PABLO IGLESIAS Y EL 4 DE DICIEMBRE

                                                          Plaza dedicada a García Caparrós, en San Roque (Cádiz)

Es claro que Pablo Iglesias no se supo explicar  en su intervención al hablar del 4 de diciembre de 1977 durante el debate de candidatos a la presidencia en la cadena televisiva Antena 3. Lo cierto es que, como andaluz conocedor de esta cuestión, - muchos la vivimos directamente-, pasé de la sorpresa agradable (se aludía a una fecha que marca la historia andaluza más cercana y que es referente de las aspiraciones políticas para una Andalucía protagonista del nuevo tiempo que se avizora) a la perplejidad o la decepción. Iglesias tuvo el gesto de referirse a Andalucía y a una fecha significativa, más allá de la discusión de los EREs, los pactos de gobierno en la Junta o el paro. Sin embargo, no contó con la información suficiente. Se confundió, a pesar de su buena voluntad. Quiso decir que el derecho a decidir no es sinónimo necesario de independencia, que el autogobierno tiene diferentes interpretaciones.

         Pero si el líder de Podemos se equivocó, también se confunden, o peor todavía,  son desconocedores o no quieren conocer el verdadero significado de aquel movimiento popular, algunos medios que le han criticado por ello. El diario El País, le corrige diciendo que ese día lo que hubo en Andalucía fue un referéndum para la autonomía. Ese referéndum tuvo lugar el 28 de febrero de 1980, y fue otro hito en la lucha del pueblo andaluz por alcanzar la autonomía que se le negaba desde el centralismo.  

         A pesar del error de Iglesias, es en el seno andaluz de Podemos –para mayor inri de éste-  donde más claramente se  ha apostado por la recuperación de una fecha olvidada como proyección de futuro. Ello se plasmó hace unos días con la presentación de una proposición no de ley de defensa del patrimonio constitucional andaluz, instando al gobierno autónomo a tomar la iniciativa en este sentido. Ello ha sido posible por la aportación del colectivo Más Andalucía, que trata de suplir la carencia de un movimiento propio andaluz organizado. Y que ha logrado, es justo reconocerlo, articular un discurso autóctono basado en las claves de la reivindicación de autogobierno, nacidas cuando ni tan siquiera había una Constitución.

         Con ello se pretende que Andalucía, su gobierno, esté no sólo vigilante ante los intentos de reorganización territorial, sino que sea protagonista como autonomía de primera ganada el 28 de febrero de 1980, fecha en que los andaluces llevaron a cabo su derecho a decidir, exigido en la calle por un millón y medio de andaluces el 4 de diciembre de 1977. Un día también marcado por la tragedia con el asesinato del joven malagueño García Caparrós.

         Andalucía exigió el derecho a no ser una autonomía más, sino a ser como la que más, como señaló en sede parlamentaria el diputado andalucista José Luis Serrano. Porque sin remontarse a otros parámetros históricos y culturales, el 4 de diciembre Andalucía nació, bajo el impulso popular, como unidad federable.

         Tras las elecciones del próximo día 20 se producirá un proceso de reforma, donde Andalucía corre el riesgo de quedar huérfana si no se defiende su patrimonio constitucional, ganado por unas generaciones de veteranos y jóvenes luchadores, de un pueblo rebajado en el concierto español, que ya no quiso ser menos que las denominadas nacionalidades históricas. Y que fue capaz de romper, en la calle y con su voto, el esquema asimétrico del centralismo.

        

ANDALUCÍA, UNA CULTURA SECUESTRADA

                                                     Manifestación del 4-D en Algeciras (Cádiz)

Relata el carnavalero gaditano Antonio Martín en su libro La Andalucía de mis coplas,  que durante el concurso del primer Carnaval de la democracia, en 1976, y con ocasión de presentar la comparsa “España y olé”, llegó hasta el camerino Manuel de Diego, a la sazón presidente del jurado del Gran Teatro Falla. Éste le dijo que “aun siendo España y Olé  una gran comparsa, le faltaba gaditanismo”. Que él entendía que antes que a España había que cantar a Cádiz, que por encima del Norte estaba el Sur, y que muchos problemas esperaban de su denuncia. De Diego le habló del barrio de Santa María, del desprecio y el olvido de los gobernantes para con Cádiz.

