Cuando en marzo de 2010 la Junta de Andalucía y el Gobierno central cerraron el acuerdo para el pago de la Deuda Histórica, algunas comunidades pusieron el grito en el cielo. Exigieron un tratamiento similar y la prensa más conservadora arremetió, una vez más, contra Andalucía, tildando el acuerdo de operación de compra de votos y reavivando el viejo discurso de la indolencia andaluza.
Independientemente de que pueda discutirse el hecho de que el pago acordado se realizaría en solares y otras activos, en vez de en dinero “contante y sonante”, lo cierto es que la única comunidad que había recogido la Deuda Histórica como reivindicación estatutaria había sido Andalucía. Lo hizo en el primer Estatuto, en 1981, y lo incluyó en el actual. Tras los primeros abonos de 1996 quedaban pendientes 784 millones de euros (la cuantía tras un tira y afloja entre ambos gobiernos se fijó en 1.204 millones, de los que la Junta había cobrado en metálico 420).
La reivindicación de la Deuda Histórica surge en plena Transición y tiene su base en el sometimiento de la región al subdesarrollo en beneficio de otros territorios. Esa injusticia heredada trasciende al franquismo, si bien durante dicho régimen, al país andaluz se le asignó un papel subalterno y de periferia de las regiones desarrolladas.
Anteriormente, al contrario que en otros territorios la burguesía agraria andaluza constituyó un pilar del centralismo, actuando como verdadera oligarquía que impediría la modernización económica. Frente a esa sociedad explotadora, verdadero germen del subdesarrollo andaluz, instalado por largo tiempo, surgiría más tarde la respuesta anarcosindicalista. Y con menor presencia el movimiento de una clase media ilustrada por una Andalucía autónoma, una Andalucía libre, en palabras de Blas Infante.
Desde la ignorancia o la mala fe, las críticas esgrimidas contra la comunidad andaluza, tanto desde el conservadurismo como de los nacionalismos del norte, tratan de obviar la lucha del pueblo andaluz en una etapa relativamente cercana como el tardofranquismo y la Transición. De esa lucha por la autonomía, derivó también la del resarcimiento por el maltrato sufrido por los andaluces, condenados a la emigración como única salida. Ahí surge la Deuda Histórica.
En la España de las autonomías, el País Vasco ha conseguido niveles políticos y financieros privilegiados respecto del resto. Los gobiernos del PSOE y del PP, obligados a pactar cuando no contaban con mayoría absoluta, con los nacionalistas del PNV, o en su caso, con los catalanistas de CiU, aumentaron los beneficios de dichas comunidades. Todo ello sin olvidar el concierto vasco o el régimen especial de Navarra, que nadie pone en cuestión.
Durante la estancia del Partido Popular en el poder central los enfrentamientos se multiplicaron con el Gobierno socialista andaluz –prefiero denominar así al ejecutivo de la Junta, pues la coalición con el Partido Andalucista en dos legislaturas, no supuso una presencia destacable por parte de los nacionalistas andaluces, que volvieron a perder nuevamente otra oportunidad histórica- el pago se fue atrasando, al igual que el reconocimiento del padrón real de andaluces al objeto de la financiación procedente del Estado. La Junta fue firme y el PSOE rentabilizó esa defensa de los derechos de la comunidad. No obstante, con el cambio producido en el Gobierno de Madrid, y el acceso de los socialistas a dicho poder, el discurso de los responsables andaluces del PSOE fue cambiando.
El entonces secretario de Organización de este partido, Luis Pizarro cuestionó la “filosofía” de la deuda histórica, con el argumento de que Andalucía había superado muchos de sus atrasos seculares. Hasta el delegado del Gobierno José Antonio Viera, a su vez secretario general del PSOE de Sevilla, afirmó que la deuda podría sustanciarse mediante una financiación adicional para corregir las transferencias mal dotadas.
El propio presidente, Manuel Chaves renunció a la negociación bilateral de la deuda histórica, postergándola hasta la discusión del nuevo sistema de financiación autonómica, a través de la Comisión Mixta Paritaria Estado-Comunidades Autónomas.
Los socialistas andaluces comenzaron a rebajar las exigencias anteriores . En noviembre de 2003 el Pleno del Parlamento andaluz acordó (votos favor del PSOE, IU y PA; votos en contra del PP) cifrar la deuda financiera en 4.625 millones de euros. Siete meses después con Zapatero en la Moncloa en lugar de Aznar, la cifra varió hasta la mitad (2.550 millones de euros), para finalmente situarla en la cantidad citada de 1.204 millones.
Los dos grandes partidos han venido utilizando la cuestión según la orientación de Madrid. Interesaba más el juego político estatal que el cerrar una reivindicación plasmada hacía treinta años.
En cualquier caso, el capítulo de la Deuda Histórica quedó cerrado, pero Andalucía tiene mucho trecho por recorrer para poder salir de las posiciones de cola de las comunidades autónomas. Y para ello, los políticos andaluces de cualquier signo, habrán de pensar en ella antes que en los intereses partidistas. Estando también a la altura cuando se le ataca gratuitamente desde más allá de Despeñaperros.
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