CÓMO DESTRUIR A LOS SINDICATOS

Aparte de la imposición de la política económica que está llevando a unos índices de paro desorbitados, a la merma de los servicios públicos y al empobrecimiento del país a marchas forzadas, la ideología neoliberal procura por todos los medios la división de las clases trabajadoras. No sólo se trata de hacer culpables a quienes no lo son: ustedes tienen la culpa de la crisis por vivir por encima de sus posibilidades, y ahora tienen que pagarla. También se ha procurado, y en muchos aspectos se está consiguiendo, que los propios trabajadores se enfrenten entre sí. Ya lo ha puesto de manifiesto el Gobierno con respecto de los funcionarios, a los que ha utilizado como carnaza frente a los parados. Y ocurre con esa campaña orquestada para destruir a los sindicatos.

            En otros comentarios he dejado claro que los sindicatos tienen que asumir errores y reformarse profundamente, pero también he insistido en que el mundo sindical no es ajeno a la crisis que afecta a toda la sociedad. Una crisis de credibilidad que alcanza también a los partidos políticos, a la judicatura, a la Corona o a los medios informativos. En definitiva, no son una excepción. Por supuesto, que como organizaciones vivas de una sociedad democrática son criticables. Pero otra cosa es la campaña continuada que desde la mayoría de los medios de la derecha se lleva a cabo.

            La reciente huelga general es buena muestra de ello. Se asocia a los sindicatos con las acciones violentas de unos pocos, ajenos, en la mayoría de los casos, a las centrales sindicales. Es igual, para esos medios, la huelga es sinónimo de violencia, y la culpa es de los sindicatos. Esa fórmula, infame multitud de veces, no se para ante nada. Los mismos medios que critican las subvenciones a las centrales, ocultan las que reciben la patronal, y defienden las que percibe la Iglesia católica.

            Ese discurso orquestado desde el conservadurismo ha calado en amplios sectores de la población, que ven en los sindicatos al ogro que todo lo destruye. También entre los trabajadores que no van a la huelga “por que la convocan los sindicatos”. En ello, no sólo se aprecia el convencimiento honesto de mucha gente, también late el recurso fácil de no perder un día de salario, aunque realmente se comparta la razón de la protesta. Es mejor culpar a unas organizaciones, que con todos sus errores y pérdida de credibilidad son las únicas que se oponen claramente a la política económica neoliberal. Las únicas, junto con los estudiantes, que tratan de movilizar a una sociedad cada vez más adocenada.

            Los sindicatos tienen que cambiar, ser críticos con sus propios errores y luchar decididamente contra los sectores más reaccionarios que pretenden arrinconarlos. Contra unos poderes económicos que han conseguido acabar con derechos conseguidos tras décadas de lucha, que han anulado con reformas laborales la negociación colectiva, que tratan de destruir o hacer que el sindicalismo no pase de una mera presencia simbólica, despojándolo de su auténtica razón de ser.   

UNA NUEVA POLÍTICA PARA UNA CRISIS QUE PONE AL PUEBLO CONTRA LAS CUERDAS

Su casa y el pequeño establecimiento del que vivía su familia, el fruto de toda una vida de esfuerzo estaba a punto de esfumarse, borrado por ese mal viento de un crisis que pagan quienes no la han provocado. Cuando la Policía llegó a su casa para ejecutar la orden judicial de desahucio se encontró el cuerpo sin vida de Miguel Ángel Domingo, un granadino del barrio de la Chana, que decidió suicidarse ante la terrible realidad que se le imponía. Este dramático suceso es un episodio más de las consecuencias de una situación cada vez más insostenible para una parte importante de los ciudadanos.

            Tan sólo unos días antes la prensa daba cuenta del informe elaborado por siete magistrados especialistas, denunciando el abuso de los bancos. Los jueces recalcan la indefensión de los deudores en el marco de una crisis que no han provocado, añadiendo que, “cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de las familias”. En conexión con la realidad, en este informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial, que no lo considera vinculante, los magistrados proponen transferir a los hipotecados las ayudas a la banca.

            En los últimos cuatro años se han llevado a cabo 350.000 ejecuciones de desahucios, un procedimiento legal muy flexible y que no tiene en cuenta que son esas mismas entidades financieras las que, tras formar parte de la llamada burbuja inmobiliaria, han llevado a la ruina a miles de ciudadanos. Los mismos bancos que reciben ayudas millonarias de un Estado, que ha visto incrementado su déficit precisamente por esas inyecciones de dinero público.

            Ocurre ello en un país cada vez más empobrecido, donde, según la última Encuesta de Población Activa, más de 1, 7 millones de hogares españoles tiene a todos sus miembros en paro. Y donde sólo el 67 % de los registrados en las oficinas de empleo recibe algún tipo de prestación. Datos que son confirmados por la oficina europea Eurostat, que sitúa a España como el país de la eurozona con mayor nivel de desigualdad social.

            La brecha entre ricos y pobres ha aumentado considerablemente. La destrucción de empleo, la supresión de prestaciones, las rebajas de sueldos, la reducción de los servicios sociales no han detenido el deterioro que a marchas forzadas sufre el país, principalmente las clases baja y media. Sin embargo, con estos resultados, no se produce un cambio de rumbo y se insiste en una política que ha demostrado su fracaso.

            Al menos en Andalucía, donde según la última información de la Encuesta de Población Activa, la tasa de paro supera el 35 %, diez puntos por encima de la media del Estado, la Junta ha incluido en los presupuestos para el próximo año un plan global de fomento del empleo de 370 millones de euros. Del mismo modo aumentará las dotaciones de becas en un 7 % y las pensiones no contributivas en un 2 %.

            Una iniciativa que intenta paliar una situación alarmante como señala en su reciente informe la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), que indica que el 40 % de los andaluces se halla en riesgo de pobreza y más de la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes.

            Los recortes sin límites y la destrucción de empleo caminan parejos. Una nueva política se impone, mientras que muchos ciudadanos resisten a duras penas los embates del temporal. Desgraciadamente Miguel Ángel Domingo no pudo. Ojalá se tomara nota de este hecho luctuoso y que su muerte no fuese baldía.

LA CUESTIÓN DE CATALUÑA Y LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO CONSENSO

Aunque al presidente del Gobierno le parezca una algarabía, la multitudinaria manifestación a favor de la independencia de Cataluña, que tuvo lugar durante la reciente Diada, supone un punto de no retorno. Tratar la cuestión banalizando el estado de opinión de una parte importante de la ciudadanía de Cataluña, sería un error de enorme calibre.

            El giro soberanista de CiU puede, en parte, estar dirigido a “entretener” a la ciudadanía de la política de duros recortes establecidos por el gobierno de Artur Mas. Cataluña se empobrece porque aporta más de lo que recibe. Es un buen discurso para movilizar los sentimientos catalanistas. Pero, aún reconociendo esta posibilidad, es evidente que el actual estado de cosas va más allá de un hecho coyuntural y se engloba en la crisis que sufre el sistema político surgido de la Transición.

            No puede obviarse en todo este asunto la frustración de Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra un Estatuto que, aunque recortado en el Congreso de los Diputado, fue aprobado en referéndum por el pueblo catalán en junio de 2006. Una insensatez política del Partido Popular que denunció el texto y, amparado en la red mediática de la derecha española, fomentó una catalanofobia, que tan buenos resultados electorales le ha dado en el resto de España. Pues bien, el problema para Rajoy, ya no es un Estatuto que iba a romper España, como continuamente predicaba desde la oposición, ahora es clara y llanamente la demanda de un Estado independiente.

