Hace ya dos años que un grupo de campogibraltareños nos prestamos voluntariamente a la realización de unos análisis para detectar la presencia de metales pesados en el organismo. La Consejería de Salud no sólo no ha hecho público los resultados, sino que los ciudadanos implicados no hemos recibido la más mínima información, a pesar de la promesa de que serían enviados de manera individualizada. La asociación ecologista Verdemar ha denunciado por tal motivo a la Consejería de Salud.
La falta de información nunca es buena y sólo causa alarma, que, puede ser injustificada, pero que toma alas y hace que la gente se cuestione qué hay detrás de ese retraso de la Administración.
Costó muchos años que la Junta de Andalucía asumiera la realización de estudios epidemiológicos en la zona, teniendo en cuenta los datos científicos que avalan la persistencia en la misma de determinadas enfermedades en grado considerable.
No se trata de alarmismo gratuito, pero tampoco hay que tener prejuicios a la hora de afrontar la cuestión. Ya nadie niega, con los datos que hoy se conocen, que el Campo de Gibraltar cuenta con los índices más altos de España en padecimiento de enfermedades como el cáncer.
El Observatorio de la Sostenibilidad de España, en un informe publicado en 2009, señalaba a los municipios de Los Barrios y San Roque como lugares donde sus habitantes tienen una probabilidad más alta de sufrir esta enfermedad, como consecuencia de la presencia industrial en sus respectivos términos. Esta tendencia está presente en el resto de municipios de la bahía.
Ello no viene más que a confirmar los distintos estudios realizados hasta el momento, entre ellos el Atlas de Mortalidad de la Universidad Pompeu Fabra, que revelaba que la media de esperanza de vida en el Campo de Gibraltar era de 20 años menos que en otras comarcas andaluzas.
En abril de 2010, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, recomendó a la Junta de Andalucía la realización de estudios que aclarasen las causas del elevado índice de casos de cáncer entre los habitantes del Campo de Gibraltar y el Peñón. Aunque no existía obligación jurídica para ello, el Parlamento Europeo señaló que sí sería importante llevarlos a cabo ante la gravedad del caso.
Del mismo modo, la Comisión Europea criticó recientemente la falta de control y dejadez de las autoridades de Gibraltar sobre el medio ambiente en las aguas que rodean la ciudad. El gobierno del Peñón dijo que se trataba de “un detalle técnico” y que “España está mucho peor”. Ni siquiera, después de la tan reivindicada colaboración mutua, se es capaz de ponerse de acuerdo y anteponer la salud de los ciudadanos, ya sean de Gibraltar o de la comarca, a las cuestiones políticas.
No se puede perder más tiempo. Necesitados de un estudio integral de la salud ciudadana por encima de intereses económico o políticos, nada debe impedir conocer la verdad y afrontar el problema. Se lo debemos, al menos, a las nuevas generaciones.
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