En su narración al periodista José Antonio Ledesma, Martín reconoce que recibió “una soberana lección de gaditanismo”, que jamás olvidaría.

Este relato viene a ilustrar hasta qué  punto había llegado ese sentimiento de anteponer lo “español” a lo “andaluz”. De la utilización de lo andaluz como meramente folklorista, de la manipulación de una cultura propia en favor de los intereses del centralismo franquista. Una consecuencia más derivada de la división del trabajo a escala del Estado, que asignaba a Andalucía un papel secundario en beneficio del eje Madrid-  País Vasco-Cataluña.

Como escribe el sociólogo José María de los Santos, Andalucía considerada como la más España de las Españas, y simultáneamente subestimada, es decir, considerada como una prolongación de la cultura castellana. Mitificada y utilizada para combatir el pluralismo cultural existente dentro del Estado.

Esa manipulación, propia de un territorio sumido en el subdesarrollo, llevó a revertir los valores culturales de un pueblo, a que muchos artistas cayeran en esa telaraña de confundir Andalucía con España. De olvidar la denuncia de una situación de dependencia a través de las expresiones culturales andaluzas, potentes y universalistas.

En palabras de De los Santos, “un colonialismo prolongado, alimentador de una política de discriminación cultural, puede acabar con la voluntad de ser de un pueblo, con la toma de conciencia popular, con el fundamento, por tanto, de la verdadera nacionalidad”.

En vísperas de la fecha histórica del 4 de diciembre, cuando una ola de ilusión y lucha recorrió Andalucía, urge plantearse el papel actual de la comunidad andaluza en el concierto español. Si el país andaluz va a ser protagonista de los nuevos tiempos que se avizoran, siendo él mismo, o se va a erigir, bajo la dirección de sus responsables políticos, en el adalid de la España más intransigente. Ello, una vez más, en perjuicio,  pero esta vez en democracia, de su propia identidad.  

JOSÉ ACOSTA SÁNCHEZ, UN ANDALUCISTA EN EL PARLAMENT

Foto Diario ABC de Sevilla

Algunos medios publicaron despachos de agencia dando la noticia escueta de la muerte de José Acosta Sánchez,  quien fuera elegido diputado andalucista por la provincia de Barcelona en las elecciones autónomas catalanas de 1980. Poca tinta ha merecido este catedrático de Derecho Constitucional y exmilitante del Partido Socialista de Andalucía y uno de los ensayistas más importantes en el campo del nacionalismo andaluz.

            Desde sus primero libros El desarrollo capitalista y la democracia en España (1975) Crisis del franquismo y crisis del imperialismo (1976), El imperialismo capitalista: concepto, períodos y mecanismos de funcionamiento (1977) y Andalucía: reconstrucción de una identidad y la lucha contra el centralismo (1978), su contribución al estudio del andalucismo, desde aspectos críticos con quienes lo han adormecido y lo utilizan en tiempo de elecciones, ha sido ampliamente fructífero.

            En los inicios de la Transición fue uno de los ideólogos, junto a José Aumente, del PSA (luego transformado en Partido Andalucista), pero su enfrentamiento con la dirección del partido liderada por Alejandro Rojas Marcos, le llevó a abandonar el grupo parlamentario en el Parlament y el partido.

            En aquellas primeras elecciones catalanas el PSA consiguió dos diputados (José Acosta y Francisco Hidalgo), todo un éxito para una formación que ya contaba con cinco diputados en el Congreso, y que comenzaba a preocupar a los partidos de izquierdas, principalmente al PSOE, que encontró en la crisis provocada por el referéndum del 28 de febrero de 1980 la oportunidad para desplazar a una organización que estaba calando en la ciudadanía andaluza.

            Acosta Sánchez fue muy crítico con la gestión realizada por Rojas Marcos, agravándose la situación por el apoyo prestado por el grupo andalucista en Madrid al presidente Adolfo Suárez en la moción de confianza planteada ese mismo año.

            En Cataluña, donde impartía clases en la Universidad de Barcelona, desde 1976, desplegó una gran labor entre los emigrantes andaluces.

            Antes de poder acceder a las lecturas de la obra secuestrada de Blas Infante, su libro Andalucía: reconstrucción de una identidad y la lucha contra el centralismo, me impactó de manera especial. Con esta obra creció su prestigio, y como me confesó en una ocasión, desde el PSUC (los comunistas catalanes)  trataron de convencerle para que ingresara en el partido.