            Aparte de esta visión partidista de la política española, en la que participan palmeros como los presidentes de comunidades autónomas de Extremadura o Madrid, está claro que el sentimiento independentista ha crecido vertiginosamente en los últimos años. Los jóvenes catalanes no se sienten identificados ni obligados por el pacto político que supuso la Transición española. Y esa ola ha llevado a Convergencia i Unió -el partido moderado que, en diferentes momentos, ha pactado con conservadores y socialistas y que, incluso, participó en la redacción de la Constitución-, a posicionarse claramente y sin la ambigüedad de otras veces. Si hasta hace poco el Pacto Fiscal era el objetivo del Gobierno catalán, hoy ya no es más que un paso en la consecución de la independencia. Ni tan siquiera el federalismo, alternativa de los socialistas catalanes, parece satisfacer la reivindicación de un Estado propio.

            Pero el Estado federal puede ser la solución. Para ello hay que propiciar la reforma de la Constitución que de sentido al Senado, y decida qué tipo de federalismo habría que desarrollar. En ese compromiso debería de producirse un diálogo franco entre todos los partidos, en la búsqueda de un gran acuerdo. En este sentido, en el seno del Partido Popular, al menos, una parte significativa de sus dirigentes, debería de abandonar el ataque al Estado autonómico, y entender que aferrarse al nacionalismo españolista más retrógrado, puede hacer que se llegue tarde a una solución compartida.

A las demandas de Cataluña se unirá la próxima cita electoral en Euskadi, donde se dibuja una amplia mayoría nacionalista.

            Y qué papel le corresponde a Andalucía en este nuevo escenario. No se debe permitir que nuestra comunidad sea utilizada como ariete del centralismo contra las reivindicaciones de otras comunidades. Tampoco a que un rediseño de las comunidades autónomas lleve a relegar a Andalucía a la segunda división del Estado. Clara defensa de la identidad andaluza y de su peculiaridad en el concierto del Estado, apostando por un irrenunciable principio de solidaridad recíproca.

El Gobierno andaluz, aunque acuciado por la crisis económica y abocado al rescate de la comunidad, debe esgrimir las cartas del federalismo progresista y procurar la movilización de la adormecida sociedad andaluza.

Andalucía tuvo su propia Diada el 4 de diciembre de 1977 y el 28 de febrero de 1980. Desde entonces, en buena medida por el aburrimiento político provocado por el bipartidismo y la indiferencia de un gran sector de la población, se vive una desmovilización ciudadana general, tan sólo rota este verano por las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores. 

Esa acción del gobierno de la Junta es un compromiso histórico con todos los andaluces, y debe ir más allá del mero enfrentamiento con un Gobierno central de distinto signo político, que convierta en pura demagogia electoralista la defensa indeclinable de Andalucía.

EL PAPEL DE ANDALUCÍA ANTE LA CRISIS DEL SISTEMA

Las marchas y acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores han puesto de actualidad a Andalucía, incluso más allá de las fronteras del Estado español. Las opiniones se han dividido y las actitudes del alcalde de Marinaleda y líder del SAT, Sánchez Gordillo, han tenido una gran proyección mediática. Podrán censurarse las acciones de los jornaleros, que unos entienden como abusos, y otros como protesta pacífica ante la grave situación por la que atraviesan muchas familias andaluzas. Pero la certeza de esa situación, extrema para muchos, obliga a que la ciudadanía de una respuesta democrática.

            Andalucía registra el desempleo más elevado de España, el 34, 8 %, por encima de Extremadura y Canarias (400.000 familias tienen a todos sus miembros en paro). Del mismo modo, el reciente estudio de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (AGETT)  sitúa a la comunidad andaluza con el mayor índice de miseria de todo el Estado. El estudio, que contrasta las tasas de paro y la inflación, permite conocer el deterioro del nivel de vida de los ciudadanos que, en el caso andaluz, ha incrementado su tasa en un 15 % en los últimos cinco años.

            Los desmesurados recortes impuestos por el Gobierno central al andaluz (3.000  millones de euros adicionales a los ya recortados), empobrecerá aún más a la comunidad y perjudicará enormemente a los servicios públicos esenciales. Asimismo, Rajoy ha reducido las políticas activas de empleo destinadas a Andalucía en 430 millones de euros respecto de 2011, por lo que el Gobierno autónomo tiene poco margen de actuación en una cuestión que sangra especialmente al pueblo andaluz. Evitar la asfixia financiera de Andalucía es un reto difícil de salvar para la coalición gobernante en Sevilla.

            Se produce ello ante una sociedad cada vez más apartada de la clase política y donde se echa de menos una verdadera plataforma, un vehículo político que “reanime” la postergada política andaluza, que conteste con fórmulas diferentes a las políticas neoliberales. Que se construya a partir de la defensa de la autonomía, tan duramente conseguida por el pueblo andaluz, y que, de manera interesada, se trata de denostar a toda costa. Y, junto a ello, la defensa del servicio público articulado como derecho y método de redistribución de la riqueza.

            Un movimiento que reivindique el papel de Andalucía en el contexto del Estado, rompiendo los tópicos de siempre y el papel subalterno al que históricamente se le ha relegado, tal como ocurrió con las grandes movilizaciones de 1977 y del referéndum del 28 de febrero de 1980, que situaron al país andaluz en primera línea de la conciencia como pueblo, en un sentir que rescataba la lucha de Blas Infante, hoy perdido o extraviado.

            Ello tiene que proyectarse desde la realidad política. Si partimos de la encuesta publicada en junio pasado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el 70, 4 % de los encuestados se sienten “tan españoles como andaluces”, un 15 % se sienten más andaluces que españoles y un 2,7 únicamente andaluces. Un 57,9 % defiende la autonomía, al que hay que sumar un 8 % que demanda más competencias.

            Partiendo de esta realidad constatada electoralmente y en las encuestas, una realidad apartada de posiciones independentistas, pero con un porcentaje significativo de identificación con la tierra andaluza, se impone el encuentro de sensibilidades ecologistas, movimiento ciudadano, asociaciones de mujeres, andalucistas e intelectuales. Y que, partiendo de la propia identidad como pueblo, defienda un derecho basado en la vecindad, por encima de discursos étnicos. En definitiva, una fuerza autóctona que pueda superar fracasos anteriores de la reciente historia andaluza.

            En otro momento esa fuerza estuvo representada por el PSOE de Escuredo, desplazado por el aparato del partido cuando dejó de interesar electoralmente; el Partido Andalucista en distintos momentos de su cainita travesía, e Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía, antes de que Julio Anguita eligiera “salvar” al PCE, en vez de consolidar un proyecto netamente andaluz.

            Junto al déficit económico del que tanto se habla existe otro igual de profundo: el de la pérdida de valores democráticos que ha agudizado el desinterés ciudadano por la política. Al lado de ese rechazo ciudadano, figura un elemento que se ha venido fraguando en Andalucía desde hace ya muchos años, como es la desmovilización ciudadana, la pérdida de la identidad y, consecuentemente, la ausencia de compromiso con una tierra que, habiendo avanzado desde la consecución de la autonomía, continúa a la cola de las comunidades de España.

            Todo ello se da cita en medio de un deterioro agudo del Estado del Bienestar, de la pérdida de soberanía nacional en beneficio de los poderes económicos multinacionales, del ataque a las autonomías desde el neoliberalismo y el conservadurismo más extremo, y de una crisis del régimen político surgido de la Transición política, que incluye a la propia Monarquía.

            Si Andalucía no es protagonista del momento que acaece en España, en base a los pilares citados, volverá nuevamente a perder el tren de la historia.

EL DÉFICIT PÚBLICO, ¿CULPABLE DE LA CRISIS?

El discurso neoliberal imperante se sostiene en que la causa de la crisis radica en el gasto público. Por tanto, no cabe más medida que el recorte o la supresión de servicios, invadiendo los logros de décadas de lucha y haciendo caer el peso de la crisis sobre quienes no la han provocado: recortes de salarios, congelación de pensiones, copago sanitario, recortes en sanidad y educación, despido libre. En definitiva, imposición de un cambio en el sistema social que mutila la distribución de los recursos equitativamente.

