Lo aprendimos desde niño: el Guadalquivir nace en la sierra de Cazorla y desemboca en el Atlántico por Sanlúcar de Barrameda. Un recorrido netamente andaluz a lo largo de sus más de 650 kilómetros.
El Guadalquivir es navegable desde el mar hasta Sevilla y en otros tiempos lo fue hasta Córdoba. Los árabes lo llamaron al-Kabir (río Grande), los romanos río Betis. Su cuenca hidrográfica abarca a los ocho provincias andaluzas. Más del 90 por ciento de su caudal discurre por territorio andaluz. Más de cuatro millones de andaluces dependen del río y el 47, 5 % de sus aguas se destinan al principal recurso económico tras el turismo: el cultivo del olivo. Entre Sevilla y el estuario se encuentran las Marismas del Guadalquivir. Sin embargo. El Tribunal Constitucional, atendiendo el recurso del entonces presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra contra el artículo 51 del reformado Estatuto Andaluz, que reconocía las competencias exclusivas de Andalucía sobre el río, ha declarado inconstitucional el referido artículo.
Al objeto de salvaguardar una posible inconstitucionalidad en base a la unidad de cuenca, el Parlamento andaluz estableció que la competencia de la comunidad sólo sería sobre las aguas que discurren por su territorio, nunca sobre las del resto de comunidades (7,1 % Castilla-La Mancha; 2,4 Extremadura y 0,2 Murcia). Asimismo, de los 56 embalses, cuatro no fueron transferidos, a pesar de que dos de ellos El Pintado y Jándula están en territorio andaluz. El primero tiene la presa en Sevilla pero una parte importante del embalse se halla en tierras extremeñas, y el segundo porque una parte de sus aguas sirven de riego a Ciudad Real.
La anulación del artículo 51 por el Constitucional se hace sobre una gestión ya transferida desde hace dos años. Ello supuso que el Parlamento andaluz aprobase la Ley de Aguas, llevándose a cabo la integración del personal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Agencia Andaluza del Agua (849 trabajadores). La transferencia económica se fijó en 70 millones de euros, tras descontarse 52 millones de ingresos provenientes de la gestión del río. Por lo tanto, no se trata, como ocurrió con la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, de competencias pendientes de ponerse en marcha.
En este sentido, los presidentes Zapatero y Griñán se han comprometido a buscar una salida que garantice la seguridad jurídica hasta que se aplique la normativa que permita la gestión andaluza de la cuenca del Guadalquivir. Hay suficientes razones para que la Junta continúe con la gestión de los recursos del río en una España descentralizada. Sin menoscabo del principio de solidaridad con otras tierras y, sin olvidar, la significación histórica y cultural que el Guadalquivir tiene como parte consustancial de Andalucía.
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