            Apartado de la política desde 1988 –fue concejal durante quince meses en el Ayuntamiento de Córdoba, donde residía–, ejercía de catedrático de Derecho Constitucional de la universidad cordobesa desde 1996. Desde se jubilación lo hacía como profesor honorífico y continuaba ofreciendo conferencias y dirigiendo seminarios, algunos de los cuales tuve el honor de compartir. Recuerdo especialmente el que dirigimos en el Curso de Verano de San Roque, verdadera ocasión para volver sobre la memoria de un tiempo y debatir sobre Andalucía.

PODEMOS Y EL TREN DE ANDALUCÍA

En un comentario anterior aludía que, tras la desaparición del Partido Andalucista, aunque esta formación no tuviese representación a nivel estatal y autonómico, se perdía un referente, con sus glorias y sus errores, en el campo del andalucismo. Del mismo modo, saludaba la iniciativa que en el seno del partido emergente Podemos, había surgido de la mano del parlamentario andalucista José Luis Serrano, tendente a articular una presencia de ese signo en el escenario político que se avecina.

         Del mismo modo, animaba a que otras formaciones andaluzas, como una sola piña, buscasen una vía que situara a Andalucía en el centro del proceso constituyente al que la situación política conduce irremisiblemente.  

         Sin embargo, a poco de la formación de las listas electorales, el núcleo dirigente de Podemos, no ha dado el paso necesario. Mientras, el proyecto Más Andalucía, continúa a la espera. Esta corriente, donde figuran personas de relieve y un nutrido grupo de jóvenes curtidos en los movimientos del 15-M,  se ha propuesto situar a este partido como punta de lanza en la defensa del reconocimiento de la categoría de nacionalidad histórica, motivo de la movilización del 4 de diciembre de 1977 y de la victoria del 28 de febrero de 1980.

         Pero la frustración está a un paso, tal como ya ocurriera con la liquidación política del nacionalismo de clase del socialista Rafael Escuredo a cargo del todopoderoso Alfonso Guerra, una vez que aquél liderara la lucha por la autonomía y ganara las primeras elecciones al Parlamento andaluz. O posteriormente con Julio Anguita y su proyecto de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, que él mismo dinamitó con su marcha a Madrid para salvar al Partido Comunista.

         En todos estos casos primaron intereses centralistas y partidistas a los de la propia Andalucía. Si ahora vuelve a ocurrir, si los políticos andaluces continúan pensando en Madrid antes que en la tierra a la que se deben, ésta habrá perdido un nuevo tren de los muchos que pasaron sin detenerse en las estaciones del sur.

ANDALUCÍA ANTE EL PROCESO CONSTITUYENTE

Las recientes elecciones en Cataluña vienen a poner de relieve la fractura de la sociedad catalana y el tiempo perdido en hallar una solución a un problema con amplio eco más allá de las fronteras del Estado español.

Aparte de los análisis que hablan de que el independentismo ha ganado en escaños pero no en votos, es evidente que existe una parte importante de catalanes que no quiere pertenecer a España, y que el inmovilismo del gobierno central ha supuesto el primer aliciente para que ese sentimiento aumente de manera vertiginosa.

De hecho, no hay que perder de vista, que fue aquella poco medida campaña del PP, entonces en la oposición,  contra el nuevo Estatut, -que había sido aprobado en el Congreso de los Diputados y refrendado por el pueblo catalán-, con recogida de firmas y denuncia ante el Tribunal Constitucional, el detonante de un movimiento independentista que hasta entonces era minoritario. El propio candidato del Partido Popular, el señor Albiol, reconoció el grave error cometido por su partido.

Aquella marea envolvió al presidente Artur Mas, que halló la oportunidad de distraer a los ciudadanos de la política de recortes sociales que ha venido ejecutando y esconder, al mismo tiempo, las responsabilidades políticas de los numerosos casos de corrupción de su partido, Convergencia Democrática de Catalunya.

En cualquier caso, la cuestión no es Mas, al que, y esto es lo realmente censurable, son muchos los catalanes que, como en otros lugares de España, perdonan la corrupción política. Porque el presidente de la Generalitat más que un ganador es un superviviente. Y con él o sin él, el proceso hacia la independencia va a continuar.