Que ha habido derroche a todos los niveles nadie lo niega. Sin embargo, está demostrado que cuando se inicia la crisis en 2007, España contaba con superávit en sus cuentas. Ingresaba el  2, 23 % del PIB más de lo que gastaba y la deuda pública se situaba en un 36, 2 % del PIB, una de las más bajas de la Unión Europea.

            El déficit crecería en los años posteriores por la bajada de ingresos del Estado debido a la recesión y la elevada tasa de paro. Los ingresos principales de España provienen de las rentas del trabajo y no del capital, y el Estado dejó de ingresar de manera alarmante. El déficit aumentó considerablemente y se vio agudizado con la subida de la prima de riesgo. Para colmo, el rescate financiero, que puede alcanzar los 100.000 millones de euros, aún siendo dirigido a los bancos y cajas, vendrá a engrosar la deuda soberana. Ello equivaldrá a más recortes. No hay otra solución, dice el Gobierno para conseguir ver la luz de este largo túnel.

            La falta de ingresos se ha visto agravada con políticas económicas como las ejecutadas tanto por el Gobierno anterior como por el actual: se suprimió el impuesto de patrimonio y se bajó el de transmisiones, dejándose de ingresar, según algunos cálculos, más de 5.500 millones de euros. Se bajó los impuestos a quienes percibían más de 150.000 euros anuales y se redujo a las empresas que facturaban más de 150 millones de euros al año. A las grandes fortunas, que han seguido creciendo a pesar de la crisis, se les perdonaba el fraude fiscal. Con todo este dinero, el Estado podría poner en marcha un plan de empleo que redujese drásticamente el paro y alentase la economía del país. He aquí una posible solución, unido a otras medidas que no graven directamente a la mayoría de los ciudadanos.

            Pero el Gobierno ha optado por la vía que le marcan los poderes financieros. El tijeretazo ha empobrecido al país. Ha hundido en la miseria a los más necesitados, ha quebrado a la clase media, y quienes tienen un empleo fijo, como son los funcionarios, se han convertido en el recurso fácil y continuado para el recorte de salarios. La sanidad, ejemplo para muchos países, ha sufrido un importante retroceso, apostándose por la privatización de sus servicios. Y ahora, la subida prevista del IVA en los tipos de artículos de primera necesidad, ahondará aún más al país en el pozo sin fondo al antojo de los especuladores del mercado.

            La teoría neoliberal ha sentado plaza en Europa. Países como España, Grecia, Portugal, Irlanda o Chipre la están sufriendo de manera especial. Ante ello, aparte de las ayudas que puedan obtenerse en el exterior, debe producirse un giro. El recorte continuado para satisfacer a los insaciables mercados y la política marcada por Alemania, no puede continuar. Incluso el Gobierno ya ha encendido la luz de alarma, para que se produzca un cambio en la línea que defiende el nuevo presidente socialista francés  Hollande.  Mientras esto se produce, los gobernantes españoles no son capaces de unirse en un gran pacto nacional, que lleve a un cambio a la política del recorte, que, de manera inmisericorde, está conduciendo al país a niveles cada vez más altos de pobreza.

¿QUÉ HACEMOS CON CATALUÑA?

Vaya por delante que todas las banderas y todos los himnos merecen el respeto que se deriva de lo que supone para los ciudadanos que se identifican con esos símbolos y los sienten especialmente. Por tanto, no comparto la famosa pintada al himno español en la pasada final de la Copa del Rey de fútbol, especialmente calentada por la locuaz presidenta de la comunidad madrileña Esperanza Aguirre, cuando declaró que de producirse un hecho de ese tipo, habría que celebrar el partido a puerta cerrada. Al hilo de ello me gustaría hacer una reflexión en torno a la escalada soberanista producida en la comunidad de Cataluña, y de la que en buena medida tiene mucha culpa la derecha española más retrógrada.

            El constante ataque al nacionalismo por parte de ese sector en los numerosos medios de que disponen y en tertulias machaconas de una sola voz, ha llevado a que las inclinaciones independentistas crezcan considerablemente en la comunidad catalana. El acento de la derecha mediática en las críticas a todo nacionalismo, por muy moderado que este sea, está haciendo que el talante de consenso que siempre han tenido formaciones como Convergencia i Unió vaya alejándose del actual marco constitucional.

            Aparte de las cuestiones que enfrentan los espacios ideológicos y que son asumidos y respetados en un régimen democrático, esa campaña permanente de acoso, ejecutada en definitiva por el nacionalismo español más acérrimo, está abriendo una brecha que puede tener una difícil marcha atrás. La reacción es lógica. Si en la Andalucía de 1980, cuando el centralismo agravió abiertamente al pueblo andaluz, en vez de plantearse en el histórico referéndum del 28 de febrero la posibilidad de conseguir la autonomía en igualdad de condiciones que vascos, catalanes y gallegos, se hubiese planteado la independencia, no me cabe la menor duda que hoy Andalucía sería un estado independiente. Acción, reacción.

            Cuántas veces oímos hablar con menosprecio de los catalanes en general, y hasta extremos de querer, poco menos, “levantarles un muro”, como he oído en muchas ocasiones a meros ciudadanos con los papeles perdidos, a los que se les inocula ese discurso insensato de rechazo. A esas gentes sectarias les digo, “bueno, si no queremos a esa comunidad, démosle la independencia”. Entonces sube de tono la conversación: “de eso nada”.

            A la crítica desmesurada de los voceros del nacionalismo español se unió, oportuna y electoralmente, el Partido Popular con su denuncia del reformado Estatuto de Autonomía de Cataluña y congelando durante cuatro años la renovación parcial del Tribunal Constitucional para mantener la mayoría contraria a dicho texto -muy similar al andaluz que nadie denunció- y que ha acentuado más las diferencias entre el Estado y Cataluña.

            Por otro lado, jamás justificaré el radicalismo de sectores nacionalistas excluyentes, o a  los dirigentes catalanistas que han atacado a Andalucía y a los andaluces. Ahí están mis artículos como respuesta a esas manifestaciones. Esas actitudes políticas, y no todo un pueblo, se merecen el rechazo democrático. Por eso, en mi opinión, no se trata de dilucidar qué hacemos con Cataluña, sino qué hacemos con quienes envenenan la convivencia enfrentando a los pueblos sin medir las consecuencias.

EL PODER DEL DINERO, EL DINERO EN EL PODER

La prioridad de la política ha pasado de ser la lucha contra el paro en el caso de la socialdemocracia y la inflación en el campo de los conservadores al más puro gobierno de la tecnocracia económica. Fue el Tratado de Maastricht de 1992, vendido como la Europa de los ciudadanos, la base de la Europa del poder financiero y la pérdida de derechos sociales. La creación de una nueva moneda europea y los criterios para acceder a ella, fue la razón de ser de Maastricht, y para ello habría de pasarse por encima de los logros consolidados por el Estado del Bienestar. Si hay desempleo es culpa de los sindicatos que  no aceptan los ajustes necesarios. El Pacto de Estabilidad de Dublín de 1996 vendría a endurecer las medidas y a agravar la situación de los países con déficit.

Como consecuencia de ello la Banca Internacional impone sus criterios e invade la soberanía de los estados, a través de las propias instituciones europeas. Técnicos de ese gran poder del dinero son impuestos a gobiernos elegidos por el pueblo, siendo depuestos sus legítimos gobernantes (Berlusconi en Italia y Papandreu en Grecia). En otros países la intervención ha sido atemperada porque los gobiernos se han plegado a los dictados de ese poder. Así, en España, cumpliendo el mandato del Pacto de Estabilidad, la Constitución fue reformada el pasado verano, de manera urgente y sin el consenso que pedían las fuerzas políticas.

