partido Andalucista.

            Por ello, y porque no se puede condenar eternamente a una formación política por sus errores del pasado -todos los partidos los han cometido- el PA merecía una nueva oportunidad.

Sin embargo, los reveses electorales sufridos, especialmente en las últimas elecciones andaluzas, han dejado al Partido Andalucista al borde de su desaparición. Ahora, Pilar González ha anunciado que no optará a la reelección en el próximo Congreso previsto para el mes de julio. Alega para ello la tutela que el histórico líder y fundador del partido Alejandro Rojas-Marcos quiere imponer a la dirección hasta la celebración de dicho Congreso, mediante una terna de la que formaría parte la propia González. Ésta considera que el partido corre el riesgo de girar a posiciones conservadoras.

Nuevamente, parece que vuelven a la familia andalucista los fantasmas de la autodestrucción, que han presidido la vida de una formación que rescató el legado de Blas Infante y que, en los inicios de la democracia, llegó  a tener grupo propio en el Congreso de los Diputados y dos representantes en el Parlamento catalán. El propio Julio Anguita reconocía en una reciente entrevista que el resto de partidos debían su andalucismo al que entonces se denominaba Partido Socialista de Andalucía.

Ante ese peligroso derrotero, el Partido Andalucista debe abrir un debate sosegado sobre las causas de su debacle electoral, reafirmando una ideología progresista en consonancia con la raíz que representó el andalucismo histórico, diferente a los nacionalismos conservadores, y preguntarse por las causas que impiden que ese discurso llegue a los andaluces. Incluso cuando como ahora era la única formación que, al mismo tiempo de proponer un programa progresista, resaltaba su postura de defensa de la autonomía andaluza como una parte esencial del mismo.

De la misma forma,  Pilar González tendría que optar a la reelección y que sean las bases las que decidan. Es verdad que los resultados electorales están ahí y que después de ello, y de tanto esfuerzo desplegado, González tiene derecho –para otros el deber- de dar un paso atrás. Pero, por otro lado, la actual secretaria general, a pesar de las dificultades para acceder a los medios, ha puesto rostro al andalucismo y, sobre todo, coherencia en el discurso.

En cualquier caso, no es buena noticia para Andalucía que el PA haya quedado relegado del Parlamento andaluz. En nada sería un perjuicio para esta comunidad, que se ganó la autonomía gracias a la movilización de su pueblo, contar con un partido andalucista fuerte, con presencia en la sociedad y en las instituciones, ya sea el PA, u otra formación renacida de sus cenizas, que mantenga viva la llama que encendiera Blas Infante en 1915 con su “Ideal andaluz”. Máxime ahora, cuando desde diferentes instancias se pone en tela de juicio el Estado de las Autonomías, y el nacionalista catalán Durán Lleida, considera que las únicas que deberían mantenerse son las de Cataluña, Euskadi, Galicia y Navarra.

El andalucismo afronta la más difícil de sus encrucijadas y en el peor de los momentos. Acertar no será fácil, pero tiene que intentarlo por encima de personalismos que a nada bueno conducen. Ojalá acierte en su camino, sin claudicar de sus principios, de su razón de ser.

ADIÓS AL SUEÑO DE LA GRAN CAJA ANDALUZA

La idea de la Gran Caja Andaluza impulsada por el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, se difumina definitivamente. La integración de Banca Cívica, de la que forma parte la andaluza Cajasol, en Caixabank (La Caixa), sitúa a Andalucía sin peso financiero, a excepción de Unicaja.

            La reestructuración del sistema financiero español obliga a fusiones a lo largo de todo el Estado, lo que fomenta la creación de mayores centros bancarios. Sin embargo, Andalucía está perdiendo la partida y se queda sin referentes, absorbidos por la banca vasca y catalana.

            Cajasol apostó por un proyecto más allá de Andalucía, confluyendo en Banca Cívica con Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos. Poco ha durado esa iniciativa donde la entidad andaluza mantenía un peso específico.

            Los intentos anteriores de crear esa Gran Caja Andaluza son la crónica de un fracaso. Ello ocurrió con la fallida fusión de Unicaja con la cordobesa Cajasur, que finalmente fue intervenida por el Fondo de Reestructuración Bancaria, y tras la subasta pasó a manos de la vasca Bizcaia Kutxa. También fracasó el intento de acuerdo entre Unicaja y Cajasol, extensible a Caja Granada.

            Las cajas andaluzas se distinguieron por su labor social dentro de su ámbito de actuación y han formado parte importante del desarrollo económico andaluz. La crisis les ha afectado especialmente y es lógico que surjan entidades solventes. Pero deslocalizar las cajas, perdiendo la capacidad de decisión, no beneficiará a esta tierra, que tanto necesita de entidades propias y con peso suficiente.

PALOMARES, LA VIDA HIPOTECADA DE UN PUEBLO

En enero de 1966, en plena Guerra Fría, dos aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos chocaron en vuelo, cayendo las cuatro bombas nucleares que portaba uno de ellos, un B-52, que era respostado por un avión nodriza de la base norteamericana de Morón de la Frontera. Hubo cuatro muertos en el accidente y los artefactos se precipitaron sobre la pedanía almeriense de Palomares, perteneciente al municipio de Cuevas de Almanzora.