Desde que se produjese el inicio de este conflicto, este articulista, como tantos otros ciudadanos,  ha venido defendiendo el diálogo sin ningún tipo de prejuicio. Ya se ha dicho en otros lugares que, mientras el independentismo tiene una hoja de ruta, del otro lado no hay nada. Incluso la llamada Tercera Vía va directa a una vía muerta, condenada por el inmovilismo de unos y otros. La gente sensata de España y Cataluña demanda un entendimiento, pero la cuestión es mucho más ardua.

De lo que se trata no es solo de la cuestión catalana, sino de una crisis política profunda, a la que ya me he referido en otras ocasiones. La crisis económica y la reiterada corrupción trajeron aparejada un quebranto de la confianza de los ciudadanos en sus políticos y en las instituciones. Ello provocó el movimiento de los indignados y la aparición de nuevos partidos y nuevos políticos. Se trata también de un agotamiento del sistema surgido tras la dictadura franquista. Por tanto, se impone una reforma constitucional, cuya dilación resulta cada vez más suicida.

Un proceso constituyente que, entre otras cuestiones, afronte el reconocimiento de un Estado plurinacional. Ahí estaría el encaje de Cataluña. Pero, ojo, podría ocurrir, al igual que se pretendió durante la Transición política, que Andalucía sea excluida de ese reconocimiento.

Parece que ya se ha olvidado que Andalucía exigió su derecho a decidir el 4 de diciembre de 1977. Más de un millón de andaluces enarbolando la verdiblanca salió a la calle exigiendo la misma consideración que las denominadas nacionalidades históricas (Cataluña, Euskadi y Galicia). Y, a pesar del mecanismo constitucional de exclusión (las diferentes vías de los artículos 143 y 151), el pueblo andaluz, contra la beligerancia del gobierno de entonces, sin apenas medios,  afrontó la difícil prueba del referéndum del 28 de febrero de 1980. Practicó su derecho a decidir, por el que había luchado, situándose junto a las nacionalidades mencionadas.

Ahora, si los representantes andaluces no están a la altura –y de ello alertó recientemente el diputado de Podemos en el Parlamento andaluz José Luis Serrano–, Andalucía como nacionalidad histórica, ganada a pulso democrático, corre el riesgo de quedar desbancada. Esperemos que, al igual que ocurriese en las históricas fechas del 4 de diciembre y del 28 de febrero, los políticos andaluces hagan piña en torno a lo que el pueblo andaluz consiguió bajo la dirección de las formaciones políticas de entonces, comprometidas con la lucha por la autonomía plena.

              

EN EL ADIÓS DEL PARTIDO ANDALUCISTA

El Partido Andalucista ha celebrado su último congreso. Al llegar a este punto, que finiquita cincuenta años de actividad política, son muchos los análisis que se hacen sobre las causas que han llevado a ese callejón sin salida. El partido que recuperó la memoria de Blas Infante y los símbolos olvidados de Andalucía, que llegó a contar con grupo propio en el Congreso y con dos diputados en el Parlamento catalán, dice adiós dignamente tras los continuados fracasos electorales.

      Las causas de este final son diversas. Algunos se refieren a hechos ocurridos hace más de treinta años: el trueque de las alcaldías de Huelva y Granada por la de Sevilla en las primeras elecciones municipales, la bisoñez con que afrontó la salida al referéndum del 28 de febrero de 1980, incluso el apoyo a la investidura de Suárez. Otros hablan de personalismos, de continuos enfrentamientos internos, de ambigüedades ideológicas y de falta de liderazgo.

     Probablemente, haya de todo un poco. Pero también es cierto que a esta formación no se le han perdonado los errores, al contrario que a otras organizaciones. Y que ya en su prodigioso éxito en la Transición se encontró con un PSOE liderado por el andalucista Rafael Escuredo, que acabó fagocitándolo.

      Asimismo, en el momento actual, no puede soslayarse la aparición de los nuevos partidos, con gran proyección mediática. Los andalucistas no han contado con altavoz alguno. Quien no sale en los medios no existe. Y, por supuesto, quien no cuenta con los apoyos del mundo financiero. Ya lo sufrió el prestigioso político Clavero Arévalo cuando tuvo que plegar velas del proyecto de Unidad Andaluza en los primeros años de la democracia.            