            Por su parte, los Economistas Europeos por una Política Económica Alternativa en Europa (Grupo EuroMemo) en su último informe han dejado claro que las medidas adoptadas han afectado gravemente a la demanda y han estancado la economía, principalmente, de los países más deficitarios. Resaltan que la crisis no fue creada por el déficit público, sino por las medidas tomadas para rescatar a los bancos, las políticas expansivas para contrarrestar la crisis y una caída de los ingresos fiscales. Ejemplo, el Banco Central Europeo presta a la banca privada al 1 % unos fondos que luego son recolocados en bonos o deuda del Estado, según países del 3 al 15 %, en el caso de las economías más débiles, como Grecia, cuyo principales acreedores son bancos alemanes y franceses.

            El retorno a las fórmulas más crudas del capitalismo ha llevado a una menor protección social, la bajada de salarios, aumento de la edad de jubilación, drásticos recortes en los sistemas de salud, pensiones y educación. En definitiva a una falta de justicia distributiva, que si en los países del norte supone una merma del Estado del Bienestar, en los del sur, amenaza con su desaparición

Por tanto, la crisis no es sólo económica, sino política. Y ante esa crisis de valores, ante esa invasión de la representación democrática, al pueblo no le queda más remedio que responder con la protesta pacífica en las calles. Esa es la filosofía que movió al  Movimiento 15M, verdadera conciencia de la política que hoy se practica.

Y en este mar de aguas turbulentas no podemos olvidarnos de Andalucía, la comunidad con más paro de España. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) el desempleo alcanzó en el primer trimestre del presente año el 33,17 % sobre una tasa a nivel del Estado del 24,44 %, lo que supone que 1.329.600 andaluces se hallen sin trabajo.

Las elecciones autonómicas de marzo llevaron a un gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida, que habrá de lidiar los mandatos del Gobierno central en cuanto a la reducción del déficit, con la apuesta por la creación de empleo. A tal efecto, el ejecutivo de Griñán ha destinado 200 millones de euros para combatir el paro. No cabe otro camino en una tierra donde el drama del desempleo se ha convertido en una plaga incesante. Andalucía puede demostrar que puede hacerse una política distinta, abandonando derroches y centrándose en sacar adelante a una comunidad que acumula muchos atrasos.

Al mismo tiempo, la reciente victoria del socialista Hollande -aunque pendiente de las legislativas de junio- en las presidenciales francesas abre nuevas esperanzas a un pacto por el crecimiento en Europa, y ello favorece los planteamientos de Andalucía.

Del mismo modo, el nuevo gobierno deberá poner un acento especial en la defensa de la autonomía, un acento sincero y convencido, por encima de estrategias y de coyunturales andalucismos, que quedan a un lado cuando el que gobierna en Madrid es del mismo signo que el de Sevilla. Andalucía necesita reafirmar su identidad y, a través de ella, afrontar su difícil presente. Anteponer el poder de la mayoría al poder del dinero.

EL ANDALUCISMO ANTE LA ENCRUCIJADA DE SU SUPERVIVENCIA

En abril de 2010 publicaba bajo el título “Una nueva oportunidad para el andalucismo” un artículo reflejando que tras los errores cometidos en el pasado, una nueva generación de andalucistas con Pilar González a la cabeza, habían iniciado el largo camino de conseguir levantar la presencia política del único partido netamente andaluz. Que ese nuevo proyecto debía estar acompañado de coherencia ideológica y de compromiso social, aprendiendo de los errores.

            Desde que en 2008 fuera elegida secretaria general del partido, Pilar González, con escasos medios y con mucha ilusión, ha realizado una intensa labor de acercamiento al ciudadano, dentro de un nacionalismo de izquierdas y ecologista, tal como quedó establecido en el XV Congreso del Partido Andalucista.

            Por ello, y porque no se puede condenar eternamente a una formación política por sus errores del pasado -todos los partidos los han cometido- el PA merecía una nueva oportunidad.

Sin embargo, los reveses electorales sufridos, especialmente en las últimas elecciones andaluzas, han dejado al Partido Andalucista al borde de su desaparición. Ahora, Pilar González ha anunciado que no optará a la reelección en el próximo Congreso previsto para el mes de julio. Alega para ello la tutela que el histórico líder y fundador del partido Alejandro Rojas-Marcos quiere imponer a la dirección hasta la celebración de dicho Congreso, mediante una terna de la que formaría parte la propia González. Ésta considera que el partido corre el riesgo de girar a posiciones conservadoras.

Nuevamente, parece que vuelven a la familia andalucista los fantasmas de la autodestrucción, que han presidido la vida de una formación que rescató el legado de Blas Infante y que, en los inicios de la democracia, llegó  a tener grupo propio en el Congreso de los Diputados y dos representantes en el Parlamento catalán. El propio Julio Anguita reconocía en una reciente entrevista que el resto de partidos debían su andalucismo al que entonces se denominaba Partido Socialista de Andalucía.

Ante ese peligroso derrotero, el Partido Andalucista debe abrir un debate sosegado sobre las causas de su debacle electoral, reafirmando una ideología progresista en consonancia con la raíz que representó el andalucismo histórico, diferente a los nacionalismos conservadores, y preguntarse por las causas que impiden que ese discurso llegue a los andaluces. Incluso cuando como ahora era la única formación que, al mismo tiempo de proponer un programa progresista, resaltaba su postura de defensa de la autonomía andaluza como una parte esencial del mismo.

De la misma forma,  Pilar González tendría que optar a la reelección y que sean las bases las que decidan. Es verdad que los resultados electorales están ahí y que después de ello, y de tanto esfuerzo desplegado, González tiene derecho –para otros el deber- de dar un paso atrás. Pero, por otro lado, la actual secretaria general, a pesar de las dificultades para acceder a los medios, ha puesto rostro al andalucismo y, sobre todo, coherencia en el discurso.

En cualquier caso, no es buena noticia para Andalucía que el PA haya quedado relegado del Parlamento andaluz. En nada sería un perjuicio para esta comunidad, que se ganó la autonomía gracias a la movilización de su pueblo, contar con un partido andalucista fuerte, con presencia en la sociedad y en las instituciones, ya sea el PA, u otra formación renacida de sus cenizas, que mantenga viva la llama que encendiera Blas Infante en 1915 con su “Ideal andaluz”. Máxime ahora, cuando desde diferentes instancias se pone en tela de juicio el Estado de las Autonomías, y el nacionalista catalán Durán Lleida, considera que las únicas que deberían mantenerse son las de Cataluña, Euskadi, Galicia y Navarra.

El andalucismo afronta la más difícil de sus encrucijadas y en el peor de los momentos. Acertar no será fácil, pero tiene que intentarlo por encima de personalismos que a nada bueno conducen. Ojalá acierte en su camino, sin claudicar de sus principios, de su razón de ser.

ADIÓS AL SUEÑO DE LA GRAN CAJA ANDALUZA

La idea de la Gran Caja Andaluza impulsada por el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, se difumina definitivamente. La integración de Banca Cívica, de la que forma parte la andaluza Cajasol, en Caixabank (La Caixa), sitúa a Andalucía sin peso financiero, a excepción de Unicaja.

            La reestructuración del sistema financiero español obliga a fusiones a lo largo de todo el Estado, lo que fomenta la creación de mayores centros bancarios. Sin embargo, Andalucía está perdiendo la partida y se queda sin referentes, absorbidos por la banca vasca y catalana.

            Cajasol apostó por un proyecto más allá de Andalucía, confluyendo en Banca Cívica con Caja Navarra, Caja Canarias y Caja de Burgos. Poco ha durado esa iniciativa donde la entidad andaluza mantenía un peso específico.

            Los intentos anteriores de crear esa Gran Caja Andaluza son la crónica de un fracaso. Ello ocurrió con la fallida fusión de Unicaja con la cordobesa Cajasur, que finalmente fue intervenida por el Fondo de Reestructuración Bancaria, y tras la subasta pasó a manos de la vasca Bizcaia Kutxa. También fracasó el intento de acuerdo entre Unicaja y Cajasol, extensible a Caja Granada.