            Tres de las bombas impactaron contra el suelo, detonando el explosivo convencional y liberando plutonio. La cuarta cayó al mar. Las primeras fueron localizadas a los pocos días, mientras que la otra fue rescatada ochenta días más tarde por un submarino norteamericano, evitando una catástrofe de grandes dimensiones.

            Para restar importancia se ocultó la gravedad del caso, incluso el ministro de Información y Turismo Manuel Fraga se bañó en las aguas de Palomares, acompañado del embajador de los Estados Unidos.

            Aunque la catástrofe podía haber sido de una magnitud enorme de haberse producido la explosión de los artefactos, la nube radiactiva afectó a una zona de 226 hectáreas, incluyendo sectores urbanos, campos de cultivo y monte bajo.

En principio el Ejército norteamericano trasladó a su país 1.700 toneladas de tierra contaminada y pasó a desentenderse del problema. Las únicas voces discordantes fueron las de los campesinos afectados, dirigidos por Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, que solicitaron indemnizaciones. Estas protestas costaron a la conocida como la duquesa Roja, un procesamiento y ocho meses de cárcel.

            El régimen franquista jamás pidió responsabilidades a los Estados Unidos y quiso tapar la gravedad del accidente en una Andalucía sometida a la emigración y a la colonización interior.

Avanzada la democracia, los seguimientos realizados por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) indicaron en 1996 que la contaminación radiactiva en el aire y los cultivos era muy alta. En 2001 este organismo estatal realizó nuevas muestras de suelo, comprobando que el nivel de radiación era 20 veces superior al considerado como aceptable para zonas habitadas. Un estudio sobre la radiación enterrada, culminado en 2008, dio cuenta que 50.000 metros cúbicos de tierra se hallaban  afectados con medio kilo de plutonio.

            El entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, solicitó a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que Estados Unidos pagase parte de la limpieza de plutonio y se llevase la tierra contaminada, pero ésta respondió dando largas al asunto. En esa actitud se ha reafirmado recientemente el Departamento de Estado, que hizo pública una nota afirmando que no se había tomado ninguna decisión al respecto.

            A estas alturas son ganas de molestar, dirán en el gobierno de esa superpotencia para la que Palomares no es más que un episodio pasado en un país lejano. Mientras que ese pequeño pueblo andaluz, desgraciadamente conocido por la caída de bombas atómicas,  sigue con su vida hipotecada.



LAS RAZONES DE LA HUELGA GENERAL

 Las razones que justifican la huelga general prevista para mañana han sido suficientemente expuestas desde que el Gobierno aprobara la reforma laboral. Basta sólo con recordar las palabras captadas por un micrófono en las que el propio presidente Mariano Rajoy afirmaba que, tras las medidas que llevaría a cabo, se produciría la  convocatoria de paro. Otro micrófono “indiscreto” recogió la frase del ministro de Economía Luis de Guindos al comisario europeo Olli Rehn, indicando que la reforma planteada, “será extremadamente agresiva”. En boca del Gobierno, por tanto, se reconocía el fundamento de la repuesta sindical.

            Dando satisfacción a los mercados, que ya reclaman otra reforma más profunda, y a la CEOE, las medidas aprobadas suponen en buena medida el entierro de una serie de derechos conquistados desde el inicio de la democracia. Sin negociación previa, a rodillo de mayoría absoluta, se ha impuesto esta reforma que, en opinión de muchos, justifica más que ninguna la huelga del 29 de marzo.

            En este período previo se ha insistido desde los medios conservadores en una orquestada campaña de descrédito sindical, incluida la búsqueda del enfrentamiento entre trabajadores activos y desempleados. Se habla incluso de regularizar el derecho a la huelga, una cuestión que ya está normalizada. En el fondo, a algunos columnistas de la caverna les gustaría que no existiesen ni sindicatos ni derecho a la huelga.

            También cuando se critican a los piquetes sindicales se olvida a los sutiles piquetes empresariales, que en forma de amenaza impiden que muchos trabajadores puedan ir a la huelga, a riesgo de que no se les renueve el contrato o ser las víctimas propicias de la nueva reforma.

            Es cierto que el sindicalismo, en otro tiempo muy valorado, no está en su mejor momento. Que parte de esa pérdida de credibilidad es achacable a sus propios errores, a su servidumbre con los poderes. Pero los sindicatos no son peores que los partidos políticos o instituciones tan desacreditadas como la propia justicia, el Senado o la monarquía. Forman parte del entramado social con sus errores y sus virtudes. Deben mejorar y ganar credibilidad con un trabajo continuado y honesto, pero eso no justifica que en esta ocasión no estén cargados de razones.

            Pero yo iría algo más allá. Esa crítica a las centrales sindicales son mucha veces la excusa para no secundar un paro, cuando realmente el trasfondo no es otro que no perder los honorarios de ese día. 

            En cualquier caso, desde el respeto hacia las decisiones de cada cual, el conformismo jamás ha servido para variar los caminos trazados en perjuicio de la mayoría.