      Los andalucistas del PA, que comenzaron en el socialismo del tardofranquismo (Partido Socialista de Andalucía era su nombre), acabaron, en muchos casos, siendo muletilla sin pretensión ideológica en diputaciones y ayuntamientos, o sin saber hacerse notar en sus dos coaliciones con el PSOE en el gobierno de la Junta.

       La desaparición de un partido democrático provoca desazón pero, al mismo tiempo, en el caso presente, debe abrir un debate sobre el futuro del andalucismo, entendido como el movimiento progresista, identificado con una tierra donde queda muchísimo por hacer, distinto de los nacionalismos periféricos excluyentes, tal  como lo concibió Blas Infante.

        Actualmente, un movimiento andalucista trata de abrir espacio en el seno de Podemos. Una tarea nada fácil dentro de una formación centralista. Un empeño, por otro lado, que hay que saludar y que debiera producirse en otros  partidos y sindicatos

        Al mismo tiempo, existen partidarios de acometer un proyecto nuevo, que intente ilusionar a la sociedad andaluza, recuperar esa pretensión de un poder andaluz, capaz de motivar y movilizar. 

        Decimos adiós al histórico Partido Andalucista, pero no al andalucismo, que habrá de buscar caminos sobre un escenario nuevo.

LA SALUD EN LA COMARCA Y GIBRALTAR

Hace ya dos años que un grupo de campogibraltareños nos prestamos voluntariamente a la realización de unos análisis para detectar la presencia de metales pesados en el organismo. La Consejería de Salud no sólo no ha hecho público los resultados, sino que los ciudadanos implicados no hemos recibido la más mínima información, a pesar de la promesa de que serían enviados de manera individualizada. La asociación ecologista Verdemar ha denunciado por tal motivo a la Consejería de Salud.

La falta de información nunca es buena y sólo causa alarma, que, puede ser injustificada, pero que toma alas y hace que la gente se cuestione qué hay detrás de ese retraso de la Administración.

Costó muchos años que la Junta de Andalucía asumiera la realización de estudios epidemiológicos en la zona, teniendo en cuenta los datos científicos que avalan la persistencia en la misma de determinadas enfermedades en grado considerable.

No se trata de alarmismo gratuito, pero tampoco hay que tener prejuicios a la hora de afrontar la cuestión. Ya nadie niega, con los datos que hoy se conocen, que el Campo de Gibraltar cuenta con los índices más altos de España en padecimiento de enfermedades como  el cáncer. 

El Observatorio de la Sostenibilidad de España, en un informe publicado en 2009, señalaba a los municipios de Los Barrios y San Roque como lugares donde sus habitantes tienen una probabilidad más alta de sufrir esta enfermedad, como consecuencia de la presencia industrial en sus respectivos términos. Esta tendencia está presente en el resto de municipios de la bahía. 

Ello no viene más que a confirmar los distintos estudios realizados hasta el momento, entre ellos el Atlas de Mortalidad de la Universidad Pompeu Fabra, que revelaba que la media de esperanza de vida en el Campo de Gibraltar era de 20 años menos que en otras comarcas andaluzas.

En abril de 2010, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo,  recomendó a la Junta de Andalucía la realización de estudios que aclarasen las causas del elevado índice de casos de cáncer entre los habitantes del Campo de Gibraltar y el Peñón. Aunque no existía obligación jurídica para ello, el Parlamento Europeo señaló que sí sería importante llevarlos a cabo ante la gravedad del caso.

Del mismo modo, la Comisión Europea criticó recientemente la falta de control y dejadez de las autoridades de Gibraltar sobre el medio ambiente en las aguas que rodean la ciudad. El gobierno del Peñón dijo que se trataba de “un detalle técnico” y que “España está mucho peor”. Ni siquiera, después de la tan reivindicada colaboración mutua, se es capaz de ponerse de acuerdo y anteponer la salud de los ciudadanos, ya sean de Gibraltar o de la comarca, a las cuestiones políticas.

No se puede perder más tiempo. Necesitados de un estudio integral de la salud ciudadana por encima de intereses económico o políticos, nada debe impedir  conocer la verdad y afrontar el problema. Se lo debemos, al menos, a las nuevas generaciones.