            Las cajas andaluzas se distinguieron por su labor social dentro de su ámbito de actuación y han formado parte importante del desarrollo económico andaluz. La crisis les ha afectado especialmente y es lógico que surjan entidades solventes. Pero deslocalizar las cajas, perdiendo la capacidad de decisión, no beneficiará a esta tierra, que tanto necesita de entidades propias y con peso suficiente.

PALOMARES, LA VIDA HIPOTECADA DE UN PUEBLO

En enero de 1966, en plena Guerra Fría, dos aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos chocaron en vuelo, cayendo las cuatro bombas nucleares que portaba uno de ellos, un B-52, que era respostado por un avión nodriza de la base norteamericana de Morón de la Frontera. Hubo cuatro muertos en el accidente y los artefactos se precipitaron sobre la pedanía almeriense de Palomares, perteneciente al municipio de Cuevas de Almanzora.

            Tres de las bombas impactaron contra el suelo, detonando el explosivo convencional y liberando plutonio. La cuarta cayó al mar. Las primeras fueron localizadas a los pocos días, mientras que la otra fue rescatada ochenta días más tarde por un submarino norteamericano, evitando una catástrofe de grandes dimensiones.

            Para restar importancia se ocultó la gravedad del caso, incluso el ministro de Información y Turismo Manuel Fraga se bañó en las aguas de Palomares, acompañado del embajador de los Estados Unidos.

            Aunque la catástrofe podía haber sido de una magnitud enorme de haberse producido la explosión de los artefactos, la nube radiactiva afectó a una zona de 226 hectáreas, incluyendo sectores urbanos, campos de cultivo y monte bajo.

En principio el Ejército norteamericano trasladó a su país 1.700 toneladas de tierra contaminada y pasó a desentenderse del problema. Las únicas voces discordantes fueron las de los campesinos afectados, dirigidos por Luisa Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, que solicitaron indemnizaciones. Estas protestas costaron a la conocida como la duquesa Roja, un procesamiento y ocho meses de cárcel.

            El régimen franquista jamás pidió responsabilidades a los Estados Unidos y quiso tapar la gravedad del accidente en una Andalucía sometida a la emigración y a la colonización interior.

Avanzada la democracia, los seguimientos realizados por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) indicaron en 1996 que la contaminación radiactiva en el aire y los cultivos era muy alta. En 2001 este organismo estatal realizó nuevas muestras de suelo, comprobando que el nivel de radiación era 20 veces superior al considerado como aceptable para zonas habitadas. Un estudio sobre la radiación enterrada, culminado en 2008, dio cuenta que 50.000 metros cúbicos de tierra se hallaban  afectados con medio kilo de plutonio.

            El entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, solicitó a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que Estados Unidos pagase parte de la limpieza de plutonio y se llevase la tierra contaminada, pero ésta respondió dando largas al asunto. En esa actitud se ha reafirmado recientemente el Departamento de Estado, que hizo pública una nota afirmando que no se había tomado ninguna decisión al respecto.

            A estas alturas son ganas de molestar, dirán en el gobierno de esa superpotencia para la que Palomares no es más que un episodio pasado en un país lejano. Mientras que ese pequeño pueblo andaluz, desgraciadamente conocido por la caída de bombas atómicas,  sigue con su vida hipotecada.



LAS RAZONES DE LA HUELGA GENERAL

 Las razones que justifican la huelga general prevista para mañana han sido suficientemente expuestas desde que el Gobierno aprobara la reforma laboral. Basta sólo con recordar las palabras captadas por un micrófono en las que el propio presidente Mariano Rajoy afirmaba que, tras las medidas que llevaría a cabo, se produciría la  convocatoria de paro. Otro micrófono “indiscreto” recogió la frase del ministro de Economía Luis de Guindos al comisario europeo Olli Rehn, indicando que la reforma planteada, “será extremadamente agresiva”. En boca del Gobierno, por tanto, se reconocía el fundamento de la repuesta sindical.

            Dando satisfacción a los mercados, que ya reclaman otra reforma más profunda, y a la CEOE, las medidas aprobadas suponen en buena medida el entierro de una serie de derechos conquistados desde el inicio de la democracia. Sin negociación previa, a rodillo de mayoría absoluta, se ha impuesto esta reforma que, en opinión de muchos, justifica más que ninguna la huelga del 29 de marzo.

            En este período previo se ha insistido desde los medios conservadores en una orquestada campaña de descrédito sindical, incluida la búsqueda del enfrentamiento entre trabajadores activos y desempleados. Se habla incluso de regularizar el derecho a la huelga, una cuestión que ya está normalizada. En el fondo, a algunos columnistas de la caverna les gustaría que no existiesen ni sindicatos ni derecho a la huelga.

            También cuando se critican a los piquetes sindicales se olvida a los sutiles piquetes empresariales, que en forma de amenaza impiden que muchos trabajadores puedan ir a la huelga, a riesgo de que no se les renueve el contrato o ser las víctimas propicias de la nueva reforma.

            Es cierto que el sindicalismo, en otro tiempo muy valorado, no está en su mejor momento. Que parte de esa pérdida de credibilidad es achacable a sus propios errores, a su servidumbre con los poderes. Pero los sindicatos no son peores que los partidos políticos o instituciones tan desacreditadas como la propia justicia, el Senado o la monarquía. Forman parte del entramado social con sus errores y sus virtudes. Deben mejorar y ganar credibilidad con un trabajo continuado y honesto, pero eso no justifica que en esta ocasión no estén cargados de razones.

            Pero yo iría algo más allá. Esa crítica a las centrales sindicales son mucha veces la excusa para no secundar un paro, cuando realmente el trasfondo no es otro que no perder los honorarios de ese día. 

            En cualquier caso, desde el respeto hacia las decisiones de cada cual, el conformismo jamás ha servido para variar los caminos trazados en perjuicio de la mayoría.

EL DERECHO DE LAS MINORÍAS Y EL DERECHO NEGADO A LA INFORMACIÓN

No es de recibo la actitud de medios públicos negando la participación a formaciones políticas pequeñas, tan sólo en base a su no presencia en el Parlamento andaluz. Si se quiere realmente facilitar al ciudadano el conocimiento de programas, promoviendo el debate, evitando, por otro lado el gasto enorme en campañas publicitarias – la cansina cartelería-, cada vez más inútiles y difíciles de sostener, hay que dar la oportunidad a estos partidos a expresarse en los medios que pagan todos los ciudadanos, y a éstos el derecho a confrontar los planteamientos expuestos por los distintos aspirantes.

            Los grandes partidos no sólo confeccionan una Ley Electoral que les beneficia respecto del resto a la hora de obtener más representantes. Encima cuentan con los medios públicos, que como un verdadero muro mediático anulan a otras formaciones que tienen menos posibilidades y medios económicos para hacer llegar su voz. 

            No sólo ocurre en período electoral, pues es práctica habitual ignorar o, en el mejor de los casos,  relegar a los adversarios políticos aunque sean modestos. Lo que no sale en los medios no existe, se ha dicho en este tiempo de plena revolución de las comunicaciones. Esa barrera infranqueable se trata de superar en la calle, pero en el espacio de una campaña electoral es prácticamente imposible.

            Esa exasperación ha llevado a militantes del Partido Andalucista a manifestarse a las puertas de Canal Sur Córdoba donde iba a tener lugar un debate televisivo entre candidatos del PSOE y de Izquierda Unida. Recordaba el indignado aspirante a la alcaldía cordobesa, Antonio Manuel Rodríguez, que su partido cuenta con cerca de quinientos concejales y 230.000 votos en las elecciones municipales, por lo que forma parte de la realidad política de Andalucía. En vano procuró la solidaridad de los contendientes de los dos partidos citados.

            Queremos parecernos a Europa, donde en los países más avanzados prima el debate en los medios, tanto de los primeros candidatos como de tipo sectorial. Sin embargo, se está lejos de ello. Aquí un candidato que todas las encuestas dan como el próximo presidente de la Junta, se niega a debatir por motivos meramente electoralistas. Prima más el no “resbalar” cuando parece que se tienen las elecciones ganadas, que debatir de cara al ciudadano.

            La consagración del bipartidismo requiere de esa pantalla mediática, que no es exclusiva de Andalucía, y que empobrece la democracia.

            Con estas actuaciones se resquebraja la pluralidad y la igualdad de oportunidades, negándosele a los ciudadanos la posibilidad y el derecho a conocer otras opciones que, aunque minoritarias, son tan democráticas como las demás

SÍMBOLO Y RELIGIOSIDAD POPULAR EN ANDALUCÍA, EL NAZARENO DE SAN ROQUE

En mayo de 1955, numerosos sanroqueños se echaron a la calle para impedir que la imagen de Jesús Nazareno fuese trasladada a Madrid para una exposición relacionada con Gibraltar. La muestra “Gibraltar español” fue organizada por la Sociedad Española de Estudios Internacionales en el edificio de la Biblioteca Nacional y fue inaugurada el 10 de junio. Se enmarcaba en las acciones del Gobierno español de cara a la reivindicación de la colonia británica. Parte de la muestra estaba constituida por reliquias procedentes del Peñón, que fueron rescatadas por sus habitantes tras la ocupación en agosto de 1704, en plena guerra de Sucesión.

 Estas reliquias se hallaban en San Roque, la ciudad fundada por los gibraltareños desplazados, y heredera histórica de la misma, tal como indica la leyenda que titula la ciudad: “Muy Noble y Más Leal Ciudad de San Roque, donde reside la de Gibraltar”.

Aquella insólita protesta, producida en plena dictadura franquista, merece ser destacada y tiene que ver con el sentir de la religiosidad popular andaluza, que señala a una imagen como un símbolo de identificación colectiva, que es asumido, incluso por personas no creyentes.

            Ese símbolo centrado en el Nazareno de San Roque tiene su raíz en la propia historia de la población. Fue la última de las imágenes en ser rescatada del Gibraltar ocupado. Ocurrió en 1722 cuando los marinos genoveses, a cuyo cargo estaba la imagen en la plaza británica, obtuvieron permiso del obispo de Cádiz Armengual de Mota para que fuese llevada en andas fuera de la misma. Los gibraltareños que abandonaron la ciudad vieron la oportunidad de hacerse con la venerada imagen, que había contado con su propia cofradía, al menos desde el siglo XVII. Y así ocurrió, apoyados por las fuerzas españolas mandadas por el conde de Montemar, los genoveses se fueron de vacío.

            La imagen del Nazareno engrosó el conjunto de las que ya se hallaban en San Roque, donde las cofradías habían reiniciado su actividad. En este sentido, en marzo de 1720, las del Santísimo, la Soledad y Santo Entierro, Cristo de la Columna, y Vera Cruz solicitaban de las autoridades eclesiásticas la entrega de alhajas y otras pertenencias de las referidas hermandades, de cara a llevar a cabo la reorganización de las mismas fuera de la plaza gibraltareña. Cinco años antes, en 1715, había tenido lugar la primera procesión en la nueva ciudad, con las imágenes de la Virgen de los Remedios (la actual patrona sanroqueña Santa María la Coronada) y San Sebastián.

            A este respecto, las cofradías que existían en Gibraltar sirvieron para la organización de la sociedad civil exiliada, jugando un importante papel.

            Conociendo estos hechos históricos puede entenderse mejor el carácter de símbolo aglutinante del Nazareno, unido al propio antropocentrismo andaluz que, como señala Isidoro Moreno, “hace que no gocen de una gran devoción, más allá de los integrantes de una cofradía y del círculo más cercano a esta, las imágenes de Cristos muertos, y menos aún de Cristos yacentes dentro de urnas de cristal que representan el sepulcro. Y esto, independientemente de su belleza y calidad artística, al contrario de lo que sucede en la mayor parte del mundo católico”. La fuerte humanización de las relaciones personales en Andalucía, explica la dificultad en la comunicación con la imagen de un Cristo muerto, como sostiene Moreno.

Como decíamos al principio no estamos sólo ante un icono religioso, sino ante un símbolo con una fuerte dimensión humanizada. Aunque las imágenes representan a la Virgen María o a Jesús cada una guarda un sentido especial, siendo individualizada por la propia comunidad que la hace suya. Y en un momento dado se les llama con nombres populares, el Cachorro, el Moreno, la Blanca Paloma. Incluso existe competencia entre las distintas hermandades en las salidas procesionales.

En el caso del Nazareno de San Roque, aquella oposición popular resultó triunfadora. Dirigida, por un republicano y masón represaliado por el franquismo, José Pérez Delgado, conocido por el nombre simbólico de Demófilo, impidió que la imagen saliera camino de Madrid, en contra de la opinión oficial del propio Ayuntamiento. Incluso se montaron improvisados mítines, seguido por la mayor parte del pueblo.

En este sentido, viví un hecho parecido en los últimos años de la dictadura. En la conocida como procesión del Silencio con la imagen de la Soledad, también procedente de Gibraltar. Tradicionalmente en esta salida de madrugada el paso era portado por costaleros voluntarios, ajenos a la cofradía, siendo su recorrido a través del casco antiguo de San Roque. En un momento dado, los cargadores decidieron que el paso tenía que llegar a la populosa barriada de la Paz, situada entonces en el extrarradio de la ciudad. Le negativa de la junta de hermandades hizo que los cargadores abandonaran el paso en plena calle, teniendo que incorporarse voluntarios para continuar con el itinerario habitual. Los cargadores, en su mayoría de la citada barriada, entendía que la imagen pertenecía al conjunto de la ciudad, y por tanto, debía llegar hasta su barrio. 

La religiosidad popular engloba estos comportamientos, distanciado de la devocional. Como señala Pedro Castón, “son manifestaciones religiosas que han llegado a configurar la vida social del grupo, llegando a formar parte esencial de esa vida social”. Por su parte, la religiosidad devocional no suele formar parte de la cultura de un pueblo, pues se fundamenta en las devociones de los creyentes plasmadas de forma individual, aunque a veces tenga carácter colectivo. El mismo autor afirma que en Andalucía esta religiosidad es menor que la tradicional o popular, “quizá porque las clases medias han sido siempre más reducidas que en otras zonas españolas”.

            Ni que decir tiene que la Iglesia no vio con buenos ojos esta heterodoxia, que se fomentaba en las cofradías. En los principios de estos colectivos se actuó para corregir estos “desmanes”, temiendo también que al amparo de las hermandades se acogiesen judíos conversos y moriscos. Aún hoy, en su intento de institucionalizar la religiosidad popular, los obispos han limitado la creación de nuevas cofradías.

Sin embargo, la Iglesia sí favorecía la participación del estamento oficial en las procesiones, como un elemento más del nacional-catolicismo imperante durante el franquismo. Por ello,  cuando se produjo la transición política hacia la democracia, se creyó que este tipo de manifestaciones religiosas desaparecería, por formar parte de ese entramado exterior de la dictadura. Si bien, aunque se atravesó una profunda crisis en estas celebraciones populares al final del régimen, éstas retornaron con mayor fuerza, alejadas de quienes las habían secuestrado y utilizado.

            En los años ochenta del pasado siglo las cofradías se democratizaron, los jóvenes asumieron el protagonismo, e incluso se comenzó a dar paso a la mujer. San Roque fue una de las primeras poblaciones que contó con una mujer al frente de la Junta Local de Hermandades y Cofradías, y por primera vez en España, un paso, la Virgen de la Merced, comenzó a ser portado por muchachas. Se crearon cofradías en los barrios y se adquirieron nuevas imágenes.

            La existencia de ese elevado número de celebraciones religiosas populares,  contrasta con el hecho de que Andalucía es la comunidad con el nivel más bajo de práctica religiosa de todo el Estado, sobre todo con el precepto de misa dominical. No puede entenderse esta actitud sin considerar la importancia simbólica y antropocéntrica de la cultura andaluza, y cómo se conforma la vida social de la colectividad y sus dimensiones simbólicas.

EL ACUERDO AGRÍCOLA CON MARRUECOS Y EL PAPEL DE ARIAS CAÑETE

Al rechazo por el Parlamento Europeo a la prórroga del acuerdo pesquero con Marruecos, que perjudica fundamentalmente a Andalucía y Canarias, las dos comunidades con mayor paro de España, se unió recientemente el acuerdo de asociación con el mismo país magrebí sobre agricultura, que vuelve a perjudicar especialmente a andaluces y canarios.

            La liberalización casi total de la mayoría de las mercancías marroquíes es un mazazo para economía andaluza. Las asociaciones agrarias ya han anunciado lo que se viene encima. Es imposible competir con los productos del campo de ese socio privilegiado de la Unión Europea que se llama Marruecos. Allí el coste medio de producción es la mitad que en Andalucía y el de puesta en el mercado inferior en un 23 por ciento. Las pérdidas por comercialización supondrá un millón de euros y por cada agricultor entre 8.000 y 12.000 euros, según han recalcado las sociedades agrarias.

            Si bien, la totalidad de los eurodiputados españoles votaron en contra de este acuerdo, el ministro de Agricultura Arias Cañete tras mantener una reunión en Rabat con su homólogo marroquí, ha declarado que rechaza los pronósticos “catastrofistas” de las organizaciones agrarias y que antes de pedir compensaciones a la Unión Europea, hay que valorar los efectos negativos para el sector en este lado del Estrecho. 

            Uno de los motivos de la UE para la firma de este acuerdo es el apoyo a la consecución de la democracia en el reino alauí. Una democracia que no acaba de llegar, pero que es un buen argumento tanto para los dirigentes económicos europeos como para la clase gobernante marroquí.

            Con estos mimbres difícil lo tienen los agricultores andaluces y los de otras comunidades afectadas. Y para colmo de males va el señor Arias Cañete y lo borda.

             

INTRODUCCIÓN A LOS ACTOS DEL DÍA DE ANDALUCÍA CELEBRADOS EN SAN ROQUE (Cádiz)

El 27 de mayo de 1978 quedó constituida en Cádiz la Junta de Andalucía, siendo elegido como presidente el magistrado y senador socialista Plácido Fernández Viagas frente al centrista Jaime García Añoveros. Fue el año en que los Carnavales de Cádiz recuperaron su tradicional denominación y en la mezquita de Córdoba se celebraba el Congreso de Cultura Andaluza, que abriría el escritor Antonio Gala, con el grito “Viva Andalucía viva”.

Andalucía estaba viva y apostaba por su autonomía sin ningún tipo de complejo. En octubre fue aprobada la Constitución y en diciembre los parlamentarios andaluces firmaron el Pacto de Antequera para caminar hacia el Estatuto. En marzo del siguiente año, tuvieron lugar las elecciones generales donde se produjo nuevamente la victoria de Unión de Centro Democrático.

En estos comicios el PSA, el partido que había rescatado el legado andalucista de Blas Infante, obtuvo cinco diputados, formando grupo parlamentario propio. Asimismo, obtuvo otros dos representantes en el Parlamento catalán.

El 2 de junio el socialista Rafael Escuredo fue elegido presidente de la Junta Preautonómica, iniciando su combate para lograr la autonomía plena que desembocaría en el referéndum del 28 de febrero de 1980.

Con anterioridad, el 4 de diciembre de 1977, dos millones de andaluces salieron a la calle demandando la autonomía. En una de esas manifestaciones, la que tuvo lugar en Málaga, fue asesinado el joven militante de Comisiones Obreras, García Caparrós. Como antes ocurriera con Blas Infante, en esta nueva etapa de reivindicación de esta tierra, Andalucía contaba con otro mártir.

         La UCD, el partido en el Gobierno, había decidido que Andalucía tenía que ir hacia la autonomía a través del artículo 143 de la Constitución, y no por el del 151, de más rápido desarrollo, y que habían seguido las comunidades llamadas históricas de Cataluña, País Vasco y Galicia. Los ayuntamientos y las diputaciones andaluces habían solicitado esta vía. Igual acuerdo tomó la Junta preautonómica. Por su parte la actitud del Gobierno de Suárez, empeñado en establecer diferentes categorías de comunidades, provocó la dimisión del ministro andaluz Clavero Arévalo, responsable de la cuestión autonómica, que uniría sus fuerzas a la de Escuredo en pro de la autonomía plena. En realidad, el ex ministro, que se ganó el cariño de los andaluces, corroboraba su compromiso claro, que le llevó un año antes a compartir con el presidente andaluz la presidencia del homenaje a Blas Infante en Casares. Al poco fundó Unidad Andaluza, que no tardaría en desaparecer, al no recibir los apoyos económicos necesarios, y la acentuado  acentuada tendencia de izquierda de la sociedad andaluza.

La consulta para alcanzar la autonomía por el 151 presentaba serias dificultades, ya que era necesario el voto favorable de la mitad del censo de cada una de las provincias. La mayoría de los medios existentes, la única televisión y la antigua cadena de prensa del Movimiento, favorecían la llamada a la abstención que se hacía desde el Gobierno.

Para la campaña institucional la Junta recibió la mitad del dinero que se le había concedido a vascos y catalanes para las de sus respectivos estatutos.  Escuredo y muchos alcaldes realizaron una huelga de hambre de tres días, que sirvió para obtener publicidad gratuita.

Sin embargo, la oposición, que, merced al pacto de socialistas, comunistas y andalucistas copaban ayuntamientos y diputaciones provinciales, supo movilizar y entusiasmar a los ciudadanos.

A pesar de ello, el camino estaba lleno de obstáculos. El censo que servía de base era el de 1975 con la última rectificación de 1978, y los errores del mismo se habían puesto de manifiesto en anteriores consultas. Obtener más del 50 por ciento de los votos afirmativos del censo electoral no era tarea fácil. Al igual que ocurriera el 4 de diciembre de 1977, el agravio comparativo movió a miles de andaluces en todos los pueblos, dispuestos a votar por Andalucía por encima de una pregunta enrevesada.

La UCD tuvo dificultades para encontrar en Andalucía interventores y apoderados suficientes, teniendo que recurrir a militantes de Ávila, León, Valladolid o Segovia.

El pueblo andaluz respondió al reto, pero Almería, donde también se ganó el referéndum, faltaron 20.000 votos para alcanzar la barrera del 50 por ciento del censo, un censo completamente viciado que hizo declarar a Manuel Clavero, que “se habría ganado si no hubiesen votado los muertos”. Fue una victoria política, pero una derrota legal. Los andaluces no olvidarían el comportamiento de un Gobierno que había intentado discriminar a su tierra, y la UCD, que tan buenos servicios había hecho a la democracia, comenzó a cavar su tumba debajo de Despeñaperros. La victoria por mayoría absoluta del PSOE en las primeras elecciones autonómicas, en mayo de 1982, fue el resultado más inmediato de aquel enorme error del gobierno.

Gobierno y oposición hubieron de buscar un acuerdo en el Congreso. No se le podía negar la autonomía que el pueblo andaluz había manifestado querer.

De esta forma, a Andalucía se le reconocía (mediante dos proposiciones que modificaba la Ley de Referéndum), la autonomía por el artículo 151 en las siete provincias que habían superado las exigencias del 28 de febrero y, posteriormente, Almería se incorporaría a este acuerdo. El 11 de noviembre el Congreso aprobó estas medidas que desbloqueaba la autonomía andaluza, añadiéndosele una enmienda de Clavero, en la que se pedía la retroactividad de la aplicación al 28 de febrero, una fecha histórica para el pueblo andaluz, que sustituiría al 4 de diciembre como día de Andalucía.

La Asamblea de Parlamentarios andaluces comenzó a redactar el Estatuto de Carmona, así llamado por ser en esta localidad sevillana donde se cerró definitivamente. Sus autores fueron los socialistas José Rodríguez de la Borbolla (que luego sustituiría a Escuredo en la presidencia), Miguel Ángel Pino y Ángel López, los centristas, Carlos Rosado Pedro Luis Serrera, el miembro del PCA, Javier Pérez Royo, y el andalucista, Juan Carlos Aguilar.

            El 20 de octubre, ocho meses después del intento de golpe de Estado, el pueblo andaluz respaldó masivamente  el Estatuto de Autonomía. La cercanía de la intentona militar limitó las aspiraciones más andalucistas del texto, que ni tan siquiera recogió en su preámbulo, tal como estaba previsto, la figura de Blas Infante, y que se incluiría unos años después.

  En 2007 un nuevo referéndum, con una escasa participación (36,28 por ciento), aprobaba el nuevo Estatuto de Autonomía



EL CENTRO IMPOSIBLE DE UPyD

Ocurre que lo que nos quieren vender algunos partidos, sus bazas públicas fundamentales, como el discurso “apolítico”, que pretende ser inmaculado (el partido diferente), no es más que una vieja fórmula para hacerse hueco en las situaciones de crisis en las que cíclicamente se ven abocadas las sociedades a lo largo de la historia. Un claro ejemplo, a mi entender, es la formación que lidera Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia. Nacida con su frontal oposición a toda negociación con ETA – discurso difícil ya de sostener- y con su canto al centralismo de tiempos pasados ha obtenido un importante éxito electoral en las pasadas elecciones generales. Gracias a  la colaboración del diputado del Foro por Asturias ha conseguido formar grupo propio en el Congreso.

            Siempre he defendido la evolución política de las personas. Sin embargo, el caso de Rosa Díez es especialmente significativo. Irrumpe en el escenario con UPyD tras ser derrotada en sus aspiraciones de hacerse con la secretaría general del PSOE en el congreso socialista donde fue elegido Zapatero. En el Partido Socialista de Euskadi había realizado una carrera política que inició allá en  los albores de la democracia. Con este partido fue concejala, diputada foral, parlamentaria vasca, consejera en el gobierno de coalición de PNV-PSOE  y eurodiputada. Fue una entusiasta del pacto con los nacionalistas, a los que ahora aborrece.

            Con un partido a su imagen y semejanza se ha hecho con un buen número de votos de sectores de centro-izquierda, desencantados con el PSOE, pero su política va en dirección contraria. En Andalucía se ha situado como cuarta fuerza política a merced de ese voto, si tenemos en cuenta la fuerte subida que en la comunidad ha tenido el PP, formación que ve con buenos ojos ese crecimiento que no afecta a su electorado.

            En un reciente artículo Francisco Garrido comparó la trayectoria de Rosa Díez con Alejandro Lerroux, el anticlerical republicano, revolucionario que pactó con la CEDA y acabó alabando el golpe de Estado del general Franco. Salvando las distancias, no puede obviarse, que el travestismo político de la otrora socialista, conlleva una ambigüedad ideológica, basada en un acusado populismo, de rechazo a los nacionalismos que considera excluyentes, pero practicando un centralismo exclusivo. Lo que critica lo práctica.

Si alguien pudo ilusionarse con el renacimiento de un partido de centro, creo que no es el caso de UPyD, una formación para la que el ultraderechista Inestrillas pidió el voto, comparándolo con la auténtica Falange. Ahí están también las declaraciones a la revista chilena The Clinic de uno de sus dirigentes, el escritor Álvaro Pombo: “Sí me hago esa pregunta, de si tendríamos, por ejemplo en España, que pasar a una fase suprapolítica, suprapartidista, de gestores firmes ¡Si tenemos cinco millones de parados! Un dictador con mano fuerte”.

            No sé si UPyD ha perdido el norte, pero desde luego no ha encontrado el centro.

TIJERAZOS AL PUEBLO MIENTRAS LAS GRANDES FORTUNAS DE ROSITAS POR LA CRISIS

Pasadas las elecciones generales en las que el PP, gracias al hundimiento de lo socialistas de Zapatero, obtuvo la mayoría absoluta (550.000 votos le separa a los conservadores de las que perdieron en 2008), el nuevo presidente Mariano Rajoy, sigue sin explicar el giro copernicano respecto de sus promesas electorales en materia económica y de las medidas que prepara, probablemente para después de las elecciones autonómicas andaluzas de marzo próximo. Antes que el Congreso de los Diputados las conocerá el presidente francés Sarkozy, con el que se reunirá próximamente.

            Lo que conocemos hasta ahora es “el inicio del inicio” de la política de ajustes, tal como anunciara la vicepresidenta Sáenz de Santamaría. Ese inicio recoge un recorte presupuestario de 8.900 millones de euros y una subida de impuestos dirigida a recaudar 6.200 millones. El incumplimiento temprano de la promesa de Rajoy de que no subiría impuesto alguno, se basa, según el Gobierno en el desvío del déficit previsto de un 6 a un 8 por ciento, y la necesidad de cumplimiento de los compromisos con Europa.

            El recargo del IRPF y la subida del IBI pretende ingresar 4.200 millones de los 6.200. La medida está en la línea de políticas que antes el PP criticó al PSOE. En este caso se grava a las rentas salariales y se castiga a las clases medias. Los funcionarios vuelven a ver congelados sus salarios por segundo año consecutivo (en 2010, además, se le redujo un 5 por ciento), y se le amplia el horario laboral. A ello se une la congelación del salario mínimo, que golpea directamente a los sectores más débiles, aunque se prorrogue por seis meses la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración que la agotaron en agosto pasado.

 Las pensiones experimentan una subida del 1 por ciento, pero si no se aplican medidas correctoras, quedará en nada, pues la inflación prevista será del 2 por ciento para el presente año.

El histórico recorte también incluye la paralización de parte de la Ley de Dependencia y la supresión de ayudas a los jóvenes para alquiler.

Sin embargo, conviene recordar que dicha variación en las previsiones de déficit se basa en el alto endeudamiento de las comunidades autónomas. De ellas, al borde de la quiebra, se encuentra la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, y a la que el Tesoro ha tenido que avalar verbalmente (de otra manera no está regulado) para hacer frente al impago de una deuda de 123 millones de euros con el Dustsche Bank A ello se une el adelanto de 420 millones de euros facilitados por el Gobierno central para que Valencia pueda pagar a proveedores. Una cuestión sangrante si recordamos la ligereza con que se ha gastado el dinero público en esa región, donde se construyó un aeropuerto fantasma por valor de 150 millones de euros, o se gastó 1,5 millones en la maqueta de unas torres jamás construidas. Sin hablar del costo para la Fórmula 1 o los pagos al entramado empresarial de Urdangarín.

Y en ese escenario llegan los recortes. Medidas duras y sin una distribución equitativa. Se corre el riesgo de perder la sensibilidad hacia las cuestiones sociales y que siempre sean los mismos sectores los castigados.

 En este sentido, una medida justa sería aplicar un impuesto sobre las grandes fortunas, máxime cuando, como publicaba el diario Público, en el pasado año los millonarios españoles, a pesar de la crisis, lograron un 6 por ciento más de ganancias (2.148 millones de euros). Una decena de ricos españoles acumulan un patrimonio de 37.700 millones a través de las participaciones en las empresas de las que son grandes accionistas.

El anterior gobierno socialista no afrontó esta cuestión, tampoco ahora el del Partido Popular muestra disposición a ello. Las grandes fortuna pasan de rositas por el duro camino de la crisis. Y los recortes para los de